26/08/19

La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner y seguirá adelante el juicio por la obra pública de Santa Cruz

Con la ex presidenta en Cuba visitando a su hija Florencia, se retomaron las audiencias por el direccionamiento 51 de contratos viales en favor de Lázaro Báez.


Cristina Fernández de Kirchner ingresando a Comodoro Py. (Foto Federico Lopez claro)

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó este lunes los planteos de las defensas -entre ellas la de Cristina Kirchner-, y resolvió que continuará el juicio por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Uno de esos planteos era el pedido de la senadora para suspender las audiencias.

Sin Cristina Kirchner, que se encuentra en Cuba visitando a su hija Florencia, se retomaron las audiencias del juicio contra la ex mandataria, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner-entre otros-, acusados por el direccionamiento de la obra pública a favor de Austral Construcciones.

El Tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, sostuvo que "el planteo del doctor Beraldi no tiene sustento fáctico" al momento de responder los 51 aspectos formulados por las diferentes defensas. En ese punto se sostuvo que los abogados "no plantearon los argumentos en sus contras en diversas causas" que se encuentran relacionadas a este expediente por el direccionamiento en la obra pública.

Asimismo, los jueces resaltaron ante la queja de las defensas de la duplicidad de las acusaciones, señalaron que éste es el "primer debate donde se juzga el delito de asociación ilícita" y que en consecuencia los planteos buscan "ser un obstáculo para la continuidad del debate que se está realizando".

Bajo la misma línea de argumentos, ante otro de los planteos se indicó que el pedido de suspensión del juicio oral, "es un retraso de la justicia injustificado". Por ello después de una hora y veinte de lectura, rechazaron todos los planteos formulados y decidieron dar continuidad al juicio contra la Senadora y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos.

De igual manera, el TOF 2 determinó que el próximo lunes 2 de septiembre comenzarán las declaraciones indagatorias con un cronograma a definir, al rechazar planteos para suspender o declarar nulo el debate.

Los planteos

Carlos Beraldi fue uno de los que solicitó la suspensión del juicio contra la ex mandataria por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. El defensor había planteado que el caso de la ex presidenta "es inédito porque se la persigue de manera reiterada hasta límites absurdos". El suyo fue uno de los nueve planteos realizados por los trece acusados en esta etapa de cuestiones preliminares, todos requiriendo la suspensión.

El defensor de Cristina había insistido con su reclamo -rechazado varias veces por la Cámara Federal y la Casación- respecto a que el TOF 2 no es competente en este caso, "ya que 49 obras -de las que están bajo la lupa- fueron juzgadas en Santa Cruz". La senadora pidió que la causa sea remitida al sur y el planteo se encuentra a resolver en la Corte Suprema de Justicia.

Todo fue rechazado. Después de la etapa de cuestiones preliminares, el primero en oponerse a este y otros pedidos de similares características, fue el fiscal ante el Tribunal, Diego Luciani. Entonces había planteado: "Hay un interés que la causa se vaya a Santa Cruz. Han planteado 51 planteos preliminares algo inusual hay un interés en las defensas que este juicio no comience", remarcó.

En el juicio ya se leyeron las acusaciones en contra de los 13 imputados. A la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos se la procesó por haber "formado parte de una asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado, entre los que se encontrarían Néstor Kirchner, Julio De Vido, José López Carlos Santiago Kirchner, Nelson Periotti y al menos el empresario Báez”.

Según la justicia, esa asociación “habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, con el objeto de cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, a través de, entre otras maniobras, la defraudación en perjuicio del Estado y el lavado de dinero".

En plena campaña electoral, el abogado de Cristina dijo: "Nosotros estamos para hacer un juicio jurídico. Si quieren hacer un juicio político, para eso está la ciudadanía, que gracias a Dios en unos meses lo va a votar". El Tribunal defendió las actuaciones realizadas y garantizó la continuidad del juicio.

Vinculado a la adjudicación de partida presupuestaria para la obra pública vial, la ex Presidenta requirió que sean citados como testigos los ex jefes de gabinete del kirchnerismo, entre ellos a Alberto Fernández y a Sergio Massa, hoy integrantes de su espacio.

Ahora, a días de las oficialización de los candidatos y el relanzamiento de la campaña de cara a octubre, el TOF 2 decidió la continuidad del juicio.

La acusación contra CFK en este expediente

Durante la instrucción de la causa, el juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos, "plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles". Por ello, se habla de un "direccionamiento" a favor del conglomerado del empresario K.

La acusación sostiene que se configuró un esquema "de beneficios exclusivos" para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las "gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner". A los ex presidentes se los apunta como los responsables de "diseñar la maniobra" y de "erigir a su amigo personal" como contratista del Estado.

La "operación criminal" fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".

Según la investigación, el delito se materializó en cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de "beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado".

Fuente: Clarín