04/07/18

Por qué la ley de Energías Renovables complica el mercado de trabajo




La ley de Energías Renovables se convertirá en un boomerang para miles de pymes, debido a que no solo no existen fuentes de financiación adecuadas para invertir en autogeneración con energías alternativas sino que pondrá en manos de contratos dolarizados el futuro de las fábricas y el complejo sistema de empleo. La ley que ya entró en vigencia, dispuso que cada empresa que registre una demanda de potencia igual o mayor a los 300 Kilowatts deberá incorporar el 8% del total de su consumo de energía con una proveniente de fuentes renovables al 31 de diciembre de 2017 y del 20% al 31 de diciembre de 2025.

Se estima que son unas 2500 empresas las que deberán cumplir con la ley. Estas empresas tienen tres opciones: Invertir en autogeneración con fuentes renovables; celebrar contratos con empresas privadas que generen energía eléctrica a partir de fuentes renovables; o comprar esa energía a CAMMESA.

La realidad es que al día de hoy muy pocas empresas están cumpliendo con los objetivos que exige la Ley. Y las inversiones privadas en generación a partir de fuentes renovables, demandarán tiempo y en la actualidad no existe suficiente oferta como para lograr el 8% del consumo.

Si una pyme con un consumo de 1000 KW decide invertir para cumplir la meta del 20% al 31 de diciembre de 2015, deberá contar con un terreno libre de, al menos, 5000 m2 y realizar una inversión total aproximada de 350.000 dólares. Sin líneas de financiación de largo plazo y con tasas subsidiadas para proyectos de inversión de autogeneración en Pymes, nada serviría.

Si esa misma fábrica decide contratar a una empresa generadora de energía renovable, deberá negociar un contrato con el precio del MWh en dólares; un plazo nunca menor a los 10 años; tipo "takeorpay" o sea que se debe pagar por la cantidad de energía contratada se consuma o no; y con una indemnización de rescisión que implica abonar el consumo que falte hasta llegar a los 10 años de plazo.

Esa misma pyme tiene la tercera y última opción a partir de comprarle a CAMMESA la energía renovable. Sin embargo, si hoy una empresa privada generadora de renovable está cotizando a 65 dólares el Mwh, en CAMMESA se estima que el precio promedio de 2018 será de u$s 77. Pero si decide o está impedida de pagar ese costo, la pyme no se adecua a la ley y la multa sería de aproximadamente u$s 200 por Mwh.

Por este motivo es que desde el IPA, señalamos que una obligación de consumo con la fuerza de una ley, y la falta de financiación adecuada para la inversión en autogeneración, exponen a una situación binaria entre perder competitividad o exponernos a un pasivo enorme con un contrato entre privados.

Si bien nuestros legisladores pensaron en las energías renovables, también deberían pensar cómo vamos a hacer las pymes industriales para poder cumplir con estas leyes dándonos opciones a nuestra medida y no dejándonos en un callejón sin salida entre la pérdida de competitividad y el riesgo de perder nuestra empresa.

Fuente: El Cronista