22/11/18

Suspenden a YPF en Vaca Muerta por un derrame de petróleo

El gobierno de Neuquén le impide trabajar en la zona del incidente hasta que lo remedie


El pozo colapsado en la zona de Bandurria Sur Fuente: Archivo

El último derrame de petróleo en Vaca Muerta, que opera YPF en Neuquén, tuvo consecuencias profundas para la empresa. Ayer, el gobierno provincial suspendió la licencia ambiental de la compañía para la explotación en Bandurria Sur, donde el 19 de octubre pasado ocurrió el hecho que afectó a una zona de tres hectáreas. Sin embargo, los daños naturales se extendieron hasta 27 kilómetros. Es la primera vez en la historia de Neuquén que se emite una sanción de estas características en la industria del petróleo y el gas.

Esta medida le impide a YPF avanzar en el desarrollo dentro del área hasta que la autoridad de aplicación le vuelva a entregar la habilitación. Desde la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén habían anunciado que se estudiaba una sanción dura y ejemplificadora. Días después del derrame se mencionó la posibilidad de una penalidad que podía ser económica, de unos US$700.000.

El derrame se produjo durante la madrugada del 19 de octubre pasado en el área de Bandurria Sur de Vaca Muerta y fue el primer blowout, o descontrol de pozo, de los últimos cuatro años en la formación geológica. Después de conocerse la sanción, la empresa comunicó que la medida fue acatada en forma inmediata para esclarecer la situación. A su vez Greenpeace reclamó que la penalidad impuesta no era suficiente debido al impacto ambiental que el derrame tuvo en la zona.

"La empresa fue notificada e inmediatamente acató la medida. La sanción afecta los pads 8 y 9, donde se produjo la sugerencia el día 19 de octubre, y la zona próxima por precaución y no impide el desarrollo en otros pads programados", explicó YPF en un comunicado.

"La empresa ha sostenido un diálogo fluido y constante con las autoridades de aplicación, compartiendo sistemáticamente los avances de los trabajos de remediación, que están avanzando rápidamente", afirmaron desde la firma estatal.

YPF sostiene que el diálogo con el gobierno de Neuquén continúa siendo constructivo y abierto "en pos de desarrollar el potencial energético de la provincia con el cuidado del medio ambiente y la garantía de la sustentabilidad de las operaciones".

Voceros de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén sostuvieron que se trata de una sanción ejemplificadora, con mayor peso simbólico que una multa económica que no habría sido suficiente para cubrir un daño ambiental. Desde el organismo señalaron que la medida "toca a la empresa como institución y como compañía comercial".

Por su parte, Greenpeace consideró que la sanción fue necesaria, pero insuficiente. Para la organización ambientalista correspondería la interrupción definitiva de las operaciones de YPF en el pozo LCAV-26 -afectado por el derrame-, y el cumplimiento de un plan de remediación al impacto, además de no avanzar con el desarrollo de nuevas perforaciones.

"Mientras continuamos esperando información pública certera por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén para conocer las causas y la dimensión del impacto ambiental del derrame, creemos que la medida de suspensión es insuficiente", afirmó Leonel Mingo, vocero de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace.

"Neuquén debería contemplar el principio precautorio para proteger el ambiente y los derechos de las personas que viven alrededor de estas explotaciones. Los últimos incidentes muestran una vez más cómo opera la industria del fracking y cómo se ve afectado por su avance el ecosistema al norte de la Patagonia", agregó Mingo.

Según Greenpeace, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU instó a la Argentina a rever lo que ocurre en Vaca Muerta por sus impactos locales y globales respecto al cambio climático mundial. Además, de acuerdo al último reporte del Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC), para prevenir catástrofes climáticas es necesario reducir el uso de los combustibles fósiles al 50% para 2030 y eliminar su uso al 100% para el año 2050.

Fuente: La Nación