24/09/18

Multa aplicada a camioneros por no respetar la conciliación obligatoria


Durante el mes de agosto pasado el Ministerio de Trabajo impuso una millonaria multa a la Federación de Camioneros, hecho éste que tuvo una importante repercusión en la opinión pública. Se lo vinculó a una interna de naturaleza política entre el Sr. Presidente y el Secretario general de esa organización. La Ley prevé esta sanción económica, es cierto, pero lo novedoso fue su aplicación dado que no se observan antecedentes en este aspecto. Inclusive la justicia de primera instancia ordenó llevar adelante el embargo de las cuentas bancarias de la Federación. La C.N.A.T. en un fallo dividido, pero digno de elogios se pronunció y dejó sin efecto el embargo, aunque ordenó un nuevo cálculo de su monto. No obstante, el valor de este fallo pasa por una serie de aspectos que no dejan de ser doctrina a considerar en el futuro, tanto para la Administración, los sindicatos, los empleadores y la comunidad en general.

La conciliación obligatoria, control y multa de la Ley 25.212

El MTESS había dispuesto una conciliación obligatoria en el marco de un conflicto colectivo de trabajo entre la Federación Nacional de Camioneros y la cámara empresaria que representa a esta actividad. Con fecha 28/12/2017, estando vigente dicha conciliación se registraron cese de actividades promovidos por la Federación. Ante una medida de acción directa llevada por un gremio, para dejar constancia de la misma, el M.T.E.S.S. suele enviar a los establecimientos verificadores quienes labran un acta circunstanciada de lo que relevan en los lugares de trabajo. En esa oportunidad, los inspectores relevaron alrededor de diez establecimientos donde en la mayoría de ellos se constató la realización de la medida de fuerza. Ante el incumplimiento del acatamiento por parte del sector sindical, previo trámite administrativo (que tuvo sus "idas y vueltas"), el MTESS dispuso (Resolución 296/2018) aplicar una cuantiosa multa la Federación. La fuente legal en que se basó la autoridad de aplicación son los artículos 4, inciso "f" y 5, inciso "a", punto 3 de la Ley 25.212. El primero nos dice que "son infracciones muy graves: f) La violación por cualquiera de las partes de las resoluciones dictadas con motivo de los procedimientos de conciliación obligatoria y arbitraje en conflictos colectivos. Y el punto 3, inciso "a" del artículo 5 dispone que "Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa del cincuenta por ciento (50%) al dos mil por ciento (2.000%) del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado". En suma, existe tipificación de una conducta a la que se le impone una sanción. Teniendo la Federación más de 182.000 trabajadores afiliados y siendo el 50% del SMVM de ese momento de $ 4.430 la multiplicación de estos dos valores arrojó una multa superior a los $ 800 millones. Podría decirse que al haber tomado el valor mínimo "le hicieron precio", pero si observamos el monto de la multiplicación su valor es excesivamente elevado. Lo novedoso no obstante, es la falta de antecedentes de la aplicación de esta normativa. Pero por otro lado el punto "4" del artículo 5 de esta Ley dispone que "Las sanciones previstas en el punto 3 del presente artículo por las conductas tipificadas en el inciso f) del artículo 4° del presente régimen, se aplicarán por cada uno de los trabajadores integrantes de la nómina del establecimiento o de los establecimientos involucrados."

La apelación previo pago - Recurso ante la CNAT y fallo

Ante sanciones administrativas en el marco de la Ley 25.212 como norma de sustantiva (de fondo), se aplica una norma adjetiva (de procedimiento) que en este caso es Ley de facto 18.695, la que dispone en su artículo 11 que "La resolución que imponga la multa podrá ser apelada previo pago de ésta, dentro de los Cinco (5) días hábiles administrativos de notificada." (1) La Federación si bien interpuso recurso de apelación ante el M.T.E.S.S, no pagó la multa. Por ello el M.T.E.S.S pidió el embargo preventivo ante la Justicia Nacional del Trabajo (juzgado N° 69), quien procedió conforme lo solicitado. La Federación interpuso recurso en queja ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT). Intervino la Sala I que luego de una audiencia de conciliación dictó con fecha 31/08/2018 sentencia definitiva. En fallo dividido se resuelve entre otras cosas: "Revocar parcialmente la resolución apelada y disponer que el Ministerio de Trabajo aplique el porcentaje del 50% del salario mínimo vital y móvil sobre cada uno de los trabajadores integrantes de la nómina del establecimiento o de los establecimientos involucrados en las inspecciones detalladas en el considerando 8º del voto mayoritario. Ordenar la devolución de la presente causa al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a sus efectos; Declarar la ineficacia del título ejecutivo en virtud del cual se viene llevando a cabo la ejecución fiscal y, por consiguiente, revocar la medida preventiva decretada en base a ese título; 4) Disponer el levantamiento del embargo preventivo decretado. Hacer saber al Sr. Juez de Primera Instancia que deberá instrumentar lo ordenado dentro de las 24 horas de recibida la causa y asimismo, realizar las comunicaciones pertinentes a las entidades bancarias embargantes."

