12/07/17

La justicia accedió a datos de las coimas de Odebrecht en EE.UU. pero no los puede usar

Bajo estricto compromiso de reserva, cuatro jueces y dos fiscales analizaron bases de datos y expedientes electrónicos. Ahora deben pedir lo que necesiten con nuevos exhortos.

Fue una de las reuniones más extensas que la justicia norteamericana mantuvo con otro país en materia judicial. La jornada, realizada bajo un absoluto hermetismo y de carácter “más técnico”, permitió un primer acercamiento a una importante base de datos. Iniciaría así, el trabajo “más fino” respecto a la ruta de las coimas que Odebrecht pagó a funcionarios argentinos durante los gobiernos de Cristina Kirchner.

La reunión entre el personal de la unidad que depende del Ministerio de Justicia norteamericano, denominada Acta de Prácticas Corruptas Cometidas en el Extranjero (FCPA sus siglas en inglés) y los jueces federales, fiscales y un representante de la Oficina Anticorrupción (OA), fue calificada por fuentes oficiales como “muy positiva”. El encuentro duró más de cuatro horas y se destacó la “cooperación bilateral en materia penal”.

Con una celosa seguridad, la misma que se visualiza en cada edificio público de Washington, el movimiento afuera del departamento de Justicia .ubicado a unos 20 minutos de la emblemática Casa Blanca, sobre la Avenida Pennsylvania 950- comenzó poco antes de las 8. El ritmo fue pausado pero constante en las inmediaciones del lugar, que ocupa media manzana y que se ubica frente a otro sitio bien conocido: el edificio “J. Edgard Hoover”, sede del FBI.

Cerca de las 9, ingresaron por el acceso lateral al imponente edificio de cinco pisos, los once integrantes de la comitiva argentina: los jueces federales Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Marcelo Martínez De Giorgi y Sebastián Ramos, más cada uno de sus secretarios, los fiscales Sergio Rodríguez (titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas) y Franco Picardi, más Ignacio Irigaray de la OA.

La invitación que se les cursó consignaba que la reunión buscaba establecer una “cooperación técnica y que se vaya construyendo confianza en base a un trabajo profesional serio”. La reunión comenzó poco después de las 9.30 y se extendió hasta las 14.30.

Para el desarrollo del encuentro, se pidió la participación de los secretarios de los jueces que trabajan en las diferentes causas, ante la posibilidad de acceder a expedientes o información respecto a Odebrecht. El hermetismo se mantuvo durante días: se pidió que no se dé a conocer el lugar del encuentro y que una vez finalizado el mismo, “nada se filtre”. La información obtenida “no puede usarse con fines políticos” y sólo podrá aplicarse “al avance de las causas”.

Según indicaron a Clarín fuentes oficiales, se permitió acceder a una base de datos y “a los e-files de la causa”. Esto posibilitará “la creación de nuevas medidas de prueba que podría derivar en nuevos exhortos con información más específica”, explicaron.

Los jueces Casanello, Ramos y Martínez De Giorgi ya habían enviado exhortos a Estados Unidos pidiendo información sobre la declaración de Marcelo Odebrecht (principal directivo de la empresa), que en este país firmó la delación premiada. Por su lado, el juez Rafecas dio curso a un exhorto que tras su regreso a Argentina completará junto al fiscal Federico Delgado, y que tendrá pedidos respecto a información obtenida en el encuentro de ayer.

En la página 48 de la declaración que Odebrecht realizó ante la justicia estadounidense, se consignó que hacia la Argentina se realizaron transferencias “por más de 35 millones de dólares”(la cifra podría superar los 100 millones de dólares), a “intermediarios” para que lo reciban ciertos funcionarios. El dinero desembolsado entre 2007 y 2014, durante los gobiernos de Cristina Kirchner, “estaba vinculado a tres grandes proyectos de infraestructura en los que Odebrecht obtuvo beneficios por 278 millones de dólares”.

“Nuestros países desarrollan una importante y colaborativa relación en investigaciones penales”, señalaron fuentes judiciales a Clarín. Junto a la positiva evaluación del encuentro, volvió a subrayarse que la confidencialidad debe marcar las próximas decisiones que se tomen en las causas. Cualquier violación a la requisitoria de Estados Unidos pondría en riesgo el intercambio de colaboración de información, ya que la investigación de la justicia norteamericana sobre la firma brasileña aún está en pleno desarrollo.

La Justicia argentina quiere desentrañar esta ruta de las coimas. Las causas avanzaron hasta ahora respecto a los sobreprecios en tres obras: La Planta potabilizadora de agua de AySA en Tigre, (que investiga Casanello); la ampliación de gasoductos (que lleva Rafecas) y la construcción del soterramientos del Tren Sarmiento (Martínez De Giorgi).

Las investigaciones ya vienen avanzando respecto al pago de sobornos, una línea que buscan profundizar en base al acuerdo de cooperación bilateral con Estados Unidos. Se pretende saber cuánto dinero se pagó en concepto de coimas, “a qué intermediarios y de qué funcionarios fueron intermediarios”, y que se especifique “a qué proyectos de obra pública se referían”, señaló una alta fuente oficial.

Hace unas semanas, el ministro de Justicia Germán Garavano estuvo en Washington buscando avanzar con la gestión del encuentro que tuvo una primera fecha que -con distintas versiones dando vuelta (a la Justicia de Estados Unidos no le habría gustado la filtración de información ni su uso político)-, se pospuso hasta esta semana. Fuente: Clarín