Por Antonio Rossi
El Gobierno de Javier Milei blanqueó que no está en condiciones de llevar adelante la privatización de las rutas nacionales con peaje en los primeros meses de este año y que ahora los tiempos en juego para las dos primeras concesiones en carpeta se extenderán, como mínimo, hasta enero de 2026.
En octubre pasado, la Casa Rosada y las autoridades de Vialidad habían anunciado con bombos y platillos el inicio de la privatización de las rutas y autopistas con peaje que están en la órbita nacional con un cronograma que contemplaba adjudicar las dos primeras nuevas concesiones en abril de este año y otros once tramos en el mes de julio.
Bajo la denominación de nueva “Red Federal de Concesiones” (RFC), la privatización vial prometida por la gestión libertaria iba a arrancar en diciembre con la licitación del “Tramo Oriental” compuesto por la autovía del Mercosur de las rutas nacionales 12 y 14 y el “Tramo Conexión” que comprende los caminos de accesos y la Conexión Física Rosario-Victoria que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Estos dos trazados se encuentran actualmente en manos de la concesionaria privada CRUSA (Caminos del Río Uruguay) que está en concurso de acreedores y arrastra graves incumplimientos contractuales.
La segunda fase de la privatización vial tenía fecha de inicio febrero de este año y abarcaba las autopistas Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y diez tramos adicionales más de rutas nacionales que pertenecen a la empresa estatal Corredores Viales SA.
Ayer, por medio del decreto 28/25, la administración mileísta reconoció que no podrá cumplir con los plazos anunciados, que los tiempos en danza se estirarán por un año más y que las dos primeras concesiones de la lista van a ser licitadas en algún momento de los próximos meses.
Para disimular las demoras y complicaciones que enfrenta la privatización, el relato libertario salió a “vender” el decreto como si fuera “el inicio de la primera etapa del proceso licitatorio de la RFC” que engloba la Autovía del Mercosur y el Puente Rosario-Victoria y para el cual se han generado –según la visión oficial---“las condiciones económicas óptimas donde capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales”.
Con las firmas de Milei y del ministro de Economía, Luis Toto Caputo; el decreto habilita a la Secretaría de Transporte que comanda Franco Mogetta a aprobar –sin una fecha cierta --los pliegos de bases y condiciones; llamar a licitación; organizar una comisión de concesiones; calificar a los oferentes y adjudicar las dos primeros trazados viales dentro de un plazo de 12 meses.
El retraso de la licitación va camino a generarle un problema adicional al Gobierno. Los contratos vigentes con la empresa privada CRUSA por la Autovía del Mercosur y la conexión Rosario-Victoria están prorrogados hasta mediados de abril. Como no dan los tiempos para licitar y adjudicar esos tramos ante de esa fecha, la administración libertaria tendrá que resolver si se hace cargo el Estado o si vuelve a prorrogar las concesiones a la empresa que no ha realizado las obras contractuales y que, encima, le reclama al Gobierno una compensación millonaria por los aumentos de peaje que no fueron autorizados en las últimas dos décadas.
Tal como había anticipado LetraP, la privatización de las rutas quedó frenada el mes pasado debido a tres motivos salientes que señalaron fuentes empresarias y sindicales:
- Las diferencias internas planteadas entre las autoridades de Vialidad Nacional a cargo de Marcelo Campoy, quien responde a Lule Menem; y de Corredores Viales, que pilotea José Acevedo, exfuncionario larretista que ahora juega en equipo con el diputado Diego Santilli.
- El mal estado de las calzadas que tienen las primeras rutas a concesionar según las últimas mediciones efectuadas por inspectores oficiales.
- La falta de interés que mostraron hasta ahora las constructoras locales para hacerse cargo de las obras.
En las RN 12 y 14, se detectó una “gran número de fisuras en el pavimento flexible y en la cantidad de lozas de hormigón rotas que denotan una marcada falta de mantenimiento”. Además, se verificaron “valores de ahuellamientos muy altos de hasta 60 milímetros, cinco veces más que el nivel de deterioro que es penalizado por las normas vigentes”. A su vez, en los tramos de conexión del puente Rosario-Victoria se registraron ahuellamientos de 30 a 57 milímetros que afectan las condiciones de transitabilidad y seguridad.
De mantenerse el esquema licitatorio que venían barajando los técnicos de Vialidad, la privatización de las rutas se basará en una ausencia total de obras nuevas de ampliación de la red vial existente, plazos contractuales sujetos a las propuestas de los oferentes; aumentos de tarifas de hasta el 200% después del primer año de concesión; más cabinas de cobro y ajustes automáticos de los peajes cada 90 días.
Más allá de su apuesta por los operadores privados, el Gobierno mileísta todavía no ha explicado como hará para revertir, en el período de transición que resta el traspaso de las rutas, el creciente y peligroso deterioro de la infraestructura vial, que ya acumula más de un año sin inversiones mínimas en mantenimiento.
Nota Editada en LetraP
