12/08/19

Sanciones a empresas eléctricas por el apagón del Día del Padre

Los tres eslabones de la cadena enfrentarán penalidades de entre $40 y $200 millones.


El apagón del Día del Padre afectó a todo el país y dejó a la ciudad sin subtes.

Las sanciones a las empresas eléctricas por el apagón de junio resultarán en nimios descuentos para los usuarios, que tampoco tendrán un alivio económico inmediato por viejas deudas compensadas en un reciente acuerdo millonario con Edenor y Edesur. Esta realidad es consecuencia de un sistema regulatorio desactualizado y, al mismo tiempo, del criterio oficial para resolver cada caso.

El Gobierno ya hizo pública su sentencia de que el inédito blackout del Día del Padre respondió a fallas operativas imputables a los tres segmentos de la cadena eléctrica, incluyendo a varias decenas de distribuidoras de todo el país. Si no funcionan adecuadamente las alertas técnicas, la demanda de energía también es responsable de los desequilibrios que se producen en todo el sistema si hay una perturbación en la generación o el transporte. Ese es el fundamento para involucrarlos.

Hasta el momento se conocieron las primeras penalidades destinadas a estas firmas y un grupo de grandes usuarios, ubicados en el último eslabón de la cadena, ya que no tomaron las decisiones técnicas apropiadas que hubiesen permitido mantener el sistema en equilibrio y limitar el corte.

Para ese primer grupo, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) impuso una sanción de $45,8 millones, importe que resulta de aplicar parámetros contenidos en el marco regulatorio eléctrico con valores de referencia de la Convertibilidad: éstos son los mismos desde 1992. No se trata de un dinero que las empresas tengan que desembolsar sino que dejarán de percibir por descontárselo a los usuarios: representará un descuento promedio de alrededor de $4 por factura.

Posiblemente más voluminosa sea la penalización a Transener, que está en el centro de la escena y corresponde al otro sector regulado de la actividad como es el transporte. Según la legislación vigente, esa sanción no puede superar el 10% de la facturación anual o el 15% de la mensual de la compañía cuya propiedad comparten Pampa Energía y el Estado. Pero ese cómputo no considera los ingresos totales sino sólo los regulados y una importante porción del negocio de la transportadora proviene de servicios que la firma presta a otras empresas y que no integrarían la base del cálculo.

Así las cosas, y según una estimación rápida y oficiosa, difícilmente a la firma sindicada como la principal responsable del megacorte podría corresponderle una multa superior a los $200 millones, muy por debajo de las especulaciones iniciales. También en este caso, y con Cammesa como intermediaria, esa multa debería traducirse en un descuento a los usuarios y no en un aporte al Tesoro (a través del ENRE).

Falta la tercera tanda de penalidades, a las generadoras, que no están bajo el régimen regulado ni de servicio público. Por esta razón, en la propia secretaría de Energía no tienen muy claro cómo instrumentar una sanción pero sí que hay que aplicarla. El equipo del secretario de Energía Gustavo Lopetegui no duda que también en este caso hubo fallas técnicas evitables y el enojo oficial no las excluye.

A lo que ningún usuario podrá aspirar es a una compensación por los perjuicios que le hubiera ocasionado ésta u otra interrupción de suministro, ya que ese potencial resarcimiento es cuestión de Defensa del Consumidor y requiere un trámite específico, desvinculado de esta medida general.

A menos en el área metropolitana, abastecida por Edenor y Edesur, hay distintos tipos de sanciones previstas a las distribuidoras. Algunas implican multas a pagar; otras ingresos que dejan de percibir. En este útlimo caso se inscriben las penalidades por deficiencias en la calidad del servicio.

Con miras a transferir la jurisdicción de las distribuidoras metropolitanas a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, el 10 de mayo la Nación selló un acuerdo por millonarios reclamos cruzados en virtud del cual aplicó de un modo particular este último criterio, permitiéndole a las firmas hacer ciertas inversiones en lugar de aplicar descuentos por un total de $7.000 millones.

El documento les reconoció a las compañías una presunta deuda por casi $20.000 millones como compensación por el congelamiento tarifario desde el 2006 en adelante, fecha en la que se firmó un acta acuerdo para emprolijar el contrato modificado tras la salida de la Convertibilidad. Esa presunta deuda oficial se compensó con otras obligaciones de las empresas por deudas comerciales por compras de electricidad, por los “mutuos”, contratos por los que el Estado costeó el pago de sueldos de las compañías, entre otros conceptos.

Las penalidades que son por calidad del servicio deben traducirse en resarcimientos a los usuarios. Los perjuicios por los cortes son cuestión de Defensa de la Competencia.

Fuente: Clarín