28/05/18

Las provincias deben más de $15.000 millones en luz eléctrica

Juicio. Sólo hay una distribuidora privada. Ya hay dos cooperativas que están en tribunales y dos provinciales a punto de llegar a la Justicia.


La energía de la discordia. Las deudas de las distribuidoras provinciales pueden terminar en la Justicia. Pero hay trabas políticas que pueden complicar los juicios.

Distribuidoras eléctricas del interior del país, la mayoría de propiedad estatal, le deben al sistema mayorista eléctrico más de 15.000 millones de pesos. La deuda de dos cooperativas chubutenses ya fue judicializada y, de primar la línea dura dentro del Gobierno, las de Catamarca y Córdoba están a punto de recalar en los tribunales para el inicio de un juicio ejecutivo que congelará sus cuentas, paralizándolas de hecho.

El número surge de registros oficiales al 15 de mayo, en los que se consignan obligaciones impagas conjuntas por 15.190 millones de pesos. Al tipo de cambio actual, unos 600 millones de dólares, correspondientes a firmas localizadas en once jurisdicciones y de las cuales sólo la rionegrina Edersa es privada.

La acreedora es Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), en su condición de intermediaria entre las empresas que generan electricidad y las que la distribuyen y, por este hecho, vehículo de los subsidios que afronta el Tesoro para cerrar la brecha entre lo que cobran unas y pagan las otras.

Las cooperativas eléctricas chubutenses, Sarmiento y Trelew, ya discuten en tribunales con la Nación por un monto conjunto de casi 723 millones de pesos, cifra que a la fecha se catapultó a 1.860 millones por el suministro posterior al inicio del juicio, que tampoco pagaron. Con obligaciones pendientes a la semana pasada por algo más de 2.837 millones y 2509 millones de pesos, respectivamente, Corrientes y Córdoba lideran la troupe de morosas. En rigor, se trata de las firmas provinciales Dpec y Epec.

Los desquicios administrativos de la distribuidora mediterránea la ponen reiteradamente en cuadro de morosas crónicas, esta vez, con el agravante de un conflicto gremial que en las últimas semanas limitó su actividad al mínimo. Pero también la distingue el hecho de pertenecer a una provincia administrada por Juan Schiaretti, un amigo político del presidente Mauricio Macri que trató de apoyarlo en el reciente debate sobre tarifas reivindicando la potestad de la Nación para fijarlas.

No pagar la energía que distribuyen fue un recurso bastante a mano de empresas del interior, quizás a sabiendas de que resulta muy complejo accionar en su contra, más allá de las restricciones políticas que tenga en cada etapa la Casa Rosada. No es legalmente posible echar mano de la coparticipación federal para retener el importe adeudado, entre otras razones porque Cammesa es una empresa privada (con gestión del Estado, que posee el 20%), aunque administre los fondos públicos de los subsidios eléctricos. Tampoco es factible interrumpirle el suministro, ya que se trata de un servicio público básico. Sí es viable un juicio ejecutivo que congele sus cuentas.

La chaqueña Secheep y Energía de Catamarca, ambas estatales, también están en la picota con deudas por 2.454 y 2150 millones de pesos, lo que implica que las triplicaron desde enero del 2016. En muchos casos la falta de pago es previa al reajuste tarifario en todos los segmentos que comenzó con la administración de Mauricio Macri y ya fue objeto de negociaciones y planes de pago, a veces respetados, otras vulnerados.

Todas las distribuidoras del país pagan el mismo valor por su insumo, que hoy está alrededor de 1.100 pesos el megawatt hora, por debajo de los 1.400 que tenía como precio real antes de la devaluación. Que sea aquel monto y no éste es una decisión del Ministerio de Energía, que Cammesa se limita a ejecutar, cobrando a unos y pagando a otros según esa instrucción y con la ayuda del Tesoro.

Previsiblemente, con la reciente devaluación el precio de la generación subirá, ya que más de la mitad de la energía térmica depende de combustibles dolarizados. Sea el gas local, el GLP o gasoil o fueloil importado. Dato que agrava los problemas, en esta oportunidad del fisco, que lo absorbió con más subsidios.

A ese precio se le añaden el transporte y el “valor agregado de distribución”, margen que difiere grandemente de una empresa a otra y que depende de las regulaciones locales. De ahí que el valor de la electricidad cambie, y mucho, de una provincia a otra.

En el ardiente debate sobre el proyecto de la oposición para retrotraer las tarifas a noviembre, algunos gobernadores alzaron sus voces para defender la potestad provincial de fijar el precio de los servicios públicos y, al mismo tiempo, para destacar que el problema de los millonarios subsidios energéticos son fundamentalmente para beneficiar a los usuarios del área metropolitana. Una verdad sólo parcial.

El salteño Juan Manuel Urtubey salió al ruedo días atrás para reclamar que la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia se hagan cargo de negociar por sí mismas con Edenor y Edesur, entre las más limitadas cuando el cuadro tarifario estuvo congelado. En el mismo comunicado, el gobernador de Salta apuntó que el problema es que el costo de generación “es el doble” del que se paga en otras regiones, un intento de desviar la mira de lo que ocurre con la distribución, responsabilidad federal.

En cualquier caso, hay un punto atendible en la visión salteña, que sugiere un debate pendiente sobre la cuestión de fondo: por qué el gas y la electricidad cuestan lo que cuestan y cuál es el parámetro más apropiado para determinar esos valores. Como correlato, a quién le corresponde hacerlo.

Un dato fuera de discusión es que la cobrabilidad de Cammesa a marzo era del 86%, porcentaje que tras el cimbronazo cambiario y en un contexto de restricciones fiscales podría derrapar fácilmente al magro 48% que registró a mediados del 2016. La situación es de gran delicadeza técnica y política. Consentir el no pago no es sostenible pero avanzar con pleitos también puede agravar la situación del sistema y mal disponer para otras negociaciones a los gobernadores, incluso a los afines como Schiaretti.

Ni a Julio de Vido le fue fácil disciplinar a las distribuidoras del interior. Para congelar sus precios el ex ministro de Planificación les prometió obras de infraestructura que en algunos casos se realizaron con generosidad y en otros quedaron pendientes, dejando a algunos estados del interior con saldo a favor por este concepto.

Fuente: Clarín