Por Antonio Rossi
Los organismos del área de Transporte que el Congreso salvó del desguace que había iniciado el gobierno de Javier Milei se encuentran semiparalizados y van camino a cerrar el año con más ajuste y nuevos recortes en sus plantillas operativas.
En Vialidad Nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), los gremios se mantienen en estado de alerta ante la falta de una hoja de ruta por parte de las autoridades libertarias que permita despejar la incertidumbre sobre las tareas que cada organismo debe cumplir.
La situación combina recortes de fondos, reducción de personal y señales políticas que muestran que, aun cuando el Congreso bloqueó el intento de disolución vía DNU, el Gobierno mantiene firme el rumbo del ajuste.
El DNU caído, el plan intacto
El 1° de julio, un día antes de que vencieran las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso, la Casa Rosada firmó un paquete de decretos de necesidad y urgencia con la intención de achicar la administración pública.
El DNU 461/25, diseñado por el ministro desregulador Federico Sturzenegger, buscaba reestructurar casi de raíz el sector transporte: liquidación de Vialidad y de la ANSV; transformación de la CNRT en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos (Accspt); y reducción de la JST a una oficina limitada a investigar accidentes aéreos.
La jugada fracasó en agosto, cuando ambas cámaras rechazaron la norma y obligaron al Ejecutivo a restituir el marco legal anterior. Pero el freno parlamentario no significó una recomposición de recursos: por el contrario, los organismos fueron devueltos a su formato original, pero con presupuestos recortados, equipos diezmados y una inercia de desguace que continúa en los hechos.
Vialidad Nacional: menos rutas, más despidos
El caso de Vialidad Nacional es el más paradigmático. Tras la marcha atrás con el DNU, el organismo volvió a tener a su cargo la planificación, ejecución y mantenimiento de la red vial nacional. Sin embargo, los fondos disponibles apenas alcanzan para pagar salarios y realizar reparaciones mínimas.
La inversión en obras quedó prácticamente paralizada, lo que ya se refleja en el deterioro creciente de rutas estratégicas para el transporte de cargas y el turismo.
El titular del organismo, Marcelo Campoy, hombre cercano a Lule Menem y exfuncionario menemista, sigue aplicando un plan de recortes. En los últimos 12 meses se desvincularon más de 600 trabajadores y la meta para el último trimestre del año es ampliar esa reducción a 750 empleados adicionales.
El objetivo de fondo, según admiten fuentes internas, es dejar una plantilla reducida que obligue a concesionar la mayor parte de los trabajos a empresas privadas.
El clima laboral se tensó en las últimas semanas por dos medidas de Campoy: la compra de un sistema digital de control de asistencia por casi u$s 3 millones y el cierre de los accesos de la sede central hasta las ocho de la mañana, lo que generó protestas gremiales.
“Buscan disciplinar con control y con miedo”, aseguran desde la Unión de Trabajadores Viales.
CNRT: recorte del 15% y controles debilitados
En la CNRT, la caída del DNU devolvió al organismo sus funciones de fiscalización sobre colectivos, trenes y transporte de cargas.
El Ejecutivo aprovechó la transición para cambiar la conducción: desplazó a Edgar Pérez y designó a Carlos Frugoni, empresario cercano al macrismo y a Toto Caputo, con quien comparte lazos desde los años del Colegio Newman.
Frugoni ya adelantó que el plantel de 1130 trabajadores está “sobredimensionado” y que planea un ajuste del 15%. En la práctica, eso significaría dejar a la CNRT con menos inspectores en la calle, justo cuando los reclamos por la falta de controles en ómnibus de larga distancia y trenes metropolitanos se multiplican.
El propio sindicato de la actividad advierte que los accidentes en rutas y vías férreas podrían incrementarse.
ANSV: crisis de gestión y licencias de papel
La Agencia Nacional de Seguridad Vial atravesó uno de los papelones más resonantes de la gestión libertaria. El Gobierno primero designó como director a Nicolás Dapena Fernández, exfuncionario kirchnerista, pero su renuncia llegó al día siguiente por incompatibilidades con sus tareas privadas. En su lugar asumió Francisco Díaz Vega, con pasado en las administraciones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
La conducción enfrenta un problema inmediato: la falta de stock de tarjetas plásticas para emitir licencias de conducir. El faltante obligó a la provincia de Buenos Aires a autorizar carnets provisorios en papel, un retroceso burocrático que afecta la credibilidad de un documento que debería ser uniforme y seguro en todo el país.
Municipios del interior también reportan retrasos en la entrega y demoras para quienes conducen y necesitan renovar o tramitar por primera vez.
La carencia se explica por la caída de las transferencias nacionales y por licitaciones demoradas en el marco del ajuste general. “Estamos trabajando con herramientas del siglo pasado”, admitió un técnico del organismo.
JST: continuidad con tijera
La Junta de Seguridad en el Transporte recuperó a su anterior presidente, Federico Suleta, tras descartarse la designación de Paolo Marino, cuestionado judicialmente por la tragedia de Sol Líneas Aéreas en 2011.
Suleta debió revertir la suspensión de 277 trabajadores de planta que habían quedado “a disponibilidad” en la etapa previa al cierre.
No obstante, el organismo sigue achicando: 35 personas contratadas ya fueron despedidas y otras 40 quedarán afuera al finalizar el año.
La reducción compromete la capacidad técnica para investigar accidentes ferroviarios, aéreos y viales, justo cuando se multiplican las denuncias por fallas de infraestructura.
Ajuste que sigue
Aunque el Congreso bloqueó el intento de disolución de los organismos de transporte, la motosierra no se detuvo: la combinación de menos fondos, despidos y decisiones administrativas mantiene a Vialidad, CNRT, ANSV y JST en un estado de fragilidad.
Para los gremios, el Gobierno sólo busca “asfixiar hasta que la privatización sea la única salida”.
En paralelo, la reducción de controles y de inversión abre interrogantes sobre la seguridad de las rutas, el funcionamiento del transporte público y la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos de las personas usuarias.
Nota Editada en LetraP
