11/10/18

Las sombras de Macri y Calcaterra en el meganegocio del soterramiento


El fiscal federal Franco Picardi, que investiga el pago de coimas en el marco de las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, reveló que en 2005, previo al proceso licitatorio, hubo operaciones irregulares con Iecsa. En esa fecha, la empresa todavía pertenecía al presidente Macri pero dos años después, cuando se convirtió en jefe de gobierno porteño, Iecsa pasó, al menos en los papeles, a manos de su primo Angelo Calcaterra. En 2017, días antes de que Macri reactivara la obra del soterramiento, Calcaterra dijo que la había vendido pero Picardi demostró que mintió y sigue siendo su actual dueño.

A medida que avanza la causa que investiga el pago de sobornos en las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la familia Macri queda cada vez más comprometida.

En un dictamen de más de 112 páginas, en el que pidió una serie de medidas de prueba, el fiscal federal Franco Picardi, que investiga el caso, reveló que Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, sigue vinculado a la constructora Iecsa de la que aseguró haberse desprendido en marzo de 2017, y que continúa a cargo de la megaobra.

El caso salpica al propio jefe de Estado dado que en el espacio temporal en que se analiza si se realizaron pagos de coimas para el otorgamiento del proyecto, Iecsa también estuvo conformada por Sideco Americana S.A y Sociedades Macri (Socma), las firmas estrella del Grupo Macri. Es que previo al proceso licitatorio, ya en 2005, cuando la constructora aún no había pasado a manos del primo Angelo, hubo operaciones irregulares, según el fiscal.

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integraron Iecsa SA (actualmente, Sacde SA), Constructora Norberto Odebrecht SA, Ghella spa y Comsa SA, se agrupó en mayo de 2006, mediante un acuerdo consorcial. Y recién el 15 de agosto de 2008 se constituyó el Consorcio Nuevo Sarmiento. En ese marco, Iecsa SA actuó como máxima autoridad de la UTE.

Esto último está en sintonía con la información judicial que llega desde Brasil, en el marco del Lava Jato, donde miembros de Odebrecht señalaron a Iecsa como la firma encargada de negociar los supuestos sobornos con los funcionarios públicos.

Macri en aprietos

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 dividió en dos tramos las maniobras irregulares.

Las primeras acontecieron antes de la adjudicación de la obra. La empresa “pantalla” CAESA S.A., vinculada a Manuel Vázquez (una especie de testaferro del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime –hoy detenido–), tuvo un rol central: “Habría sido utilizada para la recepción de pagos de coimas efectuadas, en una primera instancia, mediante la facturación de servicios de consultoría inexistentes a firmas integrantes del consorcio CNS (Iecsa y Comsa), y posteriormente, mediante transferencias bancarias que fueron canalizadas a través de diversas compañías offshore, entre ellas Pribont Corporation S.A. (utilizada por Vázquez) y Klienfeld Services Ltd. (utilizada por el grupo Odebrecht para tales fines), y cuyo beneficiario final sería, en ambos casos, el ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime”, sostuvo Picardi.

Tanto Iecsa como Comsa registraron operaciones con CAESA al menos entre 2005 y 2009. La fachada fue: “en concepto de supuestos servicios de consultoría”. El inicio de esas maniobras coincide en mes y año con el llamado a licitación para el soterramiento.

De acuerdo al fiscal “los servicios que se pretendieron respaldar, esto es, los servicios de consultoría, han sido inexistentes. En decir, nunca ha habido prestación alguna y la registración ha sido un mero montaje utilizado por los intermediarios y testaferros del ex funcionario Ricardo Jaime, para recibir el pago de coimas, originado en los beneficios concedidos a las empresas pagadoras”.

Entre 2003 y 2007, Iecsa estaba conformada por Sideco Americana SA y Socma, ambas de la familia Macri.

Es más, entre septiembre de 2006 y enero de 2009, la fantasmal CAESA no sólo tuvo como clientes a Iecsa y Comsa. También figuran otras firmas en sus registros como la mentada Sideco Americana SA.

Un hombre clave

De acuerdo a la reconstrucción judicial, un hombre clave en todo este entramado fue el histórico gerente de Iecsa, Javier Sánchez Caballero.

La información que proviene del Lava Jato arroja un poco de luz en torno a su función: el ex vicepresidente para América Latina de la constructora Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, identificó a ese hombre de Iecsa como el responsable de coordinar el pago de los sobornos a funcionarios argentinos en el proyecto del Sarmiento.

Así se desprende del testimonio de Mameri ante los fiscales del Lava Jato en Curitiba, que puede verse en un video que difundió La Nación el 4 de mayo pasado. Según informó el matutino cinco meses atrás, Sánchez Caballero le comunicó a Odebrecht que debían entregarle un porcentaje de lo que cobraran con cada certificado de avance de obra para que él pudiera canalizar los sobornos. El ejecutivo negó la acusación.

