20/07/17

Represas condicionan otro proyecto clave de Macri

ARRANCAN HOY EN EL CONGRESO LAS AUDIENCIAS POR IMPACTO AMBIENTAL - De acuerdo con los términos del contrato suscripto con China, si no avanzan las obras de las hidroeléctricas Kirchner y Cepernic, tampoco habrá financiamiento para el Belgrano Cargas.

El Gobierno espera retomar, cuanto antes, las obras de las represas patagónicas Néstor Kirchner y Carlos Cepernic, tras la audiencia pública que arranca hoy en el Congreso para debatir la factibilidad ambiental de los proyectos, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia. El apuro tiene una explicación: si las obras no arrancan en el corto plazo, no sólo caerá el financiamiento del China Development Bank Corporation acordado en 2012 por Cristina de Kichner por u$s4.714 millones para las represas, sino que están en riesgo otros u$s2.099 millones para el proyecto del Belgrano Cargas, cuya puesta en marcha constituye uno de los emblemas de campaña del macrismo. Ese torniquete surge de las condiciones interpuestas por China en el contrato original. Tal como reveló en exclusiva este diario hace más de un año, recién llegado al Ministerio de Economía, el exministro Alfonso Prat Gay se topó con una carta de los abogados orientales recordándole a la nueva administración los términos de los préstamos. La nota era clara: "Los proyectos para las represas Kirchner-Cepernic y el proyecto Belgrano (Belgrano Cargas), son proyectos mayores promovidos por el Partido (Comunista Chino) en un mismo período de tiempo político para Argentina y cada uno de los acuerdos de facilidades de pago de las represas junto con las del Belgrano contienen cláusulas de cross default", le dicen allí los chinos al Ministerio de Economía. Esas cláusulas implican, por ejemplo, que si el proyecto Kirchner-Cepernic cae en default por encima de los u$s25 millones, se cae en cross default también el financiamiento del Belgrano Cargas. La misiva china reforzó el condicionamiento y sumó vértigo a la primera etapa de la administración de Macri y perfiló un "terreno minado" que coronó con la decisión de la Corte, en diciembre pasado, de frenar las obras y exigir que se cumpla con los estudios de impacto ambiental para garantizar la protección de los glaciares. En el medio, el senador Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) y el abogado Enrique Viale interpusieron una denuncia, en este caso dirigida al seno del Gobierno, contra el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, por presunta incompatibilidad de sus funciones en el proceso de factibilidad, que fue desmentido por la cartera de Juan José Aranguren. Una vez que finalice la audiencia ambiental que se inicia hoy y que por la cantidad de inscriptos podría extenderse hasta mañana, comisiones especializadas de Diputados y del Senado emitirán un informe en un plazo no mayor a los 30 días -tal como precisa la ley de Obras Hídricas- y, con ello, las autoridades nacionales solicitarán a la Justicia que le permita iniciar los trabajos suspendidos desde diciembre. Aunque las exposiciones no son vinculantes, si hubiera algún factor ecológico que no pueda ser soslayado se revisará la factibilidad de las obras. Enesa batalla se anotan por, por caso, organizaciones ecologistas como el Banco de Bosques, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Vida Silvestre, Aves Argentinas, y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia. Los argumentos de los detractores sugieren por ejemplo que el impulso de estas represas para enfrentar el déficit energético del país "no sólo altera el flujo del río Santa Cruz, inundando miles de hectáreas de suelo y afectando el paisaje, sino también la generación de potencia alejada de los centros de consumo, concentradas e ineficiente desde el punto de vista de oferta y la inversión económica". Las entidades ambientalistas propondrán al Gobierno, además, que se destine el mismo monto de inversión a "un mix variado de energías renovables, amigables con el medio ambiente, con fuentes diversificadas" como eólica, solar o biogas, entre otras. "Argentina cuenta con uno de los recursos eólicos más ricos del planeta", sostienen los activistas y especialistas que participarán de las audiencias. Sin embargo, tanto desde el Ministerio de Energía como desde el de Medio Ambiente afirmaron que la obra que pretenden iniciar "no tiene casi nada que ver con la proyectada inicialmente". Se achicó el tamaño de los embalses, tendrá una cota de un metro menor, habrá menos uso de maquinarias y, en las las represas, se pasó de once a ocho turbinas, en una de ellas, y en la otra, a sólo tres. De acuerdo con el plan de trabajo, las represas deberían estar terminadas en 86 meses, empleando a alrededor de cinco mil trabajadores de Santa Cruz. De sortear el obstáculo judicial con éxito, las obras podrían arrancar en septiembre, dos meses antes de las elecciones generales.

Fuente: Ámbito