08/12/17

Central Térmica Matheu II

APR busca levantar el amparo que frenó la obra y advierte que la denuncia de ambientalistas contiene datos falsos e irreales




La polémica ambiental planteada por la instalación de generadoras térmicas en el partido de Pilar sumó un nuevo capítulo con la contraofensiva judicial que puso en marcha la empresa APR Energy para levantar el amparo que en los últimos días determinó la paralización de las obras y los ensayos finales de la usina eléctrica Matheu II que ya estaba habilitada para entrar en servicio.

Los representantes legales de la empresa apelaron la medida cautelar dispuesta el 30 de noviembre por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay y advirtieron que los principales cuestionamientos que aparecen en la denuncia de Asociación Civil Juvevir y un grupo de vecinos de Pilar y Escobar se basan en datos y hechos que resultan “falsos e irreales”.

La presentación de los letrados de APR Energy –que será ampliada la próxima semana con nuevos informes y documentos de organismos nacionales y provinciales—apuntó a rebatir las acusaciones de los presuntos daños ambientales y a la salud de los vecinos que plantearon los denunciantes y a precisar que la construcción de la central térmica cumple con todas las normas técnicas y regulatorias que exigen las normas vigentes.

Tras darle curso a la “acción preventiva de daño ambiental” promovida por la ONG Juvevir; el juez federal González Charvay concedió una medida cautelar que implicó la suspensión de la construcción y operación de la central Matheu II y la prohibición del uso del recurso hídrico subterráneo y el vertido de efluentes líquidos por parte de APR Energy.

En su contraataque legal, los letrados de la empresa solicitaron la remoción del amparo con, entre otros, los siguientes argumentos:

--El emprendimiento de APR Energy se aprobó bajo el marco de la declaración de emergencia realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, ni bien asumieron las actuales autoridades en diciembre de 2015. La usina se considera un instrumento de ineludible valor para la generación eléctrica en el período 2017/2018. Toda declaración de emergencia --según señaló el ex ministro de la Corte, Julio Oyhanarte-- tiene por objetivo satisfacer un fin público y, detrás de él se encuentran razones de interés público como ser el hecho de garantizar la generación de energía eléctrica para no afectar de un modo directo a las familias de menores recursos. En este sentido, la medida cautelar transgrede la emergencia declarada y afecta las razones de interés público que llevaron a la adopción de esa medida.

-- La suspensión de la central retrotrae el abastecimiento eléctrico de la región a la situación límite y deficitaria que existía en los últimos años. Esa situación crítica fue cubierta con inversión privada --tanto industrial como domiciliaria-- con la provisión de grupos electrógenos de venta libre, los cuales son alimentados con combustibles líquidos sin ningún control ambiental, ni medidas contra incendios.

--Tal como ha analizado y dictaminado la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires, no es cierto que el funcionamiento de la central comprometa el abastecimiento de agua de las napas a los habitantes de las zonas linderas. Pero si es completamente cierto que sin contar con energía eléctrica y con niveles de tensión regulares y adecuados, no funcionaran las bombas para abastecer de agua a esos mismos habitantes.

--Según la denuncia de los ambientalistas, la usina va operar con diesel porque no tiene terminadas las obras para funcionar con gas natural. Dicha afirmación resulta totalmente falsa pues el gasoducto está habilitado por el ENARGAS y APR se encuentra a su vez habilitada tanto por la CAMMESA, como por la transportadora TGN para emplear gas natural como combustible, lo que representa emisiones mucho más amigables con el medio ambiente y sin llegar a producir determinados gases que puedan ser nocivos para el hombre.

--La central –que fue finalizada y probada primero con gasoil a mediados de 2017 y con gas a fines de agosto pasado—consiguió su habilitación comercial luego de realizar todas las pruebas a máxima carga tanto dinámicas como de confiabilidad, sin que se registren queja alguna de vecinos. Los equipos generadores serán despachados con gas durante todo el año, a menos que ante una eventualidad extraordinaria la CAMMESA disponga que funcionen transitoriamente con diesel durante un tiempo muy corto.

--Los denunciantes no reconocen la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la consideran irregular. Pero en ningún momento han indicado las razones por las cuales los distintos elementos y requisitos de validez del acto administrativo poseen vicios graves que los lleven a calificarlos como irregulares y nulos.

--Otro punto relevante tiene que ver con el planteo de la denuncia que sostiene que la DIA fue otorgada sin audiencia pública previa. La Ley General del Ambiente no exige una audiencia pública sino que recomienda la aplicación de procedimientos que importen la participación ciudadana de acuerdo al grado de peligro en la afectación al medio ambiente de cada emprendimiento. La Ley Nº 11.723 de la Provincia de Buenos Aires posee una fórmula similar y faculta al OPDS a determinar qué forma de participación ciudadana empleará. En este caso, la DIA no advirtió ninguna afectación seria al medio ambiente, y por lo tanto, no fue necesario ningún procedimiento de participación ciudadana.

--Con respecto a la afectación del acuífero, en la denuncia aparecen dos cuestiones incluidas de mala fe. Por un lado, se mencionan vuelcos contaminantes al arroyo Burgueño bajo la suposición de que la planta va a generar durante 24 horas todos los días del año. Pero, la realidad indica que la actividad anual de la central apenas llegará al 20% de ese tiempo indicado y en consecuencia el derrame de minerales y residuos del tratamiento de agua que puedan afectar al ser humano será muy inferior al señalado. Y por otro lado, se afirma que no hubo intervención de la ADA, cuando dicho organismo fue el que aprobó la instalación de la central en el lugar donde fue erigida.

--Además es totalmente falso que el funcionamiento de la usina demandará un consumo diario de 5.000.000 litros de agua tomados del acuífero Puelche con el consecuente riesgo de acceso al agua potable de los vecinos. El consumo promedio previsto de la central no superará los 300.000 litros y solo en aquellos casos que el sistema lo requiriese podrá superar ese nivel.

--No queda del todo clara la competencia del juez. La Ley General del Ambiente en sus artículos 9 y 32 establece la jurisdicción provincial para tratar la materia ambiental, salvo que se tratase de recursos o materias interprovinciales (por ejemplo: Cuenca Matanza- Riachuelo) o internacionales, como emprendimientos hidroeléctricos con países vecinos. Por este motivo, el juez federal de Campana no sería competente para intervenir en este tema.

Fuente: Transporte y Energía