24/07/17

Los servicios públicos, controlados por una estructura ineficiente y obsoleta

Los organismos que vigilan la relación del Estado con las concesionarias, y que son claves para proteger a los usuarios, están lejos de los objetivos para los que se crearon; la mayoría de sus directivos no son elegidos por concurso, como está previsto


Los servicios públicos, controlados por una estructura ineficiente y obsoleta. Foto: Archivo

Nacieron en los años 90 como organismos encargados de mirar de cerca los contratos entre concesionarias y Estado en aquel país de las privatizaciones. Pero el tiempo pasó, y de la estructura que se pensó para los entes de control de servicios públicos ya queda prácticamente nada.

Años de intervenciones, funcionarios elegidos a dedo, pésima gestión, escasa representatividad de los usuarios, cambios y emparches en los contratos de concesión y, sobre todo, falta de independencia, fueron algunos de los problemas que los aquejaron. Varios de ellos ya no tienen sentido o se han tornado abstractos. La reforma profunda está fuera de agenda.

A un año y medio del gobierno de Cambiemos, los entes de control no han logrado llegar al lugar para el que fueron diseñados. La mayoría de ellos, salvo alguna excepción, están manejados por funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y no son independientes de la política central. El objetivo de velar por los derechos y las obligaciones de cada empresa de servicios públicos con el que se pensaron, ha dejado de ser central. Más aún, cuando varios de aquellos servicios están hoy en manos del Estado.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue el primero que avanzó con una norma para iniciar el proceso de regularización del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), dos de los más importantes, y que estuvieron intervenidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Jamás hubo en esas reparticiones funcionarios con independencia y, cada uno a su manera, fueron apéndices del Poder Ejecutivo.

En abril de 2004 se iniciaron los trámites de la Comisión de Selección Previa para la elección de las autoridades del ENRE. La nómina de candidatos elegibles, efectuada por el secretario de Energía, y el proyecto de decreto, fueron elevados al Poder Ejecutivo. Nunca bajó. A cambio, se desprendieron algunos decretos.

En 2006, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) inició un juicio. Pidió el cese de la intervención del ENRE y que el llamado a concurso para cubrir los cargos directivos. La Cámara en lo Contencioso Administrativo le dio la razón a la ONG y el Estado apeló a la Corte Suprema. Pero el máximo tribunal rechazó el recurso y la cuestión quedó resuelta una década después.

Aranguren, entonces, llamó a concurso, pero los postulantes no conformaron. "Que en lo atinente al concurso desarrollado con el objeto de cubrir los cargos del Directorio del ENRE, respecto de la selección del cargo de Presidente, luego de haber entrevistado a los candidatos y analizado sus antecedentes, el Comité de Selección no conformó la terna de postulantes debido a que aquellos no cumplían con las condiciones técnicas y profesionales para ocupar el cargo", dice una resolución publicada el mes pasado, en la que Aranguren vuelve a llamar a un segundo concurso.

Renzo Lavin es abogado y es uno de los directores de la ACIJ. "El problema de los entes de control de servicios públicos se encuadra en lo que sucede con todos los organismos que tienen la función de mirar de cerca las acciones del Estado. En los últimos años, el Poder Ejecutivo no generó las condiciones como para que se pueda ejercer esa tarea con independencia", dijo a LA NACION.

El problema, dice Lavin, es que aquel esquema que tenía a la defensa de los usuarios en el foco, se desdibujó. "Durante el kirchnerismo, en los servicios públicos hubo procesos mixtos, donde el Estado se hizo cargo de la prestación, o en su caso, consolidó un esquema de subsidios muy fuerte. En cualquiera de los dos casos, el Poder Ejecutivo aportaba subsidios, por lo cual el peso de lo que decía el Gobierno era muy fuerte. Entonces se perdió el esquema original de entes autónomos", concluyó.

El Enargas debería estar dirigido por un directorio de cinco miembros elegidos en un proceso de selección de antecedentes. Durante años estuvo manejado por funcionarios designados por un decreto.

Cristian Folgar, ex secretario de Combustibles, dice que cuando el Estado concesiona un servicio no pasa a ser del privado, sino que aquel es el responsable y sólo delega la prestación. "Cuando algo pasa, el Gobierno amenaza con multas o con sacar la licencia. Pero la responsabilidad sigue siendo del Estado", dice. Suma un dato no menor: "Muchas veces los entes están cooptados por las empresas a las que deberían controlar. Como están capturados, no adelantan los problemas y después, cuando suceden, sobreactúan las sanciones".

Hay un intento de Aranguren para clarificar esa zona oscura. Con un par de decretos y algunas reglamentaciones llamó a concurso de antecedentes para cubrir el cargo. Finalmente, el concurso del ente que maneja el sector gasífero se abrió. El ganador fue Marcelo Figueroa, un ex director de Operaciones de Metrogas y ex gerente de British Gas Argentina. Pero el 18 de diciembre pasado, el ejecutivo decidió seguir su carrera en la actividad privada. De ahí que surgió la Resolución 205-E/2017, en la que el ministro llama a un nuevo concurso para el Enre y el Enargas.

Según cuentan en los pasillos de Energía, las ternas de este último ya estarían conformadas y serían elevadas en pocos días al Presidente.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), intervenido en 2001, es un caso particular. Allí se consolidaron los mayores desaguisados del transporte en los últimos años. Todo terminó en la tragedia de Once, además de consagrarse un esquema de corrupción, subsidios, ineficiencia y discrecionalidad. Después de la tragedia, se conoció un informe lapidario sobre el sistema de control de la comisión. "Desde hace más de 10 años la estructura institucional de la CNRT permanece desintegrada -se leía en un informe de la ACIJ de 2012-. Fue intervenida y lleva todo ese tiempo sin contar con un directorio en funciones. El interventor es designado unilateralmente por el presidente y sin ningún procedimiento de selección previa".

