19/02/21

El subsuelo político del aumento de la luz

El Gobierno llama a audiencia pública para debatir el alza en las boletas, pero no cede la puja interna por el programa de Guzmán. ¿Hasta cuándo subsidiar?



Este viernes se oficializará el llamado a audiencia pública para discutir el nuevo cuadro tarifario eléctrico. La convocatoria será para mediados de marzo. Sobre este punto se expresa una de las principales tensiones hacia el interior de la coalición de gobierno. En el fondo, se discute el programa económico. El ministro de Economía, Martín Guzmán, impulsa una suba que podría oscilar entre un 30 y 40 por ciento, pero desde la secretaría de Energía –que conduce Darío Martínez y forma parte del mismo organigrama- sólo se autorizaría una suba menor a los dos dígitos. A su vez, el escenario energético pone luz sobre la bomba de tiempo que dejó la alianza Cambiemos al dolarizar las tarifas cuya renta fue captada, en mayor medida, por las generadoras, mientras las distribuidoras le deben al Estado más de 150.000 millones de pesos.

Colapso

En 2019, Macri congeló las tarifas eléctricas antes de las elecciones pero el sistema tal cual había sido diseñado implosionó con la megadevaluación de mayo de 2018, en la previa del salvavidas de plomo que llegó desde el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo que hizo Cambiemos fue aumentar exponencialmente las tarifas y dolarizar ingresos para las empresas. En el escenario de ganadores y perdedores, el segmento de la generación y sobre todo las compañías integradas verticalmente fueron las más ganadoras del modelo de Mauricio Macri.

Sólo basta ver el ejemplo de Pampa Energía. En 2016, la empresa del Grupo Mindlin anotó en sus balances una pérdida de 252 millones de pesos. Pero en 2017 sus ganancias saltaron a los 5.670 millones, mientras que para 2018 fueron 11.000 millones. En un año, tarifazo, dolarización y devaluación de por medio, duplicaron sus ganancias netas tal cual puede verse en los balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores.

“Esa brusca devaluación de 2018 demostró cuan expuesto estaba el esquema tarifario a los parámetros macroeconómicos. En el ámbito federal, Macri reemplazó subsidios por tarifa. Ese esquema colapsó y es lo que hay que modificar ahora. El sector eléctrico es el más subsidiado de la Argentina pero en el Presupuesto 2021 no se contemplan erogaciones. ¿Entonces? Con una situación socioeconómica compleja y con el 50 por ciento de la población bajo la línea de pobreza, hay que pensar otro tipo de soluciones además de lo tarifario y los subsidios”, sostuvo a Letra P un avezado conocedor del sector eléctrico e integrante de la coalición gobernante.

Otro canje

El sector eléctrico también fue golpeado por las políticas de Cambiemos y la pandemia del coronavirus. Las generadoras siguen con tarifas dolarizadas y las distribuidoras de todo el país se endeudaron el año pasado con el Estado nacional por 150.000 millones de pesos. ¿Cómo se llegó a esta situación? Dejaron de pagar la cuenta a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Energía (Cammesa) para cubrir su operación diaria.

De ese total, Edenor y Edesur le deben a Cammesa 30.000 millones. La distribuidora de Santa Fe (EPE) debe 11.500 millones, mientras que la cordobesa otros 5.500 millones, para citar algunos ejemplos. “Hablar de la deuda de todas las distribuidoras con Cammesa es un prisma para entender la situación de quiebra de todo el sistema energético y de dónde viene esa situación”, indicó a Letra P un funcionario del área de Economía.

La pandemia también les pegó a los usuarios residenciales, muchos de los cuales acumulan deudas de hasta tres facturas. La decisión política de Energía es no condonarle la deuda a ningún concesionario pero sí hacer una especie de canje por la deuda que mantienen los usuarios. El 50 por ciento del monto que adeudan las distribuidoras se canjeará en función de tres categorías: contra las facturas impagas de los usuarios, la mayoría residenciales; se realizará una transacción equivalente a un mes de consumo desde Energía hacia Cammesa en reconocimiento por el congelamiento tarifario del año pasado; y en tercer lugar, se les exigirá a las distribuidoras un plan de inversiones y/o un programa de eficiencia energética.

“La política de canje estará orientada a incentivar la inversión de las concesionarias, y a eliminar las consecuencias negativas que tuvo la crisis sanitaria y económica sobre los usuarios residenciales, comerciales e industriales. Creemos que será un empuje hacia las pymes y comercios”, indicaron desde la secretaría de Energía.

Alternativas

En este contexto se iniciará el proceso de discusión de tarifas, donde priman como mínimo dos visiones que quedaron bien transparentadas cuando Cristina Fernández de Kirchner habló de la necesidad de alinear salarios y tarifas. Probablemente, la discusión arranque de manera más fuerte cuando Energía publique, en las próximas horas, una resolución en la que se eliminará un subsidio a grandes usuarios que se viene arrastrando desde 2011 y que nadie había revisado hasta ahora.

Otra vez vale un ejemplo para graficar la incongruencia del sistema: un supermercado chino llega a pagar el 100 por ciento de lo que consume cuando empresas como Coto o Pecom reciben un subsidio sideral. Para este tipo de grandes usuarios, la tarifa podría incrementarse hasta un 70 por ciento. Y el ahorro fiscal para el Estado nacional llegaría a los 35.000 millones de pesos, lo mismo que deben Edenor y Edesur.

El choque de visiones dentro del Gabinete ya se conoce. Guzmán necesita avanzar con un ajuste tarifario superior al 30 por ciento, atado a la negociación con el FMI, mientras que en algunos despachos de Energía sólo están dispuestos a convalidar un incremento menor al 10 por ciento. Prima la evaluación que se hace del contexto económico, incluso sobre lo electoral. Por eso -dicen- la discusión es sobre el modelo económico.

¿Cómo se cubrirá el resto que hoy se subsidia? Es parte de la discusión política que quedará más expuesta en los próximos días. “La puja que se da hacia el interior del Gobierno en relación a quién paga los costos de la readecuación tarifaria es también una puja por el modelo económico. Si hay que hacer lo que dice el Presupuesto de Economía, donde no se contemplan subsidios a la distribución, en el AMBA habría que subir las tarifas un 60 por ciento en marzo y pensar otro incremento en julio. Eso es inviable”, afirmó a este cronista un funcionario que participa de la discusión tarifaria dentro del Gabinete económico.

Subyace un tema más de fondo. Los subsidios que necesitarían todas las distribuidoras del país durante un año equivalen al valor patrimonial de todas las empresas juntas. Esto abre una disyuntiva política que varios actores de la coalición gobernante quieren dar. ¿Por qué habría que subsidiar a un concesionario privado por un servicio público deficitario desde lo económico y en su calidad?

La lógica del planteo es la siguiente: si la empresa X necesita 10 pesos para funcionar pero vale 5, ¿por qué el Estado debería pagarle la cuenta? ¿Tiene sentido subsidiarlas? Al final del camino, la cuestión es quién debería hacerse cargo de este servicio esencial. Alternativas se piensan.

Fuente: Letra P