05/02/21

Más cambios en tarifas de gas: Bernal propone ahora un aumento del 7%

El interventor del Enargas quiere firmar un pre-acuerdo con las empresas concesionarias que convalide un aumento final en las facturas de gas del 7%. Es poco probable que los privados acepten por escrito esa suba. Cómo juega el entramado legal que preocupa en el ente regulador.


La discusión puertas adentro del gobierno sobre cómo ajustar las tarifas de gas y electricidad no está saldada. En declaraciones a C5N, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dio a entender esta semana que las facturas de los servicios regulados deben aumentar en la banda del 30%. Pero los entes reguladores, que responden a funcionarios alineados con el Instituto Patria, siguen negociando con las empresas concesionarias una suba inferior al 10 por ciento.

El interventor del Enargas, Federico Bernal, quiere firmar con las distribuidoras de gas —Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, entre las principales— y las transportistas un pre-acuerdo que le dé luz verde para modificar los contratos firmados tras la revisión tarifaria integral (RTI) que se firmó en 2017 y finaliza en a fines de este año.

Bernal pretende que los privados convaliden, con su firma en un documento, un ajuste de las tarifas que difiere de las pautas de actualización incluidas en los contratos vigentes.

En los hechos, lo que busca el interventor es que las empresas no cuestionen en la Justicia los cuadros tarifarios de transición que, como temprano, por una cuestión de plazos procedimentales podrían aplicarse recién a partir de abril.

Primera propuesta

El titular del Enargas inició una ronda de negociaciones con las empresas a mediados de enero. Su propuesta inicial consistió en otorgar un 9% de aumento en la factura final de gas que pagan los usuarios residenciales, tal como publicó este medio el 7 de enero.

Su intención, aguas abajo, es que esa recomposición se destine íntegramente a recomponer el Valor Agregado de Distribución (VAD) que perciben las distribuidoras. Es decir, el precio del gas en boca de pozo homologado en las facturas quedaría congelado al igual que el costo del transporte de gas.

Un 9% de incremento real en la factura permite subir alrededor de un 25% el ingreso ese segmento.

Sin embargo, la propuesta se trabó por diferentes motivos. Entre ellos porque las transportistas —TGN y TGS— se negaron a avalar ese esquema, que dejaba congelados sus ingresos.

“Bernal quería que todas las concesionarias suscriban el pre-acuerdo para evitar reclamos administrativos y eventualmente en la Justicia”, explicó a EconoJournal una fuente oficial.

Contraoferta

Esa negativa, sumada a la falta de definiciones en las máximas esferas del gobierno con relación a qué hacer con las tarifas de los servicios regulados, dilató las negociaciones.

Si bien el diálogo del Enargas con los privados corre por canales fluidos, el diálogo se empantanó la semana pasada cuando Bernal puso sobre la mesa una contrapropuesta que a los privados les cuesta considerar. En lugar del 9%, el interventor ofrece ahora elevar un 7% las facturas a los usuarios. Eso implicaría una recomposición real del VAD de las distribuidoras del 20% para todo 2021.

Empresas productoras de gas consultadas por este medio sostienen que, con esa suba, es difícil que las distribuidoras puedan cumplir con los pagos del gas que consumen los hogares. Lo más probable, advierten, es que la cadena de pagos del sector de gas se resquebraje aún más.

Espalda legal

El interventor precisa que las empresas avalen por escrito los cuadros tarifarios de transición para evitar reclamos legales no sólo por el congelamiento a partir de abril de 2019, sino también por la falta de actualización tarifaria durante los gobiernos kirchneristas.

Los privados desestimaron la posibilidad de reclamar por el congelamiento del período 2001-2015, pero sólo si el Estado cumplía con los términos y condiciones establecidos en la RTI 2017-2021. En caso de no cumplir con las fórmulas de ajuste tarifario incluidas en esos contratos, como efectivamente sucederá, el Enargas precisa de una validación formal de las empresas para evitar reclamos millonarios en la Justicia a futuro.

Fuente: EconoJournal