27/06/18

Cae una banda que vendía ilegalmente obleas de la VTV con complicidad de las plantas

Hay 18 involucrados, entre los que aparecen empleados de los centros oficiales de Llavallol y Adrogué. Ofrecían los comprobantes reales de la Verificación Técnica Vehicular a cambio de unos 2.000 pesos, sin necesidad de llevar el auto al taller.


Fácil, rápido, sin esperas y sin riesgo de rebotar. Eso sí, el trámite era más caro que la vía regular y se pagaba en efectivo. Pero a través de la “mafia de la VTV paralela” uno podía tener la oblea de la Verificación Técnica Vehicular al día pegada en el parabrisas del auto y seguir circulando tranquilo, por más que el coche en realidad no hubiera pasado ningún control ni estuviera en condiciones.

La banda promocionaba sus servicios por las redes sociales y ofrecía la calcomanía de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) por 2.000 pesos. Tras seis meses de investigación, escuchas telefónicas y 20 allanamientos, la Policía Bonaerense detuvo a 4 empleados de la planta de Llavallol y a otras 14 personas acusadas de “asociación ilícita, estafa y cohecho (coimas) activo y pasivo”.

Las sospechas de los investigadores comenzaron a partir de publicaciones en Facebook, algunas de perfiles truchos, en las que se ofrecía el “trámite aprobado” con o sin necesidad de presentarse en la planta y sin importar el estado del vehículo, según dijeron fuentes del caso a Clarín.

Con este indicio, la Jefatura Departamental de Almirante Brown comenzó una investigación de oficio con la autorización de los fiscales Alejandro Alleno y Pablo Rossi, de la Fiscalía de Delitos Económicos de Lomas de Zamora, que ordenaron escuchas telefónicas a la línea de una de las usuarias que ofrecía las obleas. Así se descubrió que la mujer operaba junto a sus hijas y le compraba las obleas directamente a un proveedor oficial. Esta conexión, a su vez, abrió más ramificaciones del negocio clandestino. Incluso se pudo dar con un comprador mayorista, dueño de un estudio jurídico de Lomas de Zamora que compraba 30 obleas con sus respectivos formularios por semana.

Actualmente, la VTV para un auto de hasta 2.500 kilos cuesta legalmente desde 811 pesos (para los que tienen la verificación vigente) a 876 pesos (en el caso de los trámites vencidos). Para hacerla, primero hay que sacar un turno y luego pasar las pruebas en una de las plantas oficiales (concesionadas) que dependen del Ministerio de Vivienda, Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia. En caso de que el auto no esté en las condiciones mínimas para circular, hay que repararlo y volver a los 30 días. Para evitar ese trastorno, la pérdida de tiempo y los gastos en el taller, la banda ofrecía adquirir la oblea con el formulario “aprobado” y sin necesidad de ir a la planta. Todo se podía arreglar pasando los datos del auto por Whatsapp y sin moverse de casa. En diciembre ofrecían este “servicio” por 1.800 pesos pero en los últimos días el trámite trucho ya se cobraba entre 2.000 y 2.500 pesos.

Otra de las modalidades que usaba “la mafia de las VTV truchas” era “hacer” la revisación a una planta sin turno, someterlo a “revisión” pero con el resultado final asegurado a cambio de una coima.

Durante los seis meses en los que la Policía le siguió los pasos a la banda, se descubrió que los implicados dejaron de comprarle las planchas con obleas al proveedor y las conseguían directamente de las plantas verificadoras de Llavallol y Adrogué. Por eso, entre los 18 detenidos hay cuatro empleados, incluido el encargado de la sede Llavallol.

El allanamiento más grande fue el martes en la planta de Lavallol, donde cayeron Diego Santillán (23, auxiliar mecánico), Paula Victoria de Palma (30) y Daniela Da Rosa (25, cajeras).

En un estudio jurídico ubicado en Molina Arrieta al 2300, de Lomas de Zamora, detuvieron a una mujer que se hacía pasar por abogada, a su hijo (que entregaba las obleas) y a una empleada, que se encargaría de bajar los datos y completar los formularios.

Los detenidos quedaron imputados por “asociación ilícita, falsificación de documentación propiedad automotor para la circulación, cohecho activo, cohecho pasivo y lavado de activos”.

“Esto es un caso más de lucha contra las organizaciones delictivas y las mafias”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. “Las personas que estafan a los ciudadanos de buena fe, a los trabajadores, tienen que estar atrás de las rejas”, agregó.

Las plantas de verificación técnica en la Provincia son manejadas (concesiones mediante) por privados. Fuentes del Ministerio de Vivienda e Infraestructura señalaron a Clarín que están analizando la responsabilidad de las empresas a cargo de explotar el servicio en Llavallol y Adrogué y que buscan determinar si la Provincia fue damnificada en el caso.

Fuente: Clarín