10/04/18

Problemas para controlar los contratos de obras públicas

Una ley le asigna a la AGN la tarea de supervisar contratos de propiedad participada. Pero le faltan recursos.


El PPP fue pensado para financiar grandes obras públicas de infraestructura.

La Auditoría General de la Nación (AGN) tiene serias dificultades para controlar los Programas de Propiedad Participada (PPP), gran herramienta oficial para costear infraestructura sin desembolsos inmediatos de la caja pública. Esa restricción podría privar de fiscalización apropiada a un conjunto de emprendimientos a licitar en los próximos años por un valor estimado de US$130 mil millones, deuda estatal que honrarán las próximas administraciones.

El PPP es un mecanismo para ejecutar obra pública a través de un privado que asume la responsabilidad de ejecutarla y financiarla a cambio de una retribución que puede asumir formas diversas. Desde el pago contra entrega a la licencia para operar comercialmente un servicio, en cualquier caso, con garantía pública.

Sea un puente, una ruta, un hospital o un tendido eléctrico, una de las particularidades de este sistema es que esos emprendimientos no están bajo la ley de Obra Pública, ni el reglamento de contrataciones de la administración nacional, con lo que el seguimiento de esos contratos no es competencia de los órganos de contralor habituales.

Según subraya el paper de una empresa con interés en participar en los concursos que realizará la Nación bajo este régimen, tampoco le cabe “las pautas de cancelación en moneda nacional de deudas contraídas en moneda extranjera (artículo 765 del Código Civil y Comercial) ni la prohibición de indexación”. Esto propicia que se consoliden obligaciones estatales en moneda dura y ajustables, con la consecuente imprevisibilidad sobre los futuros presupuestos públicos.

Controles con excesos

Este régimen de inversión jurídicamente particular fue creado por la ley 27.328, que proporciona un marco general, ajustado por la reglamentación. Sin embargo, hay precisiones de los contratos a firmar con las empresas privadas que quedan al arbitrio de cada ministerio público firmante, lo que añade otra cuota de incertidumbre.

El artículo 22 de aquella norma ordena a la AGN “incluir en cada plan de acción anual la auditoría de la totalidad de los contratos de participación público-privada existentes, su desarrollo y resultado”. Quizás un recurso para subsanar la orfandad en el control.

Pero esa orden excede las atribuciones naturales de la Auditoría, órgano colegiado que depende del Congreso de la Nación y que, a pesar de sus actuales esfuerzos para acortar el tiempo de sus informes, éstos son siempre ex post, nunca en tiempo real. El organismo hoy no cuenta con personal idóneo suficiente para cumplir esa misión, algo que su propio presidente, Oscar Lamberto, reconoció ante el Económico. “La ley de PPP está pasando por encima a la que crea a la Auditoría”, advierte.

Los límites reales para la tarea encomendada fueron explicados al ministro de Hacienda. Nicolás Dujovne comprende los reparos de los auditores, pero por ahora no parece dispuesto a alzar la voz por esta cuestión.

A pesar de esas dudas, la AGN acató la orden e incluyó en el plan anual de auditoría que eleva al Parlamento el análisis de los seis contratos que hasta ahora firmó el Estado para la conclusión y mantenimiento de rutas bonaerenses con la modalidad de PPP. Claro que el volumen de trabajo podría ser mucho mayor si se cumplen las expectativas oficiales sobre este mecanismo de financiación de la obra pública.

La ley de Presupuesto de este año avala un programa para concursar bajo este régimen emprendimientos que tendrán un valor conjunto de US$130.000 millones, según surge de dos planillas anexas (una con obras por US$110.000 y otra por US$20.000 millones, respectivamente). Aunque en algunos casos el emprendimiento puede repagarse otorgándole a la constructora el derecho de explotación y el cobro de alguna tarifa o canon a los usuarios, la modalidad más probable es el repago directo a través de la caja estatal.

De ahí que Lamberto asuma que esa cifra equivale a deuda en moneda dura que está tomando la Nación para obras de infraestructura, en su mayoría a licitar en los próximos 3 años, 5 a lo sumo, y cuyo pago se concretará en futuros ejercicios. Es decir, será responsabilidad de otras administraciones.

Esa obligación tiene la categoría de pasivo contingente. Es algo distinto a la deuda efectivamente generada ya por la administración macrista a través de la emisión de títulos públicos. Pero es pasivo público al fin.

Los informes de la AGN se consolidaron como disparadores de investigaciones judiciales, al punto que existen 450 causas abiertas a partir de ellos y hoy los jueces los buscan con el apetito que despierta el pan caliente. Como asegura el peronista Lamberto, es difícil que estas auditorías sirvan para detectar el eventual cobro de una coima. Pero sí resultan esclarecedoras cuando hay falta administrativa de la que se deriva un sobreprecio.

El Poder Ejecutivo ya apeló a la Auditoría como tabla de salvación cuando le mandó el voluminoso expediente judicial del Correo Argentino para que se expida sobre el acuerdo que el Ejecutivo celebró con el otrora adjudicatario privado, Sideco Americana, empresa de la familia Macri. Se investiga si existió un acuerdo tan beneficioso para esa empresa como lesivo para los intereses públicos y si el ex concesionario habría vaciado sus cuentas burlando el corsé de un concurso de acreedores.

La AGN se negó en principio a involucrarse en este trámite y remitió a informes anteriores que consignaban fuertes críticas al correo privatizado, ya que no trabaja a pedido de otro poder que no sea el parlamentario. Pero, luego de una negociación política, fue el propio Congreso el que lo incluyó en su plan de acción.

Fuente: Clarín