26/10/18

El juez espera que haya arrepentidos en la causa por la reestatización de YPF

Lijo aceptó a la actual conducción de la empresa y la Oficina Anticorrupción y les propuso que busquen colaboradores entre los imputados.


El juez Ariel Lijo sale de los Tribunales federales de Comodoro Py. Foto: Luciano Thieberger.

El juez federal Ariel Lijo propuso a YPF y a la Oficina Anticorrupción (OA) que negocien la posibilidad de que ex funcionarios K o empresarios españoles o argentinos se acogan al régimen del arrepentido en la causa por el vaciamiento de la petrolera estatal denunciada por la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió. En una resolución, a la que accedió Clarín, Lijo aceptó a la actual conducción de YPF y a la titular de la OA, Laura Alonso, como querellantes en la causa contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, y los ex directivos de Repsol de España y del Grupo Eskenazi, entre otros.

Lijo citó la flamante ley de responsabilidad penal empresaria 27.401 que dice que las empresas deberán tener “canales internos de denuncias de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos y un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados”. Fuentes judiciales explicaron a este diario una ley parecida en Alemania puso en marcha la llamada “mani pulite alemana” a partir del caso Siemens y que “sería bueno que la OA e YPF se reúnan con el fiscal Ramiro Gonzalez o con el fiscal de investigaciones administrativas Sergio Rodríguez y ex funcionarios o directivos de Repsol o el Grupo Eskenazi para saber si alguien se quiere arrepentir”. En el caso Ciccone II, Lijo homologó el acuerdo del fiscal Jorge Di Lello con el ex testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, que permitió avanzar a la causa.

Por lo pronto, el juez solicitó al directorio encabezado por Miguel Angel Gutiérrez que podría ayudar a la causa aportando “elementos probatorios, respecto de algunos de los cuales ostentan un grado de proximidad manifiesta, lo que resulta evidenciado a través de los numerosos requerimientos que se han realizado a la empresa a lo largo de todo el proceso”. También, Lijo le solicitó a la actual YPF que “designe a los peritos especialistas que deberán intervenir en el peritaje interdisciplinario llevado a cabo actualmente por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO)”.

Además, “deberán informar acerca de las investigaciones internas y denuncias que se encuentren en curso relacionadas con la materia de esta causa, iniciadas con anterioridad o como resultado de la implementación de programas de integridad”. En la causa, explicó el magistrado se investiga “el supuesto vaciamiento de la empresa por parte de su directorio a través de decisiones empresariales relacionadas con la política de distribución de dividendos, la exploración y explotación de hidrocarburos, el pago de honorarios a los miembros del directorio, irregularidades en la toma y comunicación de las decisiones corporativas” entre 2008 y el 2012. Además, se investiga si se cometieron delitos en el pago “de las indemnizaciones distintos miembros del Directorio y a la empresa española Repsol”, luego de la polémica expropiación que hizo Cristina Kirchner en 2012 a libro cerrado.

Mientras tanto, el juez espera que a fines de noviembre los peritos de DAJUDECO le entreguen "la parte contable" de un extenso peritaje que pidió sobre YPF-Repsol lo que le permitiría avanzar sobre los imputados, informaron las fuentes.

En un cambio de posición, la actual conducción de YPF se presentó hace dos semanas como querellante en la causa. Casi dos años y medio tardó el debate interno en el gobierno de Cambiemos para pasar de una posición de prescindencia a la de querellante que escondió una sorda puja con Carrió.

El sábado 13 de octubre, en el programa de TV de Mirtha Legrand, Carrió había revelado que “el gobierno se presentó como querellante” en la causa que hizo en el 2008 ante el juez Lijo, que es un tema política y económicamente sensible para el estado argentino. Sucede que, hasta ahora un fondo buitre viene ganando un juicio por 4 mil millones de dólares en la Justicia de EE.UU. por las acciones de YPF-Repsol que pertenecían al Grupo Eskenazi, cuya estatización la ex presidenta se negó a indemnizar.

Junto al debate sobre si los ex presidentes deben ir presos, el alcance de la causa de los cuadernos de las coimas y el rol en la justicia del titular de Boca, Daniel Angelici, el caso YPF era uno de los puntos de disidencia de Carrió con el Gobierno que, hace dos semanas, tuvo su punto máximo con el pedido de renuncia del ministro de Justicia, German Garavano.

En este tema, Carrió viene dialogando y pulseando con el miembro del directorio de YPF Pepín Rodríguez Simón, uno de los encargados de enfrentar el juicio de Burford. "Pepín Rodríguez Simón hizo echar a mi representante en el directorio de YPF, Gustavo Gutierrez, quien quería investigar las cuentas bancarias de Repsol y del Grupo Eskenazi", dijo Carrió una entrevista publicada en el libro "El Mecanismo”. Carrió incluso amenazó con denunciar por encubrimiento a la actual conducción de YPF, si no aceptaba investigar también la trazabilidad de los giros con las ganancias de YPF-Repsol en la era K. Carrió afirmó, en varias entrevistas, que “los Eskenazi” fueron los “testaferros” de los Kirchner. Por su parte, en varias oportunidades, el Grupo Petersen de la familia Eskenazi, afirmó que su ingreso en el 2008 a YPF-Repsol “fue totalmente transparente” y refrendado por la Bolsa de Comercio local, de Estados Unidos y de España, entre otros países.

Sin embargo, el ex diputado por Mendoza -y autorjunto a Carriódel informecontra el lavado de dinero del 2001- Gustavo Gutiérrez dijo que él tuvo querenunciar porque "el resto del directorio se negó" a darle un equipo para investigar “dónde fueron las ganancias de Repsol, de los Eskenazi y el rol de Roberto Baratta como representante de los gobiernos de Néstor y Cristina” en la empresa. Carrió también denunció que la indemnización que finalmente el gobierno de Cristina le pagó a Repsol fue “el doble del valor que tenía después del vaciamiento”, en alusión a unos 10 mil millones de dólares pagados.

Fuente: Clarín