31/10/17

Causa GNL: Denuncian por falso testimonio y plagio al perito que calculó los millonarios sobreprecios


El ex presidente de Enarsa, Walter Fagyas promovió una denuncia penal por falso testimonio agravado contra el autor de la pericia técnica que utilizó el juez federal, Claudio Bonadío para procesar a 23 personas y detener a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido y Roberto Baratta por el supuesto pago de sobreprecios de casi 7.000 millones de dólares en la importación de gas por barco entre 2008 y 2015.

La presentación –que cuenta con el patrocinio legal del abogado Alfredo Huber—se focaliza en el ingeniero David Cohen por haber falseado textos, usar conscientemente parámetros que él mismo sabía que no eran válidos, desconocer elementos clave de las estructuras de precios y plagiar trabajos de estudiantes chilenos, sin siquiera citar las fuentes.

La denuncia –que quedó en la órbita del juez federal, Sebastián Ramos con intervención de la fiscal Pamela Ochoa—destaca que para calcular el sorprendente sobreprecio el perito usó un valor totalmente arbitrario para establecer a cuánto se debió haber comprado el GNL.

Según plantea la denuncia de Fagyas, el perito Cohen tomó como parámetro un precio conocido como Henry Hub, que es un precio norteamericano en boca de gasoducto. Y utilizó esa referencia aún sabiendo que era un precio interno de Estados Unidos y no un valor internacional, que ese país no exportó GNL en esa época y sobre todo sabiendo que era un precio de gasoducto, mucho más barato que el gas que llegaba al país en barco.

Además –precisó la denuncia -- en un primer momento, el propio Cohen afirmó que el valor Henry Hub no se podía usar porque era una comparación incorrecta, pero luego se despachó con un peritaje en el que usó ese precio.

“Para construir la cadena de valor –destacó Fagyas–, Cohen usó un cuadro al que habían recurrido dos estudiantes chilenos para la elaboración de su tesis. Por supuesto, Cohen no los citó. Luego dijo que la fuente fue la Comisión Europea de Energía (CEE), con el problema de que tal organismo no existe.

“El peritaje de Cohen –advierte el denunciante– se basa en un cuadro cuya fuente es la inexistente Comisión Europea de Energía (CEE). En el texto dice: Source: CEE”. Googleando ya surge que no existe la Comisión Europea de Energía, algo que es evidente ya que por sus siglas en inglés debería llamarse en todo caso EEC (European Energy Comission) o ECE (European Comission of Energy), pero nunca CEE. Y está claro que es en inglés porque en el cuadro dice source. Parece que los dos estudiantes chilenos de los que se copió Cohen se referían al Center of Energy Economics (CEE), que depende de la Universidad de Texas. Pero como el dato está copiado, Cohen se equivocó e invocó una comisión europea que no existe”.

En otro tramo de la presentación, Fagyas resaltó que el perito “aplicó un método para determinar el valor o precio del GNL que Argentina debería haber pagado tomando solamente los costos del proceso, pero dejando fuera de él una variable fundamental: la prima o premio”.

Según sostiene la denuncia, Cohen sabía tres cosas clave:

-Que su método era del todo deficiente para calcular los precios a los que Argentina debería haber pagado el GNL que importó, pues no estaba incluyendo la necesaria variable de la prima o premio y que estaba tomando un valor de referencia local de un producto distinto (gas natural de Estados Unidos y no GNL a nivel mundial).

--Que parte de la información de la que se valió en su informe la buscó y copió de distintos sitios de internet, y luego omitió o falseó las verdaderas fuentes.

--Que los porcentajes o incidencia que le asignó a las variables “costos de seguro” y “gastos de puerto de origen” las estaba directamente inventando.

Ahora bien, que sucedería si la justicia confirma los cargos que se le imputan a Cohen en la denuncia.

El artículo 275 del Código Penal reprime con pena de hasta 4 años de prisión al perito que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición o in-forme, hechas ante la autoridad competente. Y si el el falso testimonio fuese cometido en una causa criminal y en perjuicio del inculpado o imputado, la pena podría elevarse a un máximo de 10 años.

Fuente: Transporte y Energía