07/03/18

La Justicia pidió los libros contables al gremio de Camioneros y a las empresas de la familia de Hugo Moyano

Las órdenes fueron libradas por el juez Claudio Bonadio a partir de una denuncia de la diputada Graciela Ocaña y la causa que lleva la justicia de Córdoba.


Personal de la Policía Federal se presentó en el gremio para retirar la documentación solicitada por la Justicia. (Foto Clarín)

El juez Claudio Bonadio libró esta tarde órdenes de presentación para que el sindicato de Camioneros que dirige Hugo Moyano entregue a la Justicia los libros societarios y contables desde 2009 a 2016. Asimismo, según confirmaron a Clarín fuentes judiciales, se requirió la misma documentación a la obra social de Camioneros, cuya auditoría dio con un rojo de más de $ 600 millones, y también se pidió información a empresas vinculadas a la familia del líder sindical. Asimismo, pidió documentación por un exhorto de la justicia de Córdoba que investiga Moyano por presunto lavado de dinero.

En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que comenzó en la justicia federal con una denuncia de la diputada nacional Graciela Ocaña, el juez Bonadio libró diferentes órdenes de presentación para secuestrar documentación vinculada a los presuntos delitos bajo investigación: libros contables, libros societarios y todo lo que dé cuenta de movimientos de dinero, según pudo saber este diario.

Por la tarde, efectivos de la Policía Federal se acercaron a la sede del gremio en Constitución para retirar la documentación solicitada por la Justicia y según el abogado de Moyano, Daniel Llermanos se entregaron "libros contables desde 2009 a 2016 y toda la documentación requerida", tanto para la causa que se lleva adelante en Córdoba, como la investigación por enriquecimiento ilícito que tiene Bonadio.

Según consta en la orden de presentación, se solicitó al gremio de Camioneros que entregue libros contables, un requerimiento que alcanza también a la obra social del sindicato. Según el informe de auditoría al que accedió Clarín, en su último ejercicio contable arrojó un pasivo de $ 636 millones, casi el doble que el año anterior que cerró con un rojo de $ 364 millones.

Esta situación se viene "reiterando en los últimos años", según la documentación judicial, y el pasivo neto del sindicato del cual pidió información Bonadio ya asciende a $ 1.837 millones.

Para Ocaña, denunciante en esta causa, “los afiliados terminaron pagando por servicios de primera línea, como las prepagas de mejor reputación, cuando las prestaciones son muy distintas”.

La denuncia alcanza al conglomerado de empresas allegadas a la familia Moyano, prestadoras de servicios de Camioneros y de OsChoCa, la obra social del gremio.

Para Ocaña hubo un "grosero desvió de fondos pertenecientes a la obra social, al sindicato y a la mutual de camioneros, entes manejados por Hugo Moyano y acólitos suyos, en favor de un entramado de sociedades pertenecientes a su familia, con el consecuente perjuicio a los trabajadores del sector que han aportado recursos para garantizar su salud y distintos beneficios".

La justicia busca clarificar la ruta del dinero. El último informe de la UIF, que dirige Mariano Federici y que dio a conocer Clarín, puntualiza que entre 2010 y 2011 Aconra, una constructora cuya principal accionista es Valeria Salerno (hija de Liliana Zulet, cónyuge de Moyano), recibió fondos por $220 millones. De ese universo, el organismo analizó una muestra preliminar, de 26 cheques por un monto de $105 millones, y constató que la totalidad fue librada por Camioneros.

Según la documentación, la modalidad "se habría mantenido hasta la actualidad, atento que entre febrero y julio de 2017 se habrían registrado acreditaciones por $113 millones, de las cuales el 90% correspondería a Camioneros".

La ampliación de la denuncia sostiene que los allegados a Moyano que tiene siete causas abiertas en la Justicia. "Han constituido sociedades destinadas a prestar servicios casi con exclusividad a Camioneros". Se incluyó en el listado a Dixey SA, un taller de ropa, y la prestadora médica IARAI SA; también dirigidas por Valeria Salerno. Todas deberán entregar sus libros contables y societarios ante la orden de presentación librada por Bonadio.

Con la documentación secuestrada al sindicato a su obra social, a la Asociación de Camioneros y a las empresas prestadoras de servicios y que están relacionadas con el líder sindical, se podría avanzar en un peritaje contable que determine la existencia, o no, de los delitos investigados en este expediente.

Pero además, Bonadio dio curso a un exhorto enviado por su parte de Córdoba - Alejandro Sánchez Freites- que tiene la causa por lavado de dinero y defraudación a raíz de la compra de terrenos para el gremio en la ciudad de La Falda.

Fuente: Clarín