Por Antonio Rossi
La intención del gobierno de Javier Milei de concretar la privatización del puente Rosario-Victoria antes de fin de año va camino a quedar trunca debido a las demoras legales y los problemas de financiamiento que enfrenta la nueva concesionaria de empresas santafesinas y entrerrianas que encabeza la constructora Obring.
El grupo que se adjudicó la concesión por un período de 20 años recién podría hacerse cargo de la operación y mantenimiento del puente entre febrero y marzo, una vez que termine de conformar la nueva sociedad vial y consiga una asistencia económica no inferior a u$s 20 millones que le permita encarar las obras iniciales exigidas en la licitación.
Según indicaron fuentes del sector a Letra P, el grupo concesionario integrado por las firmas santafesinas Obring, Rovial y Edeca y las entrerrianas Pitón y Pietroboni estaría afrontando serios escollos para conseguir que alguna aseguradora local le cubra las garantías de contrato y de obras que necesita para poder tomar posesión del puente.
El principal problema que enfrenta la nueva concesionaria vial pasa por el monto inicial de dinero requerido para poner en marcha los trabajos de reparación y mejora de las calzadas del viaducto que une Santa Fe y Entre Ríos.
La promesa incumplida del BICE
Liderado por la constructora rosarina Obring –controlada por los hermanos Franco Gagliardo y Pablo Gagliardo–, el grupo regional se presentó a la licitación del puente tras recibir la promesa oficial de que podía contar con una asistencia financiera del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
A través del funcionario fantasma Martín Maccarone, quien integra el equipo económico desde hace más de un año sin designación formal, Caputo les adelantó a las constructoras que tendrían acceso a un “esquema fiduciario de garantía y financiamiento” por hasta el 70% del total de inversiones previstas, con tasa UVA +2% y un plazo de repago de seis años, más un período de gracia de 12 meses.
Hasta ahora, las gestiones del consorcio para obtener esos fondos han sido infructuosas por las trabas y demoras que estarían imponiendo las autoridades del BICE, que conduce Maximiliano Voss.
Sin la ayuda estatal y sin recursos propios para cumplir las obligaciones iniciales, la estrategia del consorcio sería demorar la creación de la “sociedad específica vial” en los registros de Santa Fe y Entre Ríos mientras intenta resolver el financiamiento.
Asesoramiento polémico y riesgos legales
Para preparar la oferta ganadora, Obring habría recurrido al asesoramiento de Juan Manuel Collazo, extitular de Helport –empresa del grupo Eurnekian– actualmente juzgado en la causa Cuadernos como parte de un esquema de pagos indebidos para obtener contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
El consorcio liderado por Obring —una de las principales contratistas del gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro y de la intendencia rosarina de Pablo Javkin— obtuvo la concesión al ofertar un peaje tope de $3385, que comenzará a cobrarse una vez concluidos los trabajos básicos de reparación y mantenimiento.
Al advertir las dificultades del grupo para empezar, desde Vialidad Nacional ya le habrían comunicado que, si los plazos se extienden, convocarán a la segunda empresa en la compulsa: Coyserv, la cordobesa perteneciente a Contreras Hermanos, cuya oferta tope se ubicó en $3725.
La autovía del Mercosur, también frenada
La “borrada” del BICE y la falta de financiamiento también afectan a la empresa Autovía Construcciones y Servicios (ACS), del grupo Cartellone, que se adjudicó la concesión del Tramo Oriental. Ese paquete incluye la autovía del Mercosur sobre las rutas nacionales 12 y 14, el puente Zárate–Brazo Largo y el acceso al paso fronterizo Paso de los Libres–Uruguayana.
En este caso, la empresa concesionaria ya está formalmente constituida, pero el desembarco privado se encuentra frenado por la falta de seguros y créditos iniciales necesarios para firmar el contrato de obras cuya amortización se extenderá hasta 2046 mediante el cobro de peajes.
A ello se suma la carga judicial que arrastra ACS: su plana mayor quedó expuesta en el juicio oral de la causa Cuadernos que tramita el Tribunal Oral Federal Nº7. En la megacausa surgida de las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, los fiscales acusaron a Gerardo Cartellone, José Cartellone y María Rosa Cartellone, junto con Tito Biagini, como coautores de diez hechos de cohecho activo, mientras que Hugo Kot fue imputado como partícipe necesario.
De acuerdo con la acusación, los pagos realizados a funcionarios nacionales entre 2003 y 2015 no eran “aportes aislados”, sino parte de un esquema sistemático para obtener decisiones administrativas favorables y contratos de obra pública.
Ofensiva judicial contra la privatización
Además de los problemas financieros, el plan de privatización de rutas de la administración libertaria ya enfrenta cuestionamientos judiciales.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un recurso de amparo ante la Justicia federal para frenar la licitación de los tramos Sur–Atlántico–Acceso Sur, que abarcan la autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226.
La presentación —que quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº9, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials— se centra en dos ejes: los aumentos exponenciales de peajes que impondrán las nuevas concesiones y que impactarán en trabajadores, estudiantes y transportistas; y la inexistencia de un ente regulador creado por ley que garantice la participación de los usuarios viales.
Nota Editada en LetraP
