23/02/21

Vialidad: auditor negó que "redeterminaciones" permitan sobreprecios

Testigo explicó ante TOF2 que las empresas no se benefician con tener que actualizar precios de obras en un contexto inflacionario y avaló convenios.


Audiencia en el debate oral donde está acusada Cristina de Kirchner sigue semipresencial.

Omar Elpidio Riveros, ingeniero de carrera del área de Auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), consideró que a ninguna empresa le conviene extender los plazos de entrega de las obras y desmintió que las redeterminaciones de precios puedan encerrar maniobras para pagar sobreprecios. “No es un beneficio redeterminar” en una economía inflacionaria, puntualizó. “Puede llevarte a la quiebra”, afirmó.

Al reanudarse el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en la Provincia de Santa Cruz, otro testimonio fue recibido con muy buenos ojos por parte de las defensas de los acusados. Es porque, al igual que todos los técnicos que ya declararon ante el TOF2, el Ingeniero Civil Riveros, actual Auditor Señor de la Dirección Nacional de Vialidad, dejó entrever que las redeterminaciones no pueden esconder el pago de sobreprecios, como afirma la acusación. En medio de nuevos cruces en la sala de audiencias semi virtual por la línea de interrogatorio llevada adelante por la fiscalía, el testigo buscó aclarar un argumento que sobrevolaba con las preguntas del fiscal Diego Luciani: “A nadie le conviene extender una obra en el tiempo. Una empresa tiene que mantener maquinaria, obreros, etc. Si la empresa extiende mucho una obra, se extienden esos costos”, dijo. De esta manera, el ingeniero -quien habló bajo juramento durante casi dos horas- derribó las interpretaciones sobre algún tipo de beneficio económico para una empresa que eventualmente no cumple con los plazos de entrega. “No es un beneficio redeterminar” en una economía inflacionaria, aseguró Riveros. Quien, incluso advirtió que puede llevar a una firma a la quiebra.

El testigo detalló –al igual que varios de sus colegas que ya declararon en este juicio- , que “para redeterminar precios se utilizan los índices del Indec” y “de ninguna manera se pueden utilizar valores por fuera de esos índices oficiales”, por lo que es casi imposible que la redeterminación pueda esconder desvíos.

Riveros, además, dejó importantes definiciones sobre otros ejes de la denuncia contra Cristina de Kirchner, sus exfuncionarios y el empresario Lázaro Báez. Por ejemplo, sobre porqué hubo una determinada cantidad de obras en Santa Cruz con los pocos habitantes que hay en esa Provincia, en comparación con otras: “Se hace con el objetivo del desarrollo económico de la zona. Gente que se va a vivir a esa zona, fábricas, transporte. Es mucho lo que engloba una obra”, explicó.

También sobre el mecanismo de llevar adelante obras por convenio, entre los Distritos y Vialidad Nacional, al afirmar que “en todo el país se hacen obras por convenio”. Y que Santa Cruz no es precisamente el territorio con mayor cantidad de trabajos bajo esta modalidad. Según expresó Riveros “Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las provincias que más obras por convenio tienen”.

“¿Es común que se pidan anticipos financieros?”, preguntó la fiscalía. “Sí. Forma parte del procedimiento de licitación, todas las empresas reciben anticipos financieros porque no hay empresa que pueda llegar a iniciar una obra sin un monto de dinero significativo de anticipo. Un certificado de obra tiene 60 días en hacerse efectivo y en esos 60 días la empresa no cobra y tiene que hacerse cargo de los gastos. Una obra vial es de tal envergadura que no hay empresa que pueda llegar a iniciar una obra sin anticipos financieros”, explicó el profesional.

En esa misma línea, el segundo testigo de la jornada ratificó que los anticipos financieros de obras no podían encerrar beneficios, como afirma la acusación.

En una breve declaración, el Contador Julio Romero, quien trabaja en el área de Jurídicos de Vialidad Nacional desde 2013 e integra el organismo desde 1995, dijo que el pago anticipado le descuenta intereses a las empresas. De esta manera, ratificó uno de los argumentos de las defensas, que asegura que el dinero que recibían las contratistas en forma anticipada sólo servía para comenzar con las obras y no encerraba beneficio alguno.

Fuente: Ámbito