07/02/18

Escasa consideración por cuestión ambiental

El laudo del presidente de la Nación en el caso de la presa hidroeléctrica de Portezuelo del Viento pone de relieve, entre otros temas, la negación del derecho humano al agua, hoy parte del derecho argentino vigente; una escasa consideración por la cuestión ambiental, ya que se priorizan en esa decisión las razones económicas y políticas por sobre el cuidado de las condicionantes ambientales de la región; y finalmente muestra otro aspecto de un federalismo en conflicto, visto no solamente como la habitual confrontación entre Nación y provincias, sino como la ausencia de consenso entre estas últimas para dirimir sus diferencias a través del diálogo en un contexto de equidad.

Los tres temas tienen clara y contundente raigambre constitucional, también en la jurisprudencia de la Corte Suprema, y el conflicto que se abre a raíz de la decisión presidencial, entre La Pampa y Mendoza, amenaza ser una repetición del largo enfrentamiento por el río Atuel entre ambas. Se trata de un desacuerdo que motivó una sucesión de juicios con sentencias varias de la Corte Suprema, nunca respetadas por la provincia de Mendoza.

La instalación de la presa sobre el Río Grande, afluente del río Colorado, promete vulnerar los derechos de La Pampa a un prudente y razonable caudal en el río Colorado, por la construcción de esas obras y el uso del agua por la represa. No ha habido acuerdo entre las provincias que conforman el Coirco, comité que integran también Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, las que han coincidido con Mendoza y aislado a La Pampa.

Ante el desacuerdo de esta provincia, que tiene presente los incumplimientos de Mendoza en el conflicto del Atuel, el presidente ha arbitrado a favor de su socio político, con el apoyo de las demás provincias afines, negándole así el acceso a La Pampa de un caudal de agua sensato en el Río Colorado.

Ese laudo impidió la previa fijación de las condiciones que debería tener el Estudio de Impacto Ambiental, para que el proyecto hidroeléctrico no afecte los intereses de las provincias aguas abajo, y del medio ambiente de toda la región del Río Colorado, un área sumamente frágil y delicada en todos sus aspectos.

Más allá del cumplimiento de las formalidades, esa decisión muestra cómo se definen actualmente en el país aquellos tres temas enunciados: el derecho humano al agua, el cuidado del medio ambiente y el federalismo entendido como el respeto mutuo entre las provincias. Especialmente, cuando la mayor abusa de la menor, no dicho esto en menoscabo de La Pampa, que ciertamente tiene menor población y poder económico, sino por ser más joven en su acceso como provincia al concierto nacional, pero no por ello con menores derechos.

La reiteración de estos conflictos puede dar origen a otros, peligrosamente, como el incipiente por los derechos de la hidroeléctrica Yacyretá, entre Misiones y Corrientes, donde también están en juego los derechos sobre los ríos de curso sucesivo. Es un tema en el cual nuestro país sostuvo claramente la tesis del derecho de los países en el curso inferior de los ríos a ser consultados previamente a la realización de obras por países en el curso superior, caso Itaipú.

La única solución razonable al conflicto, más allá de su probable judicialización, es otorgar a La Pampa un caudal razonable aguas abajo de la presa a construirse, con su consenso, y ponerlo como condición en el Estudio de Impacto Ambiental que deberá realizar el Coirco.

De lo contrario, quedará evidente que la paralización por dos años de las dos represas hidroeléctricas de la provincia de Santa Cruz, más allá de eventuales motivos ambientales, tuvo una clara connotación político partidaria, con grave perjuicio para la economía nacional. Si eso fuera así, la Corte deberá nuevamente abocarse a la cuestión, como lo hizo en aquel caso, y supervisar un Estudio de Impacto Ambiental, con Audiencia Pública en el ámbito del Supremo, como indica la ley que esgrimió la Corte en aquel caso, manteniendo así la equidad que se supone en un federalismo republicano.

* Profesor de la UBA, Especialidad en Energía y Recursos Naturales, abogado (UBA), Exdirector Académico del Ceare y exdirector del ENRE. Asesor de entes reguladores, cooperativas y provincias en temas de servicios públicos. Consultor del BID y de la Cepal en regulación eléctrica. Profesor de “Regulación de los Servicios Públicos” y “Régimen Jurídico de las Energías Renovables” (Facultad de Derecho, UBA). Ha participado en publicaciones jurídicas y de su especialidad: energía, servicios públicos y recursos naturales.

Fuente: La Arena