02/11/17

Un juez citó a Oil Combustibles para que explique la venta de acciones a otro grupo

Lo hizo el juez a cargo del concurso de acreedores de la firma que le debe 10 mil millones de pesos a la AFIP.


Oil Combustibles es investigada por la AFIP por una deuda de 10.000 millones de pesos. Foto: Pedro Lázaro Fernández.

El juez en lo Comercial Héctor Hugo Vitale citó al "representante legal" de Oil Combustibles, la empresa del llamado "zar del juego", Cristóbal López, que hace un año y medio pidió y consiguió la apertura de su concurso de acreedores, para que explique en una audiencia con las partes "el alcance de la venta" de las acciones de esa firma, de la que se enteró por los trabajadores de la firma y los medios.

"Hágase saber a la concursada que la presente convocatoria apunta en principio y de manera no excluyente a dilucidar y aclarar el alcance de la venta de sus acciones y la reestructuración de los puestos de trabajo conforme el comunicado acompañado por el peticionante de la audiencia y el conocimiento tomado por el Tribunal a través de noticias periodísticas", dijo Vitale en una resolución firmada hoy, miércoles 1° de noviembre, y a la que Clarín tuvo acceso.

La audiencia fue fijada para el miércoles 15 de noviembre, a las 10 horas, en los tribunales comerciales de la Avenida Roque Sáenz Peña 1211, en una de las esquinas de Plaza Lavalle. En la convocatoria dice "el representante legal" pero también se aclara que en caso de que sea el abogado apoderado presentado por la firma en el concurso, Sebastián Maggio, éste "deberá encontrarse facultado especialmente para concurrir a dicha audiencia y munido de la información y documentación que se dispone".

La audiencia fue pedida por el representante de los trabajadores de Oil Combustibles en el Comité de Acreedores conformado como parte del proceso concursal, llamado Héctor Hugo Brizuela, quien acompañó una nota dirigida a ellos por la empresa sobre la venta al grupo inversor OP Investments. Pero también la sindicatura del concurso (un estudio contable y otro de abogados que supervisan los números de la firma como auxiliares de la Justicia) había reclamado explicaciones de Oil, sobre todo por pagos que se hicieron a otras empresas del Grupo Indalo luego de la presentación en convocatoria de acreedores, ocurrida a fines de marzo del año pasado, por casi mil millones de pesos, tal como informó ayer Clarín.

Además, la información y documentación que le interesa conocer al juzgado en resguardo de los intereses de los acreedores de Oil está relacionada con "la venta de activos no estratégicos e inversión en los negocios principales", "la intención –o no- de desprenderse de la Refinería y/o Planta Fluvial San Lorenzo", en la provincia de Santa Fe, y "la implementación del plan estratégico y de operaciones" planeado por la firma.

El principal acreedor de Oil Combustibles, la firma a través de la cual López se quedó en 2011 con 340 estaciones de servicio de la empresa brasileña estatal Petrobras y su refinería de San Lorenzo a cambio de 95 millones de dólares, es la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que reclama el pago de alrededor de 10 mil millones de pesos de impuestos impagos.

El organismo conducido por Alberto Abad llevó incluso el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que analiza su planteo de que directamente se anule todo el proceso concursal bajo el argumento de que se trató de una simulación para no pagar todos los impuestos adeudados pero que se generó a partir de la transferencia de millonarias sumas de dinero a otras firmas del Grupo Indalo.

Originalmente, la empresa de López y su socio, Fabián de Sousa, habían presentado el concurso de acreedores en la ciudad de Comodoro Rivadavia, supuestamente para obtener un mejor tratamiento en la Justicia provincial de Chubut.

Pero por insistencia de la AFIP y con una primera intervención de la Corte el año pasado, la causa pasó a los tribunales nacionales de la Capital Federal, ya que en esta ciudad es donde estaba registrado el domicilio de la firma en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Fuente: Clarín