31/01/17

Ahora cuestionan las expropiaciones para las represas de Santa Cruz

Para cuarenta dueños de tierras afectadas fue inconstitucional. Creen que habría un negocio para Lázaro Báez.


Cristina Kirchner anunciando el segundo llamado a concurso por las represas en Santa Cruz. Foto Clarín.

Las 5.000 hectáreas sobre las que se levantarán las represas de Santa Cruz, si la Corte Suprema de Justicia lo habilita, son foco de un conflicto millonario que se debe dirimir en la Justicia santacruceña y que pone en peligro la actividad de muchos estancieros. La ley de expropiación usada por la Provincia fue denunciada por 40 propietarios por “inconstitucional”. Les quitan la posibilidad de acceder al río que por años fue utilizado por la hacienda y les quitaron hectáreas para ser “adjudicados a terceros”. Denuncias por “negocios inmobiliarios” y el fantasma de los favores a Lázaro Báez, son reiterados por los superficiarios.

Cerca de El Calafate 64 campos que dan a la ribera del río Santa Cruz, serán afectados para las represas que demandarán un crédito de la República de China de U$S 4.700 millones. La polémica obra que impulsó Cristina Kirchner y que promete generar 1.290 MW, está detenida por la Corte Suprema de Justicia hasta que se concluya el estudio ambiental, pedido esto por la Asociación de Abogados Ambientalistas.

El gobierno de Alicia Kirchner tiene la responsabilidad de resolver la situación de los estancieros que denunciaron una "expropiación inconstitucional" por parte de la anterior gestión. Del total de tierras requeridas para las represas "Kirchner" y "Cepernic", el 85 % ya se declararon de utilidad pública y se iniciaron 40 juicios.

Todo se encuentra en el Juzgado Civil N° 1 de Río Gallegos, donde asumirá como juez Marcelo Bersanelli el concuñado de Máximo Kirchner, actual funcionario de la ministra de Salud Rocío García pareja del diputado nacional.

“La Provincia hizo una ley antes de expropiar las tierras que le quita a los ribereños la posibilidad de vender áridos para la construcción de las represas y el acceso directo al río”, explicó a Clarín el abogado Javier Pérez Gallart, representante de cuatro estancieros.

Una de las cláusulas señala que las tierras serán “adjudicadas a terceros para la explotación de emprendimientos turísticos”. “Lo primero que denunciamos es que Lázaro Báez iba a ser uno de los favorecidos para explotar eso”, dijo a Clarín Polonia "Pola" Grzegorczyk dueña hace 70 años de “La Martina” un campo que negó venderle al empresario K.

"Pola" perdió dos tercios de su propiedad. Incluye 10 mil hectáreas del campo de verano donde las ovejas pasan nueve meses. "Ya no puedo explotarlo como unidad económica”, contó. La Provincia le depositó en una cuenta judicial $ 60.000 que ella rechazó. "Yo inicié juicio y quiero que me devuelvan lo mío".

Marcelo Cepernic, hijo del ex gobernador es otro de los afectados. "Es un sucio negociado inmobiliario, ampliaron la expropiación 200 metros sobre las costas del río y de los futuros lagos, esto es una sentencia de muerte para los animales que ya no podrán acceder a la ribera", dijo a Clarín. Además, señaló que el gobierno de Kirchner ahora habla de "compensaciones”, "nos prometen obras para tener agua, pero no retiran la ley que nos priva del acceso a la misma".

Mientras las expropiaciones se indemnizan en base a una tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, en la Provincia la ley establece que se pagará el valor fiscal más el 30 %, remarca la denuncia de Cepernic. "Son migajas y requiere un largo trámite para reconocer el valor real".

También denuncian una "expropiación innecesaria" de cabeceras de campos (2.500 hectáreas). "Con 200 hectáreas era suficiente para el trabajo", señalo la dueña de La Martina.

Fuente: Clarín