06/09/18

Fuerte conflicto entre Gobierno y petroleras por precio del gas

• ES POR EL VALOR DEL DÓLAR A CONSIDERAR EN EL PRÓXIMO AUMENTO AL PÚBLICO. La devaluación provocó una encerrona: no hay margen para que las tarifas sigan subiendo, y no se quiere incrementar el gasto del Estado. YPF se verá muy perjudicada.


Para anunciar que las tarifas de gas no aumentarán más del 30% en octubre, la ahora secretaría de Energía está calculando un precio del producto de u$s 4,1 por millón de BTU a un tipo de cambio de $31,47 para el semestre que va hasta marzo de 2019. Pero esta estimación es fuertemente cuestionada por las petroleras, crearía un serio perjuicio a YPF y generaría la necesidad de girar más fondos del Estado para que la ex Enarsa cubra el costo de la importación.

La situación es extremadamente complicada porque todas las variables y proyecciones se modificaron con la corrida cambiaria que todavía no paró, y no hay espacio para que los usuarios residenciales y las pymes afronten un nuevo aumento sea cual sea el número definitivo.

El origen del problema está en la dolarización del precio del gas que el Gobierno no quiere resignar aunque ahora busque acotarlo en medio de la crisis cambiaria. También en la tablita ascendente en dólares para el valor en boca de pozo que había fijado el exministro Juan José Aranguren, y en el apego excesivamente estricto de ese funcionario a la legislación dictada para este servicio público durante la década del 90.

El punto es que el precio promedio del gas para todos los usuarios que no compran directamente, estaba en u$s4,68 en abril y en octubre debía ascender a u$s 5,20. Ahora, el Gobierno quiere bajar el precio a u$s4,10 por millón de BTU con el argumento de que sobra producto (lo cual llevaría a una importante alza en el próximo invierno cuando falte y no sobre).

En la audiencia pública que se hizo ayer en Capital Federal y en la que se hará hoy en Santiago del Estero no estuvieron ni van a estar las petroleras. YPF figuraba en el orden del día ayer, pero finalmente no se presentó por el desacuerdo que existe con el Gobierno. En tanto las distribuidoras calcularon un aumento del 31% para un usuario residencial de consumo medio (hasta 1000 metros cúbicos anuales) considerando la propuesta de la ex Enarsa que incluye un precio de u$s4,1 a un tipo de cambio de $31,47 durante el semestre octubre-marzo.

La primera objeción que suscita esa propuesta es que el Estado tendrá que cubrir con más fondos el déficit de la ex Enarsa si ésta compra el gas a Bolivia a alrededor de u$s6, y lo vende a las distribuidoras a u$s4,1 con valor del dólar que ya está 24% por encima de lo estimado en la propuesta.

El segundo problema es la situación de YPF que está fuertemente endeudada en dólares y ya disminuyó las inversiones previstas para el segundo semestre de este año. El riesgo es la desvalorización creciente de la petrolera de mayoría estatal que podría ser objeto de una oferta insignificante de compra en medio de los apuros fiscales del Gobierno.

Las petroleras, incluyendo YPF, aceptan la baja del precio a u$s4,1 pero pretenden que se tome como tipo de cambio el promedio del dólar futuro del Rofex para octubre-marzo, lo que hasta ayer arrojaba $45,49 por dólar.

Ese tipo de cambio implica un aumento del 44,5% sobre el precio del dólar de $31,47 de la propuesta de la ex Enarsa que es la impulsada por el Gobierno. Para el público significaría una suba del 95% en el precio del gas, y un alza de alrededor del 50% en las tarifas finales, porque también se ajustan los ingresos de transportistas y distribuidoras por lo menos en un 7,5%.

Además, el incremento sería todavía mayor desde enero porque desde esa fecha se trasladará a los usuarios en 24 cuotas mensuales, el impacto de la devaluación sobre el gas distribuido entre abril y septiembre. Sobre este aspecto, ya estaría decidido el mecanismo. Las distribuidoras tienen una deuda con las petroleras porque están pagando el gas a un dólar de $20,34 y por contrato debieron hacerlo al tipo de cambio vigente el día antes del pago.

Como las distribuidoras pagan el gas a las petroleras a los 75 días, para el gas de abril se usará el tipo de cambio de mediados de junio, la fecha efectiva de pago, y en forma igual todos los meses, hasta llega a septiembre que se empezará a pagar a mediados de diciembre al dólar que esté vigente en esa fecha.

Sin certezas sobre el tipo de cambio, no es fácil calcular la deuda total que se traspasará al público, porque además se le añadirán intereses que las distribuidoras deben a las petroleras, tal como está previsto en las normas de las licencias que no se modificaron. Tampoco queda claro si cuando se produzca un nuevo aumento en abril, la deuda se engrosará con la diferencia entre el tipo de cambio que se negocia ahora y el que efectivamente se registre.

El problema es tan complejo y tiene tantos aspectos a considerar que el Gobierno debería escuchar a los que afirman que hace falta un replanteo total de las tarifas de gas por parte de un grupo de expertos en el tema.

Fuente: Ámbito