Por Antonio Rossi
Entremezclado entre los 81 artículos del proyecto de ley enviado a Congreso, la administración de Javier Milei coló una iniciativa que va camino a generar ruido en el sector eléctrico.
Por medio de artículo 74, la gestión libertaria quiere que los diputados y senadores concedan la vía libre para implementar un esquema de compensación que les reconocería a las distribuidoras eléctricas los ajustes de sus ingresos específicos que no pudieron aplicar en los últimos años por las emergencias económicas y congelamientos tarifarios.
Los montos que surjan de esos reconocimientos podrán ser utilizadas por las empresas eléctricas para pagar las deudas y parte de la energía que le compran a la Cammesa.
Según interpretan los especialistas energéticos consultados por Letra P, a priori, las principales beneficiarias de la medida que impulsan el ministro de Economía, Luis Toto Caputo y la titular de Energía, María Tettamanti serían Edenor y Edesur.
Tanto la distribuidora de zona norte controlada por el trío conformado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti; como su par de la región metropolitana sur que es manejada por el grupo italiano ENEL tendrían diferencias a su favor que rondarían entre $ 300.000 millones y $ 500.000 millones cada una.
Serían por las sumas actualizadas de los aumentos correspondientes al “valor agregado de distribución” (VAD) y a los planes de obras incluidos en las renegociaciones integrales del gobierno de Mauricio Macri que quedaron paralizados a partir de 2019. También abarcan los ajustes contractuales no otorgados durante la gestión de Alberto Fernández.
El texto del polémico artículo establece que la secretaría de Energía “en consulta con las jurisdicciones provinciales y sus entes reguladores, determinará las diferencias de ingresos percibidos por las distribuidoras nacionales, provinciales y municipales con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas, correspondientes a cualquiera de los ejercicios en los que hubiera estado vigente, comparados con los ingresos que les hubieran correspondido de haberse aplicado el correspondiente pliego de concesión”.
A continuación, puntualiza que una vez definidas esas diferencias se tomarán en cuent para “la cancelación de las obligaciones que las distribuidoras tuvieran con la Cammesa por la compra de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) sujeto a la declinación de cualquier reclamo judicial o administrativo relacionado con los efectos de las emergencias declaradas”.
El ex interventor de ENRE, Walter Martello advirtió que se trata de una medida fuera de lugar y que tiene como destino seguro su judicialización.
“Esencialmente busca reconocer las supuestas diferencias que las distribuidoras alegan que les correspondían como ingresos propios desde la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) de 2017. Los aumentos previstos para esos ingresos, que habían quedado establecidos en los contratos, se interrumpieron por la declaración de emergencia y ahora el Gobierno pretende actualizarlos y netearlos con las deudas que las empresas acumularon con Cammesa”, detalló Martello.
Agregó que “resulta incomprensible porque habla de diferencias tarifarias durante la emergencia y en cada acta de compensación que firmaron las distribuidoras hay renunciamientos a esas diferencias. Además, está el criterio de irretroactividad de las tarifas, lo cual hace que esta cuestión sea altamente judiciable”.
Por su parte, la exsubsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti destacó a Letra P que “tras perdonarles las deudas con Cammesa porque no tuvieron aumentos tarifarios, ahora Milei va a darles a las distribuidoras una especie de reconocimiento tarifario permitiendo que no paguen las obligaciones que tienen con la administradora de mercado eléctrico, pero sin netearlas con la situación anterior”.
Garibotti señaló que “cuando en los últimos años las distribuidoras no giraron todo lo cobrado por energía, el bache del mercado eléctrico lo tapó el Tesoro con aportes al Fondo de Estabilización. A la vez, a las distribuidoras les dieron planes blandos de regularización para aliviar sus deudas con la condición de que desistan de juicios y reclamos”.
“Ahora resulta que por medio de la ley de presupuesto se busca reconocer como activos regulatorios los ingresos no percibidos del congelamiento y se le ordena a CAMMESA a compensarlos contra lo que deben las empresas”, indico la presidenta de la Fundación Encuentro.
Añadió que “el gran problema de artículo 74 es que no habla de netear lo que no se reconoció de las tarifas con la plata que embolsaron las distribuidoras y que ya fue condonada. Si esto no se audita y se netea contra todo lo ya transferido y condonado, se convertirá en un doble alivio para las distribuidoras”.
Nota Editada en LetraP
