27/01/17

Auditar las represas del Sur costará más de $ 100 millones

El contrato es por un año y luego habrá una licitación; De Vido había encargado la tarea a la Universidad de La Plata y Macri ratificó la decisión


El ingreso a las centrales Kirchner y Cepernic. Foto: Archivo

La construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic envuelve números millonarios. No sólo en términos de inversión (US$ 4500 millones, incluido el tendido de una red de alta tensión), sino también en todo lo que rodea el control de esa obra.

Mauricio Macri decidió continuarlas. Pero la actual administración no sólo heredó el proyecto, sino también un convenio millonario de asistencia con la Universidad de La Plata, que recibirá exactamente $ 106.123.255 por prestar al Estado servicios de auditoría que permitan controlar la marcha de las represas patagónicas por el lapso de un año. Así consta en registros públicos. Mediante adjudicación directa, dieron el trabajo a esa casa de estudios.

La relación del kirchnerismo con las universidades es investigada en la Justicia. La administración anterior utilizaba las casas de altos estudios para contratar trabajos y transferir sumas millonarias de dinero sin la mayoría de los controles que tiene el manejo del Estado. El gobierno de Macri denunció esos convenios, por ejemplo, en el caso de la mina de carbón en Río Turbio (Santa Cruz), donde realizó trabajos millonarios la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Río Gallegos.

El contrato con la Universidad de La Plata, de un año a partir de su perfeccionamiento (ocurrió el 12 de diciembre pasado), contempla el pago de cuatro ítems: gastos de personal (la universidad pondrá a disposición un staff de 85 personas para los primeros 12 meses de tarea), viáticos y movilidades (contempla los viajes a la obra y reuniones en China para verificar las características técnicas de las turbinas) y gastos de mantenimiento de oficinas, principalmente.

La misma universidad había sido elegida por el kirchnerismo para auditar la construcción de las polémicas centrales patagónicas. El gobierno de Cambiemos mantuvo esa elección.

Una fuente cercana a las discusiones explicó a LA NACION por qué la gestión de Juan José Aranguren continuó con el convenio. Entre otras cosas, justificaron que por el retraso de las obras no se pudieron hacer los trabajos de auditoría previstos ya contratados. De hecho, sólo se revisó la construcción del obrador. Respecto del pago millonario, sostuvieron que está en línea con las dimensiones del proyecto.

De cara a los futuros requerimientos de auditoría de las centrales, el Gobierno lanzará este año una licitación pública nacional e internacional para contratar servicios, que también se estima que tendrán un costo millonario, dado que requieren el trabajo de entre 80 y 100 personas por mes, según la estimación que hacen en despachos públicos. La encargada de la contratación será Ebisa, la empresa estatal que comercializa la energía de Yacyretá y Salto Grande, entre otras cosas.

La Universidad de La Plata recibirá 10% a la firma del convenio. El saldo se cubrirá en 12 cuotas mensuales y consecutivas a certificar de acuerdo con el plan de trabajo requerido por la inspección.

Si bien la administración macrista modificó el proyecto (lo achicó y sumó la construcción de infraestructura de transporte eléctrico para evacuar esa energía), se comprometió a finalizarlas en 2022. La construcción estará a cargo del consorcio integrado por la cordobesa Electroingeniería, afín al kirchnerismo y cuya subsistencia está atada a la continuación de la iniciativa, China Gezhouba Group e Hidrocuyo.

El 21 de diciembre, la Corte Suprema suspendió provisoriamente las obras de las represas por una medida cautelar dictada en el marco de una acción de amparo ambiental promovida por dos ONG. Las obras podrán reanudarse cuando se cumplan el proceso de evaluación de impacto ambiental y la audiencia pública en el Congreso.

Fuente: La Nación