24/05/18

Buscan que subte sea “servicio esencial” para frenar los paros

Estrategia del Ministerio de trabajo junto con el Gobierno Porteño. El plan que elabora el equipo de Jorge Triaca apunta a encorsetar el margen de acción de los “metrodelegados” y sostener la alianza con el gremio aliado UTA.


Ideólogo. El ministro Jorge Triaca, en un acto ayer. Es el impulsor del plan para poner límites a los paros en el subte y para eso se garantizó una composición afín de la comisión que debe regular los servicios esenciales.

El Gobierno intentará forzar la declaración del subte como servicio esencial para ponerle límites al derecho de huelga por parte de los representantes gremiales del sector. El planteo afrontará obstáculos legales y administrativos, pero forma parte de un plan que elaboran el Ministerio de Trabajo y el Gobierno porteño para arrinconar a los "metrodelegados" y sostener, en paralelo, la alianza con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). De prosperar la iniciativa, los paros en el subte estarían sujetos a más condicionantes y sus organizadores estarían obligados a programar la prestación de servicios mínimos.

La calificación de "servicio esencial" considera que su interrupción implica un riesgo para la vida, la salud o la seguridad de la población. Según los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se aplica a los servicios sanitarios y hospitalarios; la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control aéreo, pero puede extenderse a otros rubros en caso de que la extensión de una medida de fuerza pudiese causar similares perjuicios.

La clave del plan oficial es la Comisión de Garantías que funciona en la órbita de la cartera laboral y que tiene como única tarea dictaminar sobre qué servicios pueden incorporarse a esa categoría a partir de la vigencia de una huelga. La actuación del organismo suele arrancar ante la presentación de un expediente por un declarado como afectado por la medida de fuerza, por lo general administraciones provinciales o municipales.

En los últimos días hubo indicios de que la administración de Mauricio Macri preparaba esta estrategia. A principios de mayo, a través del Decreto 387, con la firma del Presidente y del jefe de la cartera laboral, Jorge Triaca, quedó conformada la nueva integración de la comisión. Incluso de sus diez miembros sólo fueron nombrados ocho de manera provisoria por falta de presentación de candidatos por parte de una de las organizaciones que la integran.

La composición del órgano es a priori favorable al Ejecutivo. De sus miembros, dos son nombrados de forma directa por el Gobierno, y el resto se reparten entre la Unión Industrial (UIA), la CGT, la Academia nacional de Derecho y Ciencias Sociales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Hasta 2015 participaba también la CTA, pero desde la asunción de la nueva gestión la central alterna quedó al margen.

Los titulares son Miguel de Virgiliis, exsubsecretario de Trabajo porteño en la primera gestión de Macri en la Ciudad, y un habitual objetor del derecho de huelga; Alberto Tomassone, abogado del gremio de Comercio, que lidera Armando Cavalieri; Juan José Etala, representante de la UIA y de Sbase, la administradora del subte -en esta condición está obligado a excusarse de intervenir en un conflicto en la actividad), y Miguel Berri, integrante de la Fiscalía de Estado bonaerense y de la CIN.

Los "alternos" son Mariano Emiliani, exfuncionario porteño y asesor de la Sociedad Rural Argentina; Julio Cordero, directivo de Techint (la multinacional de origen argentino ya cuenta con un viceministro de Trabajo, Miguel Ponte, autor de la frase "comer y descomer" para identificar el proceso ideal de contratación y despido); Marta Pujadas, asesora del gremio de la construcción Uocra, y Juan Ignacio Orsini, juez laboral en La Plata y profesor universitario.

De todos modos, en ese cuerpo colegiado le dijeron a este diario que el plan oficial tendrá dificultades. Para el ingreso de un expediente a la Comisión debería producirse un conflicto en el subte que cumpliera con los requisitos que ameritasen su intervención: es decir, que la duración de una huelga pudiese afectar la salud, la vida o la seguridad de la población porteña o de los usuarios de otros distritos, y que no hubiese suficiente disponibilidad de medios de transporte alternativos.

En caso de considerarse servicio esencial, la representación sindical en el subte, que en la actualidad mayoritariamente corresponde a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsyp, los "metrodelegados"), debería garantizar el establecimiento de un cronograma mínimo de formaciones durante la vigencia de la medida de fuerza. Fuente: Ámbito