21/12/17

Inconstitucionalidad de las tasas viales municipales

Hace ya más de cinco años, los precios de los combustibles en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires son superiores a los de Capital Federal y lo mismo sucede en otras provincias (Córdoba, Salta). La diferencia se debe a que dichos municipios instauraron una alícuota adicional a los combustibles, aumentando su valor, siendo su objetivo formar un fondo para gastos de mantenimiento de la red vial local.


La tasa es una especie de tributo que las municipalidades pueden imponer a sus vecinos sobre la base de la prestación efectiva de un servicio realizado por la comuna y que beneficia al contribuyente.

Con dichas tasas aparecieron varios conflictos jurídicos. La ley de Coparticipación Federal establece que las provincias no pueden cobrar gravámenes locales análogos a los coparticipados (dicha conclusión se extiende a los municipios); la Nación y las Provincias acordaron en el Pacto Federal del año 1998 (aún vigente) derogar los impuestos provinciales y las tasas municipales que afectaran las transferencias de combustibles, dado que la ley 23.966 es la que rige en la materia; dicha norma también establece un límite al impuesto sobre los ingresos brutos que pueden aplicar las provincias en las diversas etapas de comercialización.

En ese sentido, Córdoba decidió que sus municipios dejaran de cobrar la mentada tasa ante la falta de sustento jurídico.

Los contribuyentes poseen pocas armas para defenderse de esta exacción ilegal. Pero la jurisprudencia comienza a aclarar la situación. La Corte de Justicia de Salta en la causa Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de combustibles y afines s/acción de inconstitucionalidad (8/5/17) le dio la razón a la accionante al sostener que no se trata en el caso de una contribución de mejoras, en tanto ellas resultan legales si otorgan un beneficio excepcional que obtienen los dueños de las propiedades vecinas a la realización de una obra pública.

Tampoco reviste el carácter de tasa, dado que ello supone un requisito fundamental al ser obligatorio que el cobro del tributo debe corresponder, en todos los casos, a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio al contribuyente. Al no tener los caracteres mencionados para las dos especies mencionadas, la Corte provincial concluye que es un verdadero impuesto.

Y en ese sentido el municipio de Salta excedió las competencias tributarias que la Constitución y las leyes confieren a los municipios, violando el principio de legalidad.

La sentencia debería hacer meditar a los municipios señalados acerca de la necesidad de derogar las gabelas ilegales que cobran compulsivamente. Se nos responderá que podría originar un déficit en las cuentas municipales. Saben muy bien los vecinos el exceso permanente de gasto público que podría reducirse; por ejemplo, eliminando los costosos folletos de propaganda que mensualmente reciben, reducir la cantidad de empleados debido a la escasa cantidad de horas que trabajan, entre otras posibilidades.

Fuente: El Cronista