Por Antonio Rossi
Ante la falta de respuesta de la Secretaría de Energía comandada por la macrista María Tettamanti y el temor de que la próxima ola de calor vuelva a dejar sin luz a una cantidad significativa de hogares de sus provincias; los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y de Córdoba, Martín Llaryora salieron a jugar en tándem para reclamarle a la administración mileísta la rehabilitación de los proyectos de ampliación de las redes de transporte eléctrico que tiene congelados desde hace más de un año.
Por medio de una nota conjunta remitida al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los mandatarios provinciales solicitaron la puesta en marcha de las obras proyectadas desde hace varios años que están destinadas a extender y mejorar el funcionamiento del “Sistema de Transporte en Extra Alta Tensión de 500 kV” que abastece la región Centro.
Las obras comprenden el tendido de 800 kilómetros de redes de 500 kV, la incorporación de casi 1.000 kilómetros de líneas de 132 kV y ocho estaciones transformadoras. Inicialmente ese paquete formaba parte del “Plan Federal de Transporte Eléctrico” que llevaban adelante el Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE) y la Secretaría de Energía.
Ese “Plan Federal”, que englobaba 54 obras simultáneas de transporte y distribución a lo largo del país, quedó paralizado desde diciembre de 2023 por el ajuste y la “motosierra” de la administración mileísta.
A mediados del año pasado, el exsecretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo les había prometido a las autoridades de Santa Fe y Córdoba que el Gobierno iba a incluir las ampliaciones del transporte eléctrico en el plan de inversiones de la Revisión Tarifaria Quinquenal (RTQ) que estaba pendiente con la empresa Transener.
Al revisar la documentación de la RTQ de Transener que se tratará en una audiencia pública convocada para fines de febrero; los funcionarios provinciales comprobaron que no figuraba la totalidad de las obras en juego.
Ante ese nuevo desaire, Pullaro y LLaryora decidieron apuntar sus cañones contra Francos para que destrabe “la ejecución de las obras que permitirán poder hacer frente al déficit que presenta la capacidad de transporte eléctrico y fortalecer el crecimiento económico y social del país”.
Entre otros argumentos, el planteo conjunto hizo hincapié en que “las obras fueron planificadas para aportar una mayor seguridad en la operación del sistema eléctrico nacional que está en estado crítico y para el desarrollo de nuevas inversiones en generación que hoy se encuentran limitadas”.
El reclamo se focaliza en la concreción de dos proyectos. El primero abarca la red de 500 kV Diamante-Charlone, que tiene una extensión de 490 kilómetros, con líneas complementarias de 132 kV y seis estaciones transformadoras. El segundo, contempla el tendido de 300 kilómetros de una nueva línea de 500 kV entre Santo Tomé-San Francisco-Malvinas Argentinas en Córdoba y la instalación de dos estaciones transformadoras.
Según la visión de los gobernadores, con ambos proyectos se podrán “desarrollar inversiones para captar y aprovechar el recurso renovable e incrementar la capacidad de transporte que dispone en el país, como así también disminuir el riesgo de colapso que el sistema muestra actualmente en múltiples nodos”.
También destacaron que “se dará mayor robustez a la capacidad de abastecimiento de energía eléctrica al permitir el cierre de anillos en el sistema de transporte, generando circuitos alternativos para vincular la oferta con la demanda y garantizando condiciones de operación más versátil y confiable”.
Mientras tanto, las diferencias internas entre Tettamanti y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo siguen demorando el proceso licitatorio para la ampliación de las redes de transporte eléctrico que forman parte del proyecto AMBA I.
Planificado hace más de una década, el proyecto AMBA I comprende un combo de 11 ítems entre los cuales sobresalen la construcción de la Estación Transformadora (ET) Plomer; la ampliación de las ET existentes en Luján, Mercedes, Zappalorto e Isidro Casanova; y el tendido de 500 km. de líneas de alta tensión en 500, 220 y 132 kV para unir las nuevas instalaciones con Vivoratá en la zona de Mar del Plata.
Las obras en carpeta apuntan a asegurar el abastecimiento en las zonas densamente pobladas del Norte y Oeste del Gran Buenos Aires y limitar los riesgos de fallas en las subestaciones de Ezeiza y General Rodríguez que están funcionando al límite técnico.
Durante la gestión de Alberto Fernández se había firmado un convenio con la compañía asiática China Electric Power Equipment and Technology (CET) para “el diseño de ingeniería, suministro y construcción del AMBA I". El acuerdo preveía una "inversión estratégica de US$ 1.100 millones” que iba a ser financiada por el Banco of China Limited y el ICBC, en el marco de la cooperación vigente entre Argentina y China”.
La opción china quedó descartada con el desembarco de Milei en la Casa Rosada. Transener—controlada por Pampa Energía y la estatal Enarsa—puso el proyecto otra vez en camino cuando propuso insertarlo dentro del plan de inversiones de la RTQ.
Tras desechar esa variante, la Secretaría de Energía a cargo de Tettamanti armó un esquema para financiar las obras con un recargo tarifario que iba a implicar un aumento entre 1% y 3% en las facturas finales del servicio eléctrico.
Esa alternativa no fue convalidada por Caputo y desde fines del año pasado, el AMBA I permanece en el limbo y si una fecha cierta de despegue.
Nota Editada en LetraP
