23/07/18

Energía: las altas tasas de interés complican la licitación del transporte eléctrico

Enchufes. Es una inversión total de US$2.300 millones. Las obras serán pagadas con tarifas durante 15 años con garantía estatal.


Medidores. La garantía estatal que contiene el proyecto de PPP limita la incertidumbre generada por la corrida cambiaria.

Desafiando las restricciones financieras del momento, el Gobierno se dispone a licitar a través del sistema de Participación Pública Privada (PPP) el tendido de la primera de las ocho nuevas líneas de transmisión del sistema eléctrico, paquete de obras de valor estimado en 2.300 millones de dólares. A pesar de las incógnitas macro, no faltan interesados en participar en un negocio de términos aún imprecisos, pero con garantía estatal que limita la incertidumbre de los contratos en moneda dura.

En pocos días estarán listos los prepliegos para convocar a concurso por el tramo de Río Diamante (Mendoza) con Charlone (Buenos Aires), que incluirá un tendido de 490 kilómetros de líneas de 500 kv de potencia, cinco tendidos de 132 kv y dos estaciones. El costo de este primer emprendimiento fue calculado oficiosamente en 640 millones de dólares y considerado clave para abrir el camino a los otro siete que están en carpeta.

La administración de Mauricio Macri apuesta a los PPP como la herramienta para reforzar la infraestructura sin desembolsos inmediatos de la caja pública. Y el ministro de Energía, Javier Iguacel, fue uno de los precursores en Vialidad de este método, que fuerza a la empresa privada a asegurar el financiamiento de la obra.

Según un anteproyecto de pliego que alistó ese ministerio, los contratistas de las líneas de tensión tendrán 33 meses para construirlas y quince años para cobrar mensualmente un canon en dólares que les permita recuperar la inversión y cubrir el costo de la operación y mantenimiento. Ganará el oferente calificado que pretenda cobrar menos.

La variante es que el fondo fiduciario que se constituirá para las líneas de alta tensión adelante al adjudicatario entre el 20 el 80% de aquel canon a través de la emisión de los Títulos para Invertir (TIP), bono que los tenedores podrán descontar en un banco o transferir libremente a un tercero. Una u otra forma de cobro definen la ecuación, en la que la tasa de interés es un ítem crucial.

“La clave es quién hace el negocio”, especulaba ante el Económico un funcionario ligado al tema. El esquema PPP exime al Estado de desembolsar de inmediato el dinero pero no de comprometer recursos. Las líneas serán repagadas con un cargo adicional sobre las tarifas, que promete ser modesto con relación al precio total. Pero si lo que se recauda por esta vía no es suficiente, los pliegos comprometerán directamente a la caja pública, que aportará la diferencia.

Como en todos los contratos bajo PPP, se genera un pasivo contingente que, en este caso, comenzará a figurar en el presupuesto recién cuando la obra esté terminada. Un recurso contable que cuenta con la anuencia del Fondo Monetario Internacional y evitará que estos emprendimientos suban el déficit durante el mandato macrista.

Pero a pesar de la garantía estatal, los cimbronazos de la macroeconomía están complicando no sólo el cierre financiero de las propuestas sino la constitución de garantías de oferta. Los bancos extranjeros están renuentes y los locales muy exigentes, lo que se traduce en la imposición de tasas de interés más altas que las que se previeron los potenciales oferentes cuando concibieron el proyecto.

También la construcción de usinas eólicas o solares, contratadas bajo el sistema tradicional de obra pública, están con dificultades en este sentido, aunque tienen el potente respaldo de un millonario fondo integrado con dinero público, garantía del Banco Mundial y hasta la chance de que se estatice el proyecto si fracasa.

En las obras viales, licitadas por PPP, hay otros tropezones. Helport (Corporación América) logró alzarse con una de las rutas licitadas con una oferta un 40% más baja que la de sus rivales, pero justamente esa sospechosa brecha, sumada a los ruidos del mercado, hizo que las entidades financieras apalabradas empezaran a cerrarle la puerta.

Camino sin curvas Sin embargo, los administradores públicos están seguros de que no hay otra opción. Hay en curso 226 proyectos de generación eléctrica, la mitad de ellos renovables. Esto implicará que en el corto plazo habrá casi 10 mil megawatts adicionales, que tienen que llegar a los principales centros de consumo, so pena de que las nuevas usinas no puedan hacer su aporte al sistema. Esa eventualidad sería un desperdicio caro para el Estado, que tendría que pagar por la potencia puesta a disposición y no utilizada.

En el seno del Gobierno hubo una discusión acerca de por qué esta cuestión no se resolvió antes de que empezaran a construirse las usinas que están en marcha. En los despachos oficiales no se habla de colapso si el transporte no se robustece, pero sí de congestión, sobrecostos y límite para que siga aumentando la oferta eléctrica.

Otro punto sensible no resuelto para el transporte eléctrico es el componente nacional de cada obra. Según la ley de PPP, el 33% de bienes y servicios de estas contrataciones tienen que ser locales. Una definición muy vaga, que es necesario precisar en pliegos.

Bajo la gestión de Juan José Aranguren, Energía resolvió que este punto no era de su competencia. Producción elaboró un documento que mapea a los potenciales proveedores argentinos y el tema recaló en Hacienda. Finalmente, determinar si la ingeniería forma o no parte de la cuota de bienes locales podría habilitar el negocio a uno y cerrárselo a otros. Incógnitas al margen, hay varios esperando los prepliegos para comentar y proponer modificaciones a su provecho.

Mitsubishi (Japón), Hyundai (Corea del Sur), Camargo Correa (Brasil), ISA (Colombia), Power China (China), entre otras extranjeras. Techint Construcciones, Cartellone, Sacde, Roggio, Electroingeniería, Rovella Carranza, Distrocuyo, entre las locales.

Transener, la transportadora liderada por Pampa Energía en plena privatización de acciones estatales, podría participar, a pesar de que por su papel monopólico en la transmisión le corresponde supervisar la obra por una comisión del 3% del valor de cada emprendimiento fiscalizado.

Energía promete incluir en pliego una cláusula que “equilibrará” la ventaja competitiva natural que la empresa gerenciada por Marcelo Mindlin tendrá en el concurso si gana una línea: debería subcontratar para la supervisión.

Fuente: Clarín