24/08/17

El Gobierno evalúa la vía política y judicial contra el freno al biodiésel

Todavía abrumado por la imposición de derechos compensatorios que el Departamento de Comercio cargó sobre las exportaciones de biodiésel, el Gobierno salió ayer a transmitir calma a los productores afectados y aseguró explorará el diálogo diplomático para resolver la controversia generada con los productores estadounidenses por las denuncias por daño económico y presunto dumping.


El área económica de la Cancillería trabajaba ayer a contrarreloj para aclarar el panorama y definir una estrategia, que no descartaba continuar las conversaciones a nivel político para mantener abierto el mercado del norte. No se descartaba tampoco un llamado del presidente Macri a su par, Donald Trump, para mediar en el conflicto.

Por otra parte, la Argentina presentará en los próximos días una contraoferta al nivel de aranceles fijado por el Departamento de Comercio, estableciendo el volumen a exportar, el precio y la alícuota que consideran justa, en acuerdo con el sector privado.

Sin embargo, el diferendo continuará abierto hasta que la Comisión de Comercio Internacional (USITC) se expida sobre el fondo de la cuestión, que es el dumping en el que incurriría la producción nacional. Esta agencia federal, que se define a sí misma como independiente y cuasijudicial, podría dejar sin efecto la medida del Departamento de Comercio si no halla irregularidades.

El paso siguiente, en caso de no obtener el resultado esperado, será llevar el diferendo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los productores se esperanzan con que el organismo tome cartas en el asunto, con el precedente del fallo favorable al país en una causa similar iniciada por la Unión Europea. No obstante, de acudir a Ginebra, la resolución del conflicto podría dilatarse en el tiempo. Por caso, la causa contra el biodiésel iniciada por Bruselas tardó 34 meses en llegar a una instancia definitiva.

Entretanto, el Gobierno insiste en que las barreras impuestas por Washington se basan en una errónea concepción de los derechos de exportación que paga el aceite de soja, pero no el biodiésel, y que según las normas internacionales, no constituyen subsidio. También considera que el arancel no se corresponde con ningún tipo de investigación objetiva ni metodología aprobada por la OMC.

Fuente: El Cronista