17/05/18

La Justicia levantó los amparos que frenaron las obras de las centrales termoeléctricas de Pilar

Con un fuerte cuestionamiento al accionar de la entidad ambientalista que sin pruebas sólidas había llevado adelante la movida judicial, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín resolvió rechazar las medidas cautelares que durante más de seis meses frenaron la terminación de las obras y la entrada en servicio de las centrales termoeléctricas de Pilar.


En un extenso fallo, los camaristas federales desestimaron “la acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva” impulsada por la ONG Juvevir por la inexistencia de "caso o causa o controversia” que justifique la intervención de la Justicia.

De esta manera, quedaron sin efecto los amparos que había concedido a fines de noviembre de 2017 el juez federal, Adrián González Charvay y que implicaron la suspensión de la construcción y operación de las centrales térmicas que las empresas APR Energy y Araucaria Energy tienen instaladas en el partido bonaerense de Pilar.

La decisión de Charvay—a quien el fallo de la Cámara también dejó mal parado por no haber evaluado de manera seria y razonable las pruebas y el alcance de la denuncia—impidió la incorporación en tiempo y forma de 480 MW al sistema eléctrico nacional que están destinados a reforzar y garantizar el abastecimiento energético de la Capital Federal y la región metropolitana.

Con las firmas de los magistrados Juan Pablo Salas y Agustín Lugones, el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín se fundamentó en los siguientes argumentos y conclusiones:

--A la luz de la doctrina de la Corte, la pretensión de los actores dirigida a la prevención de un potencial daño al ambiente, no constituye "causa" o "caso contencioso" que permita la intervención del Poder Judicial de la Nación.

--Quien pretende la admisión de la tutela inhibitoria, debe acreditar, con suficiente verosimilitud, que existe un riesgo cierto de que el daño se produzca, o de que se agrave el ya producido, pero no es suficiente la mera invocación de un temor hipotético o eventual.

--El interesado deberá acreditar el referido extremo con prueba directa, o mediante indicios, del peligro que invoca. Queda claro, pues, que debe haber una amenaza seria y razonable de que el daño previsiblemente ocurrirá de no mediar una conducta contraria que tienda a evitarlo.

--No puede soslayarse, que los accionantes se limitaron a invocar un perjuicio que aparece como remoto o conjetural, al fundarse en los eventuales daños que podría ocasionar el funcionamiento de las termoeléctricas Matheu II y Matheu III.

--No puede perderse de vista que el O.P.D.S. dejó establecido que la obra quedaba condicionada al estricto cumplimiento de los requisitos que constaban en el Anexo I de la resolución N° 069/17, y que la Autoridad del Agua indicó qué cuestiones debían cumplirse. Respecto a la prefactibilidad hidráulica, la dejó condicionada a la presentación de la documentación técnica. En torno a la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, dejó sentado que las perforaciones de explotación deberán contar con dispositivos adecuados para la toma de muestras, medición de caudal y registro de nivel estático y dinámico. En cuanto a la prefactibilidad de vuelco de efluentes líquidos cloacales, dijo que debería acreditarse la autorización fehaciente de la utilización, extendida por el responsable de la misma, al momento de presentar la documentación técnica definitiva. Y el Concejo Deliberante de Pilar, a través de la resolución 865, requirió también el cumplimiento de diversas cuestiones, lo que da clara muestra que a la fecha la Central Termoeléctrica todavía no se encuentra habilitada para funcionar.

--Es decir, recién una vez que se verifique el cumplimiento de los distintos requisitos a los que se hizo referencia y cada una de las autoridades de aplicación intervinientes –dentro del marco de sus respectivas competencias- se expidan de modo acabado y definitivo en las materias que les incumben y el municipio también lo haga del mismo modo sobre la habilitación que autorice el inicio de la actividad de la Central, existiría – eventualmente y según el sentido de cada una de esas decisiones- la posibilidad de que surja una cuestión susceptible de ser traída a conocimiento de la justicia.

--En efecto, una solución distinta a la aquí propuesta implicaría que la justicia se inmiscuya y reemplace a organismos en cuestiones propias de sus competencias. Al respecto, no debe olvidarse que el ingente papel que en el ejercicio de sus funciones incumbe a los jueces no llega hasta la facultad de instituir la ley misma o de suplir en la decisión e implementación a otros poderes del Estado, siendo entonces la misión más delicada de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que le incumben a los otros poderes o jurisdicciones.

--Como lo ha expresado la Corte en la causa “Prodelco c/PEN s/ Amparo”” (…) la restricción en la actuación del Poder Judicial (…) es de orden constitucional y fundado en el principio básico del sistema republicano de gobierno: la división de poderes, y en nada impide el ejercicio del deber –también constitucional- de controlar y revisar los actos de los otros poderes. Ello, por cuanto (…) la facultad de revisión judicial halla un límite que se encuentra ubicado en el ejercicio regular de las funciones privativas de los poderes políticos del Estado (…) el control de legalidad administrativa y el control de constitucionalidad que compete a los jueces en ejercicio del poder jurisdiccional no comprende la facultad de sustituir a la Administración en la determinación de políticas o en la apreciación de oportunidad”.

--En este orden de ideas y dadas las circunstancias expuestas, este Tribunal considera que en las presentes no concurre el requisito de "caso", "causa" o "controversia" indispensable para el ejercicio del control encomendado al poder judicial.

--La conclusión alcanzada lleva a desestimar la acción preventiva de daño interpuesta y exime al Tribunal de considerar los agravios de la recurrente, toda vez que la forma en que se decide torna abstracto su tratamiento.