21/06/18

Estacionamiento: otra vez la Justicia frenó el plan para modernizar el sistema de grúas

Un juez porteño anuló la ley que llamó a una nueva licitación. Las dos empresas de acarreo trabajan con contrato vencido desde 2001. Y suman quejas de los vecinos.


El acarreo es uno de los servicios más cuestionados por los vecinos. Foto: Mario Quinteros

En una contienda jurídica que lleva casi cuatro años, cuando el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri intentó por primera vez ampliar el estacionamiento medido en la Ciudad, las autoridades porteñas volvieron a recibir un fuerte revés por parte de la Justicia. Un juez declaró inconstitucionales los artículos que autorizan la relicitación del servicio y su expansión a los barrios.

Así, y hasta tanto se resuelva la disputa judicial o se rehaga la ley, las concesionarias STO y SEC seguirán operando como desde 2001: con contrato vencido y prorrogado. Se trata de un servicio que acumula quejas de los vecinos (ver "Servicio cuestionado...").

La medida fue firmada por Francisco Ferrer, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 23. Decidió que varios artículos de la ley N° 5.728 (modificatoria de la ley N° 4.888), que autorizó la licitación, son inconstitucionales. Fue en el marco de un recurso de amparo presentado por Gustavo Desplats, asesor del ex legislador Gustavo Vera, con el apoyo del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una organización que suele presentarse ante la Justicia contra medidas impulsadas por el Gobierno porteño.

La ley fue aprobada en 2016 con 33 votos, del PRO y la Coalición Cívica. Planteaba autorizar la licitación del servicio de acarreo de vehículos por diez años. Pero según plantearon los amparistas, y ahora aceptó el juez, debería haber sido sancionada por 40 votos y con una aprobación en "doble lectura" que incluyera una audiencia pública intermedia.

El juez argumentó que las leyes "toda vez que disponen sobre bienes inmuebles de la Ciudad, a la vez que establecen concesiones y constituyen derechos sobre el dominio público por un plazo que supera los cinco años, debieron haber contado para su sanción con la mayoría agravada" de 40 votos.

En la Secretaría de Tránsito y Transporte confirmaron que apelarán el fallo. Entienden que el estacionamiento medido es "un servicio público de control y regulación del tránsito, por lo que no es necesario someter el tratamiento de la ley a un procedimiento de doble lectura". Y citaron que en 2014, en una situación similar, la Cámara de Apelaciones ya les había dado la razón en este sentido.

Con esta novedad, el Gobierno porteño deberá definir sin dilaciones la situación del estacionamiento medido. Los tiempos legales disponen que si en el plazo de 18 meses, contados a partir de la promulgación de la frenada ley, no se adjudicaba la concesión del sistema, el Poder Ejecutivo deberá proceder a brindar el servicio público por sí. O sea: estatizar las grúas. Este plazo venció el pasado 9 de junio, con lo cual, los amparistas entienden que la Ciudad deberá asumir la prestación del servicio "inmediatamente".

Desde el Gobierno porteño, en cambio, dicen que, como esa cláusula estuvo suspendida, los plazos no se vencieron y, por lo tanto, no existe necesidad de estatizar.

Ya durante la gestión de Aníbal Ibarra se había intentado renovar la concesión, sin éxito. Desde la llegada del macrismo a la Ciudad, en 2007, hubo cuatro antecedentes fallidos. La única certeza es que el estacionamiento medido, que está atado al sistema de acarreo, sigue engrosando las arcas de las dos concesionarias que manejan el negocio con un contrato vencido desde 2001. Las operadoras STO y SEC se reparten el norte y sur de la zona concesionada, levantan cerca de 13.000 autos al mes y recaudan más de $ 8.500.000 entre ambas. Por este ingreso, le abonan al Estado el módico canon de $ 55.000 mensuales cada una.

El plan de llevar las grúas a los barrios tampoco resulta del todo satisfactorios para los vecinos, legisladores opositores y entidades civiles. En alerta están, sobre todo, quienes viven en los barrios más alejados del Centro y se verían afectados por el nuevo mapa de estacionamiento medido.

Es que el proyecto plantea que las dos zonas donde funciona actualmente se amplíen a cinco, y de las 4.000 plazas tarifadas que hoy existen para aparcar se pase a unas 80.000 (sobre un total de 350.000 plazas disponibles). Según el Observatorio, esto representa el 23% del total de lugares posibles del que se dispone en Buenos Aires. En cuadras, de las cerca de 24.400 que hay, 10.000 quedarían alcanzadas por la medida.

Además, las grúas serían controladas por el Estado porteño, la recaudación sería para el Fisco y las empresas sólo cobrarían un canon por su prestación. Las grúas trabajarían en 14 de las 15 Comunas, y estarían vigiladas con GPS y filmaciones.

En paralelo a la cuestionada licitación de las grúas, el Gobierno porteño trabaja en el sistema de parquímetros. Las obsoletas ticketeras serían reemplazadas por 2.200 terminales que harán posible abonar, renovar y encontrar una plaza desde el celular y otras tecnologías.

Si bien esta otra licitación no está alcanzada por el fallo del juez Ferrer, tampoco puede avanzar en la medida en que no quede establecido el nuevo servicio de estacionamiento medido, según explicaron en el Gobierno porteño. Mientras tanto, habrá que seguir pagando con monedas, el único sistema que aceptan las tickeadoras.

Las nuevas terminales permitirán el pago con tarjeta de crédito, débito y SUBE, y reemplazarán el ticket en papel (que ya no deberá ser exhibido en el parabrisas) por una factura digital. A su vez, desde una aplicación se podrá renovar el tiempo de estacionamiento de manera remota, y acceder a un mapa de oferta para conocer la disponibilidad de espacios.

Con el sistema renovado se prevé implementar dos tipos de tarifas: una progresiva en los lugares de alta densidad comercial, como se los considera al eje Cabildo-Santa Fe, Rivadavia a la altura de Almagro y Caballito, o Puerto Madero. La primera hora se abonará a un precio, la segunda a uno más alto, y así sucesivamente. Mientras que en las zonas con menos demanda de estacionamiento y flujo de tránsito regirá una tarifa plana.

Fuente: Clarín