El histórico gerente estuvo en la empresa bajo las gestiones de Sideco y Socma, de Calcaterra y de Marcelo Mindlin, quien lo terminó eyectando cuando su nombre comenzó a sonar cada vez más fuerte en Brasil. No hizo lo propio con otros históricos. Tenía sus razones.

Para los investigadores la “vía CAESA” fue sólo una de las formas de recaudación.

A esta se suman transferencias por parte de las integrantes de la UTE a cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore. Estas se realizaron luego de la adjudicación de la obra. Iecsa, entonces, ya estaba en manos de Calcaterra.

Calcaterra sigue en Iecsa

Desde 2007, cuando Macri se convirtió en jefe de gobierno porteño, Iecsa pasó a estar en manos de Angelo Calcaterra. Al menos, en los papeles.

Según reveló el fiscal Picardi –y publicó El Destape en exclusiva– para el 2007 Iecsa tenía como accionistas mayoritarios al grupo Ods SA, a su vez integrado por Latina Ferroviaria SL (Latifer –firma del grupo Ghella-) y a Calcaterra. Por la minoría, otra vez figuraban Calcaterra y Latifer.

Es decir que el primo Angelo aparecía vinculado a Iecsa por dos vías.

La investigación del fiscal Picardi expone que a pesar de lo que se difundió, el primo del presidente nunca se desligó de Iecsa. Siguió vinculado a través de una offshore en Delaware, que comparte con Marcelo Mindlin.

“La última modificación de capital accionario informado (de Iecsa), acaeció en marzo de 2017, oportunidad en que se modificó la denominación social y se habría producido una transferencia del paquete accionario que se encontraba en manos de Ods SA en favor de la compañía extranjera Emes Energía Argentina Llc, la cual a su vez, constituyó un usufructo de los derechos derivados de su calidad de socio en favor de Marcos Marcelo Mindlin. Por su parte, Latifer –recordemos, integrante del Grupo Ghella– sigue siendo accionista”, explicó Picardi.

La mentada Emes Energía Argentina Llc se constituyó el 3 de mayo de 2016 en el Estado de Dellaware, Estados Unidos , y “de acuerdo a cuanto surge de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid del día 26/06/2017, es socia única de Latifer SL”. Su directorio lo conforman Damián Miguel Mindlin, Raúl Warat, Santiago Ramón Altieri, Ghella Spa y Ángel Jorge Antonio Calcaterra. Es decir que Calcaterra se asoció a los Mindlin un año antes de anunciar la supuesta venta. Es más, Altieri es otro de los históricos gerentes de la empresa y aparece en la sociedad.

Un mes después de la constitución de Emes Energía, en junio de 2016, Mauricio Macri firmó el DNU para reactivar las obras públicas por el que benefició a quienes estaban a cargo de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento. Vía el decreto 797/2016, el Presidente decidió girar .000 millones para impulsar la megaobra.

La maniobra se cerró el 22 de marzo de 2017 cuando se publicó en el Boletín Oficial que Iecsa SA pasó a llamarse Sacde y, en un intento de lavado de cara, designó como integrantes del nuevo directorio a Damián Miguel Mindlin (presidente), Gustavo Mariani (vicepresidente), Santiago Ramón Altieri y Juan Ramón Garrone (directores titulares). Los últimos dos, son históricos gerentes de la compañía.

“Más allá de la modificación de la denominación social de Iecsa SA a Sacde SA., como así también de la transferencia del paquete accionario de Grupo Ods SA a Emes Energía Argentina Llc, los accionistas y las personas físicas detrás de las estructuras societarias señaladas, seguirían siendo las mismas”, indicó el Picardi.

Desde el 28 de agosto de 2017, con las esquirlas del Lava Jato brasileño esparcidas por el mundo, tanto Odebrecht como Comsa se retiraron de la UTE y las obras del Sarmiento quedaron en manos de Sacde (28,89%) y Ghella (71,11%).

Vale recordar que Ghella Spa se encontraba unida por estrechos vínculos comerciales y jurídico-societarios con Iecsa. Y que desde 2016 integra Emes Energía junto a Calcaterra y Mindlin.

Medidas de prueba

Por todos estos sucesos y red relaciones, el fiscal solicitó embargos preventivos por: 67 millones de pesos para Comsa SA; 201 millones de pesos para Ghella spa; y 201 millones para Constructora Norberto Odebrecht SA. A ello sumó 34 millones para Sacde SA y 167 millones de pesos para Calcaterra.

Mientras que para los más de 50 imputados del caso, Picardi pidió trabar un embargo de 6.200.000 de pesos. Algunos de los acusados son: el exministro Julio De Vido, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; Manuel Vazquez (CAESA), Sánchez Caballero (Iecsa) y Santiago Ramón Altieri (Iecsa / Sacde).

A su vez, consideró que debe ser intervenida la actual UTE para designar un veedor judicial que analice los movimientos financieros del consorcio. Ahora deberá expresarse el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Fuente: DiarioJunio.com