15/03/18

Riachuelo: a diez años del fallo que obliga a limpiarlo, aún no saben ni cuándo lo podrán cumplir

Los funcionarios no pudieron precisar una fecha en una audiencia ante la Corte Suprema. Acusaron al ente responsable, ACUMAR, de "inoperancia" y "rediccionamiento" de recursos.


Desde arriba. Vista del Riachuelo, a la altura de Soldati, desde un dron. / Mario Quinteros

“Tiene que ser más serio”, “Le pido que sea concreto”, “¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”, fueron algunas de las frases que la Corte Suprema de Justicia repitió durante la última audiencia pública de la causa Riachuelo. Los pedidos no funcionaron como exabruptos, sino como llamados de atención, recuerdos -por momentos, casi constantes- de la responsabilidad que pedía el momento. Ocurrió esta mañana en una jornada de tres horas, convocada por el máximo tribunal para que se rindieran cuentas sobre el fallo que ordena a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear en forma integral la cuenca Matanza-Riachuelo, la más contaminada de la Argentina. Un dictamen que en julio cumple diez años y que no se sabe cuándo se alcanzará. Ningún funcionario se animó a ponerle fecha, pese a la insistencia de los magistrados, pese a estar obligados a informar.

Sólo con preguntas la Corte Suprema dejó en evidencia el estado crítico en el que está la recomposición ambiental de la cuenca. No era un descubrimiento: desde el fallo, poco se hizo y muy lento. Pero el nivel de desinformación, dudas e imprecisiones de los funcionarios pocas veces irritó tanto al Tribunal y sorprendió -preocupó- a los asistentes. Por momentos, la sala de audiencias de la Corte, en el cuarto piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, parecía el despacho de un director de escuela primaria al que asistían alumnos que se habían portado mal. El carácter de las respuestas de los funcionarios, en especial, recordaba esa escena infantil.

- ¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir con la sentencia? ¿En qué tiempo? -preguntó el juez Ricardo Lorenzetti a las dos horas de iniciada la exposición de la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti.

-Nosotros vamos cumpliendo con la sentencia a partir del cumplimiento de cada una de las mandas, que se pueden mensurar por los indicadores…

-El tiempo -la interrumpió Lorenzetti y siguió: Le pido que seamos precisos. Usted debe tener una planificación que le permite estimar que va a cumplir la sentencia cuándo. ¿En un año, dos, diez?

-La planificación estratégica la estamos trabajando desde el año pasado...

-¿No la tienen? -volvió a interrumpirla, con una molestia más obvia.

-Nosotros nos regimos por el plan...

-¿La tienen o no la tienen? Concretamente responda.

Lo que siguieron fueron diez minutos en los que Lorenzetti dijo que ninguna de las metas impuestas en la sentencia se había cumplido, puntualizó que “hasta ahora (ACUMAR) estuvo siempre recalculando y cada funcionario nuevo -desde 2015 se cambió cuatro veces al presidente del organismo- parecía pretender que lo hecho en forma anterior no existía” y recordó que el saneamiento del Riachuelo es una obligación legal. Fueron diez minutos en los que repitió ocho veces la palabra cuándo hasta lograr esta contestación:

-No puedo darle una fecha con exactitud.

No fue el único juez que mostró su incomodidad. Horacio Rosatti estuvo entre los más críticos: “En el cumplimiento de una sentencia que lleva diez años, es relevante que ustedes (por ACUMAR) tomen razón de que están cada vez más lejos del cumplimiento del fallo”, dijo. Y, al comparar indicadores de 2010 con los actuales, diagnosticó que hay más retrasos y que ese problema se reproduce en todos los puntos: erradicación de basurales, respuestas habitacionales, saneamiento ambiental, etc. “¿Son conscientes de que, además del retraso histórico, están yendo más lento de lo que la realidad les demanda?", remató.

Minutos más tarde, la mayor crispación volvería a Lorenzetti, ante el director Nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan. Al también pedirle mayor precisión sobre cuántas viviendas serán entregadas y en qué plazo, y frente a que el funcionario empezó a hacer cuentas en el momento, parado detrás del atril, le consultó: “¿Es una estimación que acaba de hacer o está firmado? ¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”.

También estuvieron presentes en la audiencia los ministros Carlos Rosenkranz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. En el caso de la jueza, la mayor preocupación se centró en el seguimiento que se le está dando a los chicos que viven en la cuenca; contaminados con plomo, con erupciones, con asma, sarna, anemia, rodeados de basura y ratas, impedidos de crecer. Como al resto de los jueces, las respuestas no la tranquilizaron. Por último, Maqueda tampoco fue la excepción: su impaciencia giró en que, a meses de cumplirse diez años del fallo, un representante de AySA le informara que la construcción de una planta de tratamiento de agua en Berazategui no está incluida en el plan de saneamiento. “¿Cómo me va a decir eso? ¿Yo mismo en otras audiencias he consultado sobre esto?” "Sus antecesores jamás expusieron lo que usted dice", repitió atónito.

A las exposiciones las completaron el Cuerpo Colegiado, un ente civil que controla el avance del plan, y la Auditoria General de la Nación. "La inoperancia de ACUMAR agrava los daños a la salud pública", puntualizó el abogado y diplomático Raúl Estrada Oyuela en representación del Cuerpo. Del lado de la Auditoria tampoco hubo elogios y se habló de una subejecución del orden del 41% en 2016. Subejecutar significa redireccionar y quitar recursos que habían sido adjudicados a un fin a otro. La acción podría pasar inadvertida, pero en el Riachuelo es obvia, como la contaminación.

Fuente: Clarín