17/09/18

Pese a las subas de tarifas, el Gobierno aumentó los subsidios a la energía y el transporte

Si bien el incremento de los servicios era para disminuir las subvenciones del Estado, el Ejecutivo está gastando más que en 2017, después de la devaluación por la estampida del dólar.


Estacion de trenes. Foto: Nievas

La suba de tarifas de luz, gas y transporte de los últimos años pretendió cubrir varios objetivos. Por un lado, que los hogares tomaran dimensión del valor de esos servicios. Y también que cayeran los subsidios estatales para cubrir el costo de los mismos. Esa meta se venía cumpliendo hasta hace unos meses: la devaluación comenzó a horadar el ahorro fiscal y hasta ya se gasta más en subvenciones económicas que en 2017. Faltan cuatro meses, donde la cotización del dólar puede provocar aún más alteraciones.

En los primero ocho meses del año, las subvenciones a la energía y el transporte cruzaron los $ 157.600 millones, lo que representa un incremento de 16% con respecto a los $ 136.000 millones que se habían desembolsado por esos conceptos en el mismo período de 2017.

La idea del Gobierno, con las actualizaciones de tarifas de luz, gas, colectivos, trenes y subtes (ambas anunciadas en dos tramos), era lograr una reducción de los subsidios para energía y transporte. Habían pasado los $ 200.000 millones en 2017 y se los buscaba en torno a $ 185.000 millones para este año.

Pero la devaluación complicó esas proyecciones. La mayoría de los costos energéticos están en dólares y esa moneda se apreció un 100% contra el peso en lo que va del año. Por el lado del transporte, también se encarecieron los combustibles -el Estado subsidia una parte para los colectivos-, aunque los costos salariales continúan en pesos.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF), el gasto por subsidios económicos ya está por arriba del realizado en 2017. Ese instituto nota que se incrementaron un 16% en valores nominales, aunque disminuyeron un 10,7% en términos reales, por la inflación interanual acumulada.

La secretaría de Energía ya consumió casi $ 100.000 millones, contra $ 84.000 millones que llevaba gastados en 2017. El ministerio de Transporte también se viene pasando en subsidios. En 2017, iba por los $ 52.000 millones y este año ya traspasó los $ 57.740 millones.

Para avizorar el futuro de los subsidios económicos faltan definiciones de varios temas. Entre ellos, el costo del gas en el invierno pasado (los consumidores aún no lo pagaron), algunos compromisos en dólares de la estatal ex Enarsa y la mayor compensación a los colectivos cuando compran gasoil, que subió más de un 50% este año.

Varias empresas que reciben dinero público ya están al borde de agotar su partida, aunque queda un cuatrimestre.

Cammesa, la administradora del sistema eléctrico de control estatal, tenía un presupuesto de $ 65.000 millones para este año. Pero ya ejecutó un 90% del gasto autorizado para todo el año, cuando aún faltan cuatro meses, por lo que se estima que requerirá más fondos públicos. Entre enero y agosto, aumentó un 50% su demanda de dinero público.

Al fondo fiduciario del sistema de Infraestructura del Transporte le pasa algo similar. El Tesoro le dirigió $ 27.000 millones y ya uso el 87% de su presupuesto para este año. Si sostiene ese ritmo, necesitará más dinero.

El aumento de los subsidios llega cuando el Gobierno promete bajar el déficit como porcentaje del PBI. La devaluación lo torna una misión complicada.

Las generadoras eléctricas compran gas para sus turbinas. Es la electricidad que luego llegará a hogares y comercios. Cuando se decidieron las tarifas hasta agosto de 2018, el dólar no había superado los $ 20. Desde mayo, el peso comenzó a debilitarse. El gas se comercializa en dólares y la apreciación del billete verde subió los costos. Aunque Cammesa se abastecerá de gas más barato (en moneda estadounidense) para los próximos meses, en pesos sigue siendo el doble que a comienzos de año.

Aunque casi el 30% de los hogares recibió boletas de gas que superaron los $ 2.000 en agosto, ese importe no llegó a cubrir los costos del sistema. Las distribuidoras hicieron cuadros tarifarios con un dólar de fines de 2017 y proyecciones de tipo de cambio en base a mercados futuros, que se quedaron cortas. Cuando llegó el invierno, las productoras de gas les quisieron cobrar en dólares, pero al tipo de cambio existente en ese momento.

La situación generó que todas las distribuidoras de gas le deban dinero a las productoras (YPF, Total, Wintershall, CGC, Tecpetrol, PAE). La forma en que se saldará esa deuda está en discusión. Si se encarga el Estado, engordará el déficit fiscal, que el Gobierno declama querer bajar. En caso que se traslade a los consumidores, se piensa en la aplicación de hasta 24 cuotas desde el año que viene. El monto está en discusión.

Aunque la importación de gas viene cayendo, el país todavía no puede autoabastecerse en invierno. La estatal Ieasa -sucesora de Enarsa- recurre a importaciones para cubrir la calefacción de los meses fríos. Su presupuesto para este año era de $ 10.000 millones, un 20% menos que en 2017. Sin embargo, ya gastó $ 21.558 millones, más del doble de lo que estaba en la ley de Presupuesto.

Su partida está excedida. Fue para “financiar erogaciones destinadas a solventar la diferencia entre el precio de importación del combustible y el precio del mismo en el mercado interno”.

La ex Enarsa también se comprometió con las distribuidoras a abastecerle de gas a un dólar por debajo de la cotización actual en los próximos meses. En la última audiencia pública de gas, la compañía estatal le aseguró a las empresas que les venderá ese fluido tomando un dólar a $ 31,50. En el sector dudan sobre el cumplimiento de ese compromiso.

El aumento en los combustibles también impactará en las subvenciones al transporte. El Poder Ejecutivo las pensaba en torno a los $ 8.300 millones, como el año pasado. Pero el gasoil se encareció un 50%. Eso implica que la cartera de Guillermo Dietrich debería girarle más de $ 12.000 millones a los transportistas. Ese subsidio es para cubrir la diferencia entre el precio que pagaban los colectivos y el despachado por las petroleras.

Fuente: Clarín