25/07/17

Aerolíneas: el Gobierno evalúa si aceptará el fallo del CIADI que la obliga a pagar US$ 320 millones

El tribunal condenó al país porque consideró que la expropiación de la empresa fue hecha de manera ilegal. Macri se lamentó en Twitter.


Aerolíneas Argentina, en medio de una disputa judicial.

Tras conocer oficialmente la sentencia en contra emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) sobre la expropiación de Aerolíneas Argentinas -ordenada por Cristina Kirchner en 2008-, el Gobierno empezó a evaluar cómo responder a esa mala aunque no inesperada noticia. La Argentina debe pagar 320 millones de dólares. Tiene 90 días para informarle al CIADI qué determinación tomará.

"Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior tuvo con Aerolíneas el país fue condenado a pagar 320 millones de dólares más intereses", escribió el presidente Mauricio Macri este sábado en Twitter tras el fallo.

Al momento de la expropiación, la empresa pertenecía al grupo español Marsans. Pero el juicio fue comprado por el fondo buitre Burford Capital, el mismo que compró el juicio a la familia Eskenazi cuando ésta fue desplazada de YPF.

Los abogados del Gobierno dicen que se abren dos caminos: aceptar el fallo y pagar, o rechazar la sentencia y volver todo a fojas cero. El pago, seguramente, se realizará con una ampliación de la emisión de los bonos en dólares Bonar 2024.

Si el Gobierno opta por el primer camino, se tienen que sentar a negociar con la contraparte la forma de pago. Si elige el rechazo, el juicio debe recomenzar.

Por estas horas, entre los expertos legales que trabajan para el Gobierno, gana peso aceptar el laudo.

Argumentan que, de rechazar el fallo, de entrada deberían hacer frente a un pago por gastos y costas judiciales de 26 millones de dólares. Y a primera vista, temen que un nuevo juicio podría ser aún más desfavorable.

Los funcionarios que estuvieron analizando el caso sostienen que si bien es un golpe duro tener que pagar semejante monto, “la Argentina la sacó barata”. La demanda era por 1.590 millones de dólares, pero el CIADI no aceptó todos los reclamos que se presentaron.

Según el texto del fallo “el demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”.

En la página 397 de las 551 que tiene la resolución con fecha de despacho del viernes, también se hace referencia a “medidas injustificadas al interferir con los derechos de los demandantes respecto de sus inversiones” y de “expropiar ilegalmente las inversiones” en cuestión.

Las medidas reclamadas por los demandantes contra la República Argentina eran por: - La expropiación ilícita de Aerolíneas y otras empresas del grupo. Además de Aerolíneas Argentinas y Austral, la expropiación contempló a Aerohanding, Optar y Jet Paq.

- La no aprobación de tarifas económicas retributivas.

- Responsabilizaron al Gobierno por la presión sindical sufrida por las compañías aéreas durante su gestión Marsans.

- Supuesto incumplimiento con acuerdos de junio de 2006, mayo de 2008 y julio de 2008. En 2008 se acordó que la tasación de la compañía, en caso de expropiación, debía hacerla un tasador independiente.

Este último punto fue crucial. La Argentina perdió porque no aceptó llamar a un tasador, sino que la tarea recayó en el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Este organismo dictaminó que Aerolíneas Argentinas tenía un valor negativo de 832 millones de dólares. Los Marsans decían que valía 600 millones de dólares. Para saldar la operación, el Estado pagó $ 1 (pesos uno).

En resumen, la única medida por la que se condena a la República Argentina es la violación de un acuerdo de julio de 2008, previo a la expropiación formal, por el que se había establecido que en caso de desacuerdo entre las valuaciones de las partes, se procedería a la valuación por parte de un tercero independiente. Esto último no ocurrió, sino que en diciembre de 2008 se dictó la ley de expropiación.

En el Gobierno cuestionan con dureza la estrategia que llevó adelante la ex Procuradora del Tesoro de la era K, Angelina Abbona. Dicen que la defensa en tribunales internacionales estuvo basada en argumentos políticos, de tribuna, que combinaron torpeza con desidia. Algo similar a lo que ocurrió cuando se negociaba con los holdouts.

Pero en el mediano plazo, dicen los funcionarios, las consecuencias saltan a la vista: cifras millonarias que se pagan a quiénes no merecen; por decisiones ignorantes; y que aunque no parezca en un análisis apresurado, terminan afectando a jubilados, a los pobres, a los que menos tienen y más necesitan.

En el Gobierno también habla con preocupación del surgimiento de sentencias adversas de costos altísimos en tribunales internacionales a favor de una segunda generación de fondos buitres, ávidos y listos para actuar en esos ámbitos.

Fuente: Clarín