12/02/21

Pelea de gigantes detrás de una caja millonaria en los puertos

Guerra por la cooperativa de estibadores en el polo sojero, codiciada por empresarios, políticos, abogados, medios, trabajadores y un devaluado cacique local.



El aire se corta con cuchillo en el cordón industrial santafesino, corazón del polo sojero más importante del mundo. En las próximas jornadas se definirá el futuro de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, la empresa que por años monopolizó el servicio de estiba en la región, generando un incesante flujo de fondos por el que ahora pelean empresarios, políticos, abogados, trabajadores y el devaluado cacique local Herme Juárez.

La cooperativa fue intervenida en agosto de 2019, horas después de que Juárez -quien por ese entonces fungía como líder sindical y empresario monopolista- saliera esposado de su casa, en el marco de un operativo de la Policía Federal que contó con amplia difusión mediática. Eran los días previos a las PASO y la gestión del expresidente Mauricio Macri se anotó como propia la caza de uno de los principales enemigos del lobby exportador, en el marco de una seguidilla que también incluyó la detención de los sindicalistas Juan Pablo “Pata” Medina y Omar “Caballo Suárez”.

En primera instancia, el por entonces secretario de Trabajo Lucas Aparicio nombró como interventor a Juan José Schaer, quien en pocos meses logró aquello que el exministro de Transporte Guillermo Dietrich tantas veces prometió a los empresarios portuarios: una fuerte baja de los costos operativos gracias a la pesificación de los servicios de estiba. Tras la protesta de los trabajadores y con la llegada de nuevos inquilinos a la Casa Rosada, el cargo quedó para Roberto Pasqualino, un hombre de la Universidad de Buenos Aires cercano al diputado nacional del radicalismo Emiliano Yacobitti.

La gestión de Pasqualino, cuya llegada coincidió con la morigeración de la situación judicial de Juárez, tenía como fin exclusivo la normalización de la cooperativa y el llamado a elecciones. En marzo se dictó la cuarentena y los tiempos se fueron dilatando, generando un caldo de cultivo entre los trabajadores, que para el cierre del 2020 comenzaron a presionar en el terreno judicial, denunciando que el interventor estaba vaciando la cooperativa.

Las sospechas estaban puestas en la relación que Pasqualino empezó a tejer con actores que de buenas a primeras recalaron en Puerto San Martín, con nulos antecedentes en el rubro portuario. Durante el segundo semestre de 2020, el interventor nombró entre sus asesores a tres hombres del riñón del binomio confirmado por el empresario Guillermo Whpei y el diputado nacional Marcos Cleri. La relación entre ambos fluyó mucho el último tiempo, al punto que Whpei -quien supo comandar, con muchas más sombras que luces, Radio Rivadavia y la AM rosarina LT3- le aportó al legislador K una de las pocas voces del sector privado a favor del impuesto a las grandes fortunas.

Se escribió en Letra P el perfil de Whpei, quien hizo su riqueza en el mundo de las mutuales y financieras, pero luego recaló en otros rubros, como el inmobiliario o los bancos. Su movida "Voy por la Paz" le permitió codearse con premios Nobel de todo el mundo y hasta el papa Francisco. Su llegada a la cooperativa portuaria se hizo evidente cuando comenzó a participar de las reuniones por Zoom de la entidad Daniel Machado, una figura con pasado en el peronismo, que supo ser ladero del empresario mediático Orlando Vignatti y hoy oficia como hombre de confianza del singular empresario.

Los estibadores -mayormente opositores a Juárez pero, “unidos por el espanto”, jugando circunstancialmente en el mismo equipo- agotaron su paciencia en diciembre, cuando el interventor obtuvo el aval del Juzgado Federal Número 4 de Rosario para liberar los fondos de la cooperativa que estaban bloqueados desde 2019. Este juzgado está a cargo de Marcelo Bailaque, quien tiene la causa que inicialmente tramitaba en un juzgado de Campana. El monto involucrado es de difícil mensura -las partes hablan de cifras muy diversas, aunque siempre en dólares y con varios ceros detrás-, pero en sede judicial los obreros hicieron hincapié en el destino de 150 millones de pesos, que se habrían depositado en mutuales del grupo Unión, cuya cara visible es Whpei.

Luego de varias movilizaciones, que contaron con un llamativo acompañamiento mediático, especialmente de La Capital de Rosario, los trabajadores lograron que a finales de enero lleguen desde Buenos Aires funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), con facultad para llamar y convocar asambleas extraordinarias. El organismo nacional entró luego en un recambio de autoridades (terminó quedando como número uno Alexander Roig, del Movimiento Evita), pero según las últimas informaciones estaba preparando un documento muy duro contra la intervención.

Resolución inminente

El mandato de Pasqualino en la cooperativa cesa este viernes 12 de febrero, pero de momento no hay comicios a la vista. Las partes habían negociado recientemente un alto el fuego, pero la falta de respuestas volvió a encender los ánimos de los estibadores, que este viernes volverán a movilizarse en las puertas de los Tribunales Federales de Rosario. A través de su abogado Javier Rabadé, Juárez agitó la posibilidad de que se conforme una comisión asesora, en la que participen todos los sectores en pugna. Dicha modalidad ya se aplicó en el sindicato portuario, del que también había sido corrido pero al que logró volver a mediados del año pasado.

En las últimas semanas, en tanto, el conflicto había llegado a la Legislatura santafesina, que se aprestaba a convocar a todas las partes a la comisión de Asuntos Laborales. “No queremos que se produzca un nuevo Vicentin”, expresaron algunos diputados, que mencionaron que la pelea incluye no solo el dinero, sino también el futuro de un barrio portuario a desarrollarse en el complejo Tierra de Sueños de Puerto General San Martín.

Fuente: LetraP