Consideraciones del fallo de la Sala I

Nos permitimos entender que de este novedoso fallo surgen consideraciones más que relevantes y que merecen su estudio. El fallo en mayoría de la Dra. Hockl, remitiéndose a antecedentes de la C.S.J.N. entiende que el planteo de la Federación con respecto a la validez de la Ley 18.695, dictada en el marco de un gobierno de facto debe ser desestimado, indicando (entre otras cosas) que negar toda validez a las normas de facto llevaría a un caos normativo y que está, dicha validez, sujeta a que, explícita o implícitamente, el gobierno constitucional que lo suceda las reconozca.

La Ley 18.695, que en principio muchos creíamos dirigida exclusivamente a los empleadores (me incluyo en el error), también es aplicable a asociaciones sindicales cuando éstas incurran en conductas tipificadas en la Ley 25.212 como en este caso. Dice el fallo "De tal suerte, la alusión reiterada al "empleador imputado" no priva a la ley 18695 de su carácter reglamentario y procedimental para encuadrar y sancionar a las asociaciones sindicales si estas incurren en la situación contemplada en el art. 4º inc. f) ya citado. El uso del plural en el sustantivo "partes" de un conflicto colectivo permite incluir de una manera inequívoca a las entidades sindicales". Por otro lado se ratifica que la Ley 19.549 de procedimientos administrativos general, se aplica en forma supletoria en estos casos. Uno de los argumentos de defensa esgrimidos por la Federación consistió fue que la cuantía de la multa afectaría las prestaciones en materia de salud por partes de la obra social. Al respecto este planteo fue desestimado por que la Obra social es una persona jurídica diferente a la de la Federación, con su propia estructura administrativa, contable y de financiamiento. Por otro lado el imponer sanciones a sindicatos cuando estos violan una conciliación obligatoria no implica en modo alguno violentar el principio de Libertad Sindical que es rector del derecho colectivo del trabajo. A diferencia de lo que se declarara en forma pública por parte del Secretario General de la Federación, en ningún momento se atribuyó responsabilidad o se reprochó a la cartera laboral de haber violado este principio (libertad sindical). Como argumento de defensa de la Federación, esta manifestó que no se aplicaron "medidas de acción directa" sino asambleas informativas. Si "la asamblea informativa" se traduce en una alteración de las actividades productivas (en este caso el cese), y más aún cuando en la disposición que estableció la conciliación obligatoria se hizo referencia a esto, en realidad este tipo de asambleas son una medida de acción directa. Conclusión: No se puede "disfrazar" una huelga con una "asamblea", si ello implica la abstención concertada y colectiva de la regular prestación de servicios contra la voluntad del empleador, y esto es otro aspecto que entendemos se desprende del fallo.