Inesperadamente, a tres años de Once, en febrero de 2015 el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, cesó la intervención. Consideró entonces que ya no había "falencias en la gestión del ente que conspiraban contra los objetivos de los derechos de los usuarios". Desde entonces, todos los titulares del ente fueron designados por el Poder Ejecutivo y no por concurso público.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) es otro caso con particularidades. Cuando se estatizó Aguas Argentinas, que era concesionaria del servicio de agua potable y cloacas, el Ettos era el organismo que controlaba el cumplimiento del contrato de concesión. Pero con el Estado a cargo de la prestación, y sin contrato que controlar, nació el ERAS. Y allí está. Según informan en la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el ERAS está a cargo ahora de la tarifa social y de un tema que se viene en el sector: la adaptación del marco regulatorio para pasar de cobrar por el tamaño de vivienda, como se hace desde hace décadas, a cobrar principalmente por consumo.

En esa zona hay otro ente, el Enhosa (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento), una organización para invertir en obras en las provincias, que ejecuta y controla.

Hay más, como el Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (Orsna) o el Enacom, continuador de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Ninguno, con funcionarios designados por concursos. Por ahora, la discusión sobre el control está demasiado tranquila.

Fichas de identidad

Cuáles son y cómo funcionan los entes reguladores, datos para el año 2017

1. Enacom

El Ente Nacional de Comunicaciones es el continuador de la CNC; funciona bajo el ámbito del Ministerio de Modernización (a partir de la disolución del Ministerio de Comunicaciones). En materia de servicios de comunicación audiovisual se establece como misión primaria la regulación del espectro, el fomento de la competencia y la universalización del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, como Internet y la telefonía móvil.

Presupuesto $ 3483 millones

Remuneraciones $ 1208 millones

Presidente Miguel de Godoy

Intervenido No

2. Enargas

El Ente Nacional Regulador del Gas se encuentra en el ámbito del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Su misión es la regulación, el control, la fiscalización y la resolución de controversias, todo referido al servicio público del transporte y la distribución de gas en el país. Entre sus funciones específicas, debe dictar las normativas que, en materia de seguridad deben cumplirse para poder tener habilitado el servicio, y aprobar las tarifas cobradas por los prestadores.

Presupuesto $ 754,3 millones

Remuneraciones $ 635,8 millones

Presidente David José Tezanos González

Intervenido

3. ENRE

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad es un organismo autártico, que está encargado de regular la actividad dentro del sector y de controlar que las empresas, tanto generadoras y transportistas como distribuidoras del servicio, cumplan con las obligaciones que están establecidas en el marco regulatorio general y en los contratos de concesión en particular. Ente sus objetivos están los de promover la competitividad y alentar inversiones de largo plazo en el sector

Presupuesto $ 375,0 millones

Remuneraciones $ 313,2 millones

Presidente Cargo vacante

Intervenido

4. CNRT

La Comisión Nacional de Regulación de Transporte es un ente autártico que fue creado por decreto en 1996, para ejercer las tareas de fiscalización y control públicos de las actividades que desarrollan los operadores del sistema de transporte automotor y ferroviario de pasajeros y de carga que están en el ámbito de la jurisdicción nacional. Entre sus deberes básicos está el de controlar y habilitar a los vehículos que funcionan como medios de transporte público.

Presupuesto $ 614,6 millones

Remuneraciones $ 307,7 millones

Presidente Pablo Castano

Intervenido NO

5. ORSNA

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos es un ente descentralizado que está en el ámbito del Estado nacional. Depende del Ministerio de Transporte de la Nación. Debe fiscalizar y ejecutar infraestructura aeroportuaria, regular los servicios y las actividades comerciales e industriales, supervisar y regular a los concesionarios y administradores del sistema aeroportuario y cuidar que las operaciones en las estaciones aéreas sean seguras y eficientes.

Presupuesto $ 302,3 millones

Remuneraciones $ 242,8 millones

Presidente Patricio Di Stéfano

Intervenido No

6. ENOHSA

El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento tiene la misión de organizar, administrar y ejecutar programas de desarrollo de infraestructura para las políticas nacionales de provisión del servicio de agua potable y saneamiento básico. Sus autoridades señalan que la visión del organismo es un país con un 100% de la población con agua potable y cloacas. Y una de las funciones es concientizar sobre la utilización consciente de este recurso en todo el país.

Presupuesto $ 1820,1 millones

Remuneraciones $ 115,8 millones

Presidente Luis Germán Jahn

Intervenido No

7. OCCOVI

El Órgano de Control de Concesiones Viales depende de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte. Debe controlar el cumplimiento de los contratos de concesión de la administración de las autopistas y es, a falta de respuesta de estas empresas, la entidad receptora de los reclamos de los usuarios. Entre sus funciones está la de velar porque se cumplan, por ejemplo, las exenciones al pago para el transporte de personas con discapacidad.

Presupuesto Sin prespuesto propio

Remuneraciones Sin datos propios

Presidente Es gestionado por Vialidad Nacional

Intervenido NO

8. ERAS

El Ente Regulador de Aguas y Saneamiento es un organismo interjurisdiccional que debe fiscalizar la calidad del servicio, proteger los intereses de la comunidad y verificar que se cumplan las normas de calidad del agua y de las instalaciones internas de provisión del servicio. Su área de acción abarca a la ciudad de Buenos Aires y a varios partidos del conurbano bonaerense, como Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, San Isidro, San Martín, Tigre y Vicente López

Presupuesto Sin presupuesto propio

Remuneraciones Sin datos propios

Presidente Alberto Monfrini

Intervenido No

Fuente: La Nación