05/04/25

Una denuncia ante el BID genera ruidos en la licitación lanzada por LLaryora para terminar la autopista San Francisco- Córdoba

La Nación transfirió las obras sin haber resuelto la situación de la contratista que tenía adjudicados los contratos. El conflicto escaló al organismo internacional que financia los trabajos. La provincia se desmarca del conflicto

Por Antonio Rossi




La licitación que, con telón de fondo electoral, sacó a la calle el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora para terminar las obras de la Autopista de la Ruta Nacional 19 quedó jaqueada por una serie de irregularidades de la gestión libertaria de Vialidad Nacional y una reciente denuncia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que podría complicar la obtención de una nueva línea de crédito que gestiona la provincia para el pago de los tramos en juego.

La semana pasada, el ministro Luis Toto Caputo se anotició de la presentación de una denuncia por presuntas “maniobras fraudulentas y prácticas indebidas” efectuada ante las autoridades del BID por la contratista CRZ Construcciones que, en los papeles, aún tendría a su cargo la ejecución de las obras que Córdoba salió a licitar tras un convenio abrochado con la Nación.

Según confirmaron a LetraP fuentes de la cartera económica, la copia de la denuncia elevada a la Oficina de Integración Institucional del BID en Washington que le llegó a Caputo plantea que la Nación y Córdoba acordaron de manera irregular “transferir y licitar” un paquete de obras adjudicadas en 2017 que cuentan con financiamiento del organismo sin haber cerrado previamente los contratos en curso con la adjudicataria inicial.

La movida ante el BID puso en la mira el accionar desplegado por el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine; extitular de Vialidad Nacional, Raúl Bértola (ambos cordobeses) y del actual timonel del organismo vial, el menemista Marcelo Campoy; quienes fueron los encargados de llevar adelante el acuerdo de transferencia de las obras.

Para los analistas del sector, si la denuncia logra escalar internamente en el BID, la provincia podrían ver demoradas las negociaciones que tiene en marcha para poder utilizar el remanente del crédito inicial que había tomado la Nación y acceder a nuevos préstamos destinados a obras viales y de infraestructura.

Ante una consulta de LetraP, fuentes de la gobernación de Córdoba señalaron que “el conflicto con la contratista es de la Nación, no afecta a la provincia y no interfiere en el proceso licitatorio de la Autopista 19”.

Agregaron que “además de la gestión de un crédito del BID, también estamos buscando financiación en otros organismos multilaterales y una salida al mercado para los proyectos en curso. Pero, por la coyuntura económica y la suba del riesgo país ahora vamos a esperar un poco antes tomar decisiones en ese sentido”.

Tras una licitación realizada en la gestión de Mauricio Macri con las reglas de juego del BID, las obras en disputa fueron adjudicadas a la UTE de CRZ Construcciones y Perales Aguiar en marzo de 2017. Abarcan los tramos que van desde San Francisco hasta Jeanmarie y de Arroyito a Río Primero. En 2018, Perales Aguiar entró en convocatoria de acreedores y redujo su participación en la sociedad del 50% al 1%. En el caso de CRZ, la convocatoria que había abierto en julio de 2019 se terminó levantado con un acuerdo de pagos a los acreedores en diciembre de 2022.

A diferencia de otro par de tramos de la Autopista en territorio cordobés que ya se encuentran terminados, los dos de CRZ se atrasaron por la demora registrada en la liberación de la traza, complicaciones operativas y tardanzas en los pagos. Actualmente el nivel de avance de las obras oscilaría entre el 40% y 50%.

Para el proyecto de transformación de la RN 19 en autopista valuado originariamente en US$ 300 millones; la Nación había accedido a un crédito del BID que cubría el 60%, quedando el 40% restante como contraparte local.

Con el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada, las obras quedaron paralizadas y con una deuda acumulada de seis meses de trabajo. A principios de 2024, Giovine y Bertola abrieron una negociación con la UTE para rescindir el contrato de común acuerdo o reprogramar las obras. Las tratativas terminaron en nada por los recortes que sufrieron las partidas de Vialidad por la “motosierra” de Milei y Caputo.

Luego de que la gestión libertaria impusiera la partida de defunción a las obras públicas, el ministro del ministro de Infraestructura de Córdoba, Fabián López comenzó a negociar con su coterráneo Giovine el traspaso de los tramos inconclusos de la Autopista RN 19.

En junio de 2024, la Nación y la administración de LLaryora cerraron un convenio de transferencia sin haber resuelto la situación de la UTE que tenía asignadas las obras. En el acuerdo, las autoridades nacionales se habían comprometido a entregar “la traza liberada” para que la provincia vuelva a licitar las obras.

Ante la falta de pago y la indefinición sobre la rehabilitación de los trabajos, en diciembre pasado CRZ solicitó la rescisión de las obras por culpa del Estado junto con los resarcimientos que prevén los contratos. Ese planteo fue rechazado por Vialidad que dejó correr los contratos sin tomar ninguna medida en ese momento.

El conflicto por la Autopista RN 19 se agravó a partir de marzo:

  • El día 10, LLaryora anuncia con bombos y platillos el llamado a licitación para terminar las obras que le había transferido la Nación.
  • El lunes 17, la estatal cordobesa “Caminos de la Sierra” lanza oficialmente el proceso licitatorio, segmentando las obras en tres nuevos contratos.
  • Recién un día después, el 18 de marzo, Vialidad le comunica a la UTE que había decidido rescindir los contratos y ejecutarle las garantías por “exclusiva culpa de la contratista e incumplimiento de obras”.
Tras tomar nota de la medida, la empresa –que aún tienen parte de sus equipos y obradores en las trazas—salió a rechazar administrativamente la baja de los contratos y a denunciar la irregularidad de Nación y Córdoba que licitaron las obras sin haber resuelto con anterioridad la adjudicación que estaba vigente.

Mientras tanto, la licitación sigue adelante y la apertura de ofertas quedó agendada para el 5 de mayo. La inversión prevista asciende a US$ 154 millones y será financiada inicialmente con recursos propios de la provincia. Generará 800 puestos de trabajo y, si no hay contratiempos, las obras deberían estar terminadas a mediados de 2026.

Nota Editada en LetraP