La limitación de la multa

Dispone el fallo que la multa debe limitarse exclusivamente a los establecimientos inspeccionados: "Si los comportamientos tipificados en el mentado inciso f) del art. 4º de la ley encuentran una sanción inequívoca en el punto 4, segundo párrafo del art. 5º de la misma norma, no cabe sino concluir, sin hesitación, que el porcentaje del 50% aludido y vigente al momento de la constatación que estableció la autoridad administrativa del trabajo debía aplicarse a cada uno "de los trabajadores integrantes de la nómina del establecimiento o de los establecimientos involucrados". Por ende, el universo a considerar se limitará a los establecimientos inspeccionados y mencionados en el considerando 8º. Es evidente que la "ubicación" del dispositivo legal -en el contexto de las previsiones establecidas para las reincidencias- puede generar una primera perplejidad, producto de una evidente imperfección en la técnica legislativa (agregada por la ley 26941). Mas esa situación queda disipada por la especificidad del texto, que apunta indisputablemente a la situación contemplada en el ya recordado art. 4º inc. f) y, en tal supuesto, el porcentaje que discrecionalmente consideró la Administración (del 50% al 2000% del salario mínimo, vital y móvil vigente al momento de la constatación) -se reitera- corresponderá su aplicación del modo dispuesto por la norma señalada. En tales condiciones, y de acuerdo a lo establecido en el art.14 de la ley 18695, corresponde revocar parcialmente la resolución apelada y disponer que la sumariante aplique el porcentaje ya establecido del 50% del salario mínimo vital y móvil "sobre cada uno de los trabajadores integrantes de la nómina del establecimiento o de los establecimientos involucrados" (cfr. art. 5º, inc. 4º, ley 25.212) El exceso de punición que derivó de la aplicación fragmentada de la norma no prevista para el caso, se tradujo en la falta de proporción entre la infracción y la sanción, y su interdicción constituye una garantía aplicable a las sanciones administrativas que se sustenta en la garantía innominada de la razonabilidad, establecida en los arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional." En una palabra, al haber circunscripto la multa a los "establecimientos inspeccionados", se pasó de una multa impagable a una multa elevada pero pagable y la Federación deberá abonarla por haber incurrido en la conducta tipificada sobre la cual se prevé una sanción económica. Además la multa alcanza a los hechos corroborados y no pueden exceder este marco. Solución salomónica. Pero por otro lado deja en claro, y esto lo consideramos relevante, que la violación a las disposiciones en materia de conciliación obligatoria, son infracciones "muy graves" (como la Ley las califica) pasible de sanciones pecuniarias. Se ratifica que el procedimiento de conciliación obligatoria tiene como principal objetivo garantizar la paz social, lo que entendemos no deja de ser un valor de tutela, reconociéndole a la Administración una herramienta que consideramos efectiva para que las mismas sean acatadas (mucho más efectiva a que el MTESS solicite a la justicia la suspensión o cancelación de la personería gremial que prevé el art. 58 de la Ley 23.551), y que su aplicación no constituye en modo alguno ni una violación al derecho constitucional de huelga, ni tampoco al principio de Libertad sindical. Se reafirma así el principio del diálogo ante los conflictos colectivos de trabajo, el deber de buena fe de las partes que incluye el deber realizar esfuerzos conducentes para el alcance de acuerdos, y que la realización de medidas de acción directa sólo resulta ajustada a derecho como última instancia. Los sindicatos mantienen su derecho constitucional de recurrir a la huelga, pero luego de agotados los plazos previstos en la Ley 14.786 (de 15 días hábiles extendibles a 5 días más según la posibilidad de arribar a acuerdos).

Las empresas o cámaras que las representan, en el marco de una conciliación obligatoria deben ante todo cumplirla, es decir que durante ella no pueden despedir en forma incausada, suspender, etcétera, porque serán pasibles de multas, ya que en este contexto, reiteramos, el bien jurídico tutelado es la paz social. Por otro lado si en ese marco sufren la falta de acatamiento pueden por sí o por sus cámaras (si el conflicto es de actividad) dejar constancia del hecho y denunciar el incumplimiento sindical a la autoridad de aplicación a fin de que se instruya el correspondiente procedimiento sancionatorio. Por último, el fallo reafirma la autoridad de la administración, en el marco de su deber de intervenir en los conflictos colectivos, lo que no deja de ser saludable.

(1) El pago previo ("solvet et repet") a la revisión judicial o a la apelación (como ocurre en la justicia del trabajo de la Provincia de Buenos Aires), nunca dejó de resultarnos injusto y una limitación al derecho de defensa en juicio, tanto en el marco del derecho privado como en el derecho público aunque la justicia lo haya convalidado en reiterados pronunciamientos. Debería, a nuestro modo de ver, ser un instituto de excepción sujeta a criterios muy restrictivos y justificados. Merece un comentario aparte.

Fuente: El Cronista