12/11/18

Crearán la figura de supervisor de integridad para licitar obras públicas

Será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas de transparencia en proyectos de participación público-privada (PPP); buscan asegurar el financiamiento


Fuente: Archivo - Crédito: Ministerio de Transporte

CÓRDOBA.- El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) -del que depende la Secretaría de Participación Público-Privada (PPP)- licita la contratación de un supervisor de integridad, que será responsable de velar por el cumplimiento de las normas de transparencia de los contratistas de estos programas. Si algún consorcio o empresa busca financiamiento del fideicomiso instrumentado a tal fin, su programa de compliance será auditado.

Es decir, se contratará a un tercero independiente para evaluar los programas de integridad que exige la ley 27.401 de responsabilidad penal, que rige desde marzo y que se debe cumplir en contratos con el Estado en el que intervienen ministros (o "equivalente") que involucren más de $50 millones ($20 millones en compras directas). La exigencia corre también para subcontratistas; alcanza a toda la cadena involucrada en la prestación de un servicio o en la ejecución de una obra.

Al frente del BICE está Francisco Cabrera, quien hace poco más de un mes tuvo en Estados Unidos reuniones con potenciales inversores para los PPP viales. El propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció ante el Congreso que la investigación judicial por los cuadernos de las coimas impactó en el fondeo de las empresas. "La aparición de estos fenomenales casos de corrupción que abarcan al sector público y privado, esta herencia que hemos recibido de esta orgía de corrupción que tuvimos en la Argentina, nos está generando un problema inesperado para llevar adelante los proyectos de PPP", admitió.

Leonardo Etchepare, exgerente de Compliance de YPF y titular de la consultora Legal & Ethics, explica a LA NACION que, en este caso en particular, el supervisor chequeará al consorcio para ver de qué manera verifica que los programas de integridad de sus participantes se cumplan. "Se trata de un tercero objetivo independiente y de reconocido prestigio en el mercado", señala.

"Hasta ahora la discusión era cómo el Estado -más allá de la declaración jurada de las firmas- controlaba el cumplimiento de integridad. El BICE, para asegurar la transparencia de los contratistas, crea una figura novedosa que supervisará cada seis meses al consorcio para verificar sus análisis de riesgo y de transacciones, y establecer que no hubo ningún acto irregular. Para no frenar la obra, busca esta alternativa".

La licitación del BICE -que vence mañana- señala que el supervisor será "responsable de velar por el cumplimiento de las normas de integridad" de los contratistas Cruz del Sur (Paolini Hnos; Vial Agro e INC), CCA Green B (CCA Civil Panamá, Green), Vial Andes 7 (José Cartellone Construcciones Civiles), Corredor Panamericano I (Helport, Panedile Argentina, SA de Obras y Servicios Copasa y Eleprint), Corredor Panamericano II (con las mismas empresas que el I) y Ausur (Rovella Carranza, JCR, Mota-Engil-Latin America BV).

En los consorcios hay empresas involucradas en la causa que investiga el juez Claudio Bonadio. Green, por caso, figura en el listado que entregó el financista Ernesto Clarens, donde también están Helport (grupo Eurnekian), José Cartellone, Rovella Carranza, Paolini y Vial Agro.

A Cartellone y Vial Agro ya las había mencionado antes el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, como parte del "club de la obra pública" que pagaba coimas de hasta el 20% del valor de un proyecto.

Fuentes del Gobierno aclaran que el contrato PPP no permite que hechos judiciales "por sentencias posteriores a las adjudicaciones alteren el resultado de la licitación".

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) será el encargado de licitar la contratación del supervisor de integridad

Entre las tareas del nuevo ente se encontrará supervisar cada seis meses los distintos consorcios que participan en proyectos de PPP para verificar sus análisis de riesgos y sus transacciones, con el objetivo de establecer que no hubo ningún acto irregular

Fuente: La Nación