Por Antonio Rossi
El área de obras y concesiones viales del Gobierno de Javier Milei volvió a quedar en la mira por dos motivos salientes: la renuncia del titular de Vialidad Nacional, Raúl Bertola y dos fallos judiciales que ponen han puesto en jaque la paralización de inversiones por falta de fondos y los tarifazos aprobados para los peajes de las rutas nacionales.
Luego de la reciente salida de Fernando Vilella de la Secretaría de Bioeconomía; el administrador general de Vialidad, Raúl Bertola decidió seguir el mismo camino y dejar el puesto que ocupaba desde principios de año.
Aunque fundamentó su decisión en “razones de índole personal”, la renuncia de Bertola—extitular de ente vial de la provincia de Córdoba durante la última administración de Juan Schiaretti—obedecería a las restricciones económicas y políticas que impiden llevar adelante un plan mínimo de obras para atender los problemas más críticos que presenta la red vial nacional.
La paralización de las obras de infraestructura y el ajuste presupuestario aplicado por el ministro de Economía, Luis Caputo dejaron al organismo vial prácticamente sin margen de acción, ni capacidad económica para poder desempeñar sus tareas operativas básicas.
Además de la falta de recursos económicos, otro motivo de la salida de Bertola sería la decisión tomada por la Casa Rosada de transferir varios tramos de rutas nacionales a las provincias para que se hagan cargo del mantenimiento y las obras de mejoras, lo cual implica en los hechos una virtual “desintegración y desfederalización” de la red vial a nivel nacional.
Mientras espera conocer al sucesor de Bertola, la conducción de Vialidad tiene que hacer frente al fallo de la Justicia Federal que la emplaza a ejecutar de inmediato las obras de reparación de un trayecto de la emblemática Ruta Nacional 40 (RN40)
El Juzgado Federal de Bariloche, a cargo de Gustavo Villanueva, determinó que Vialidad Nacional incumplió su obligación de mantener la RN40, entre esa ciudad y el Bolsón, en condiciones seguras y le ordenó la reparación urgente de los puntos más críticos junto con una señalización adecuada y la implementación de medidas de seguridad vial.
La acción de amparo que dio origen al fallo había sido impulsada a fines del año pasado por el Fiscal de Estado de Río Negro, la Defensora Provincial del Pueblo, el Concejo Deliberante de El Bolsón, la Cámara de Turismo, la Cámara Comercial Industrial y Agropecuaria Regional (Cciar) y la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Bolsón.
El magistrado reconoció que “el estado actual de la ruta representa un riesgo significativo para los usuarios y afecta la prestación de servicios esenciales en la región”.
La presentación judicial del año pasado ya había dejado expuesto “el absoluto estado de abandono” de la RN40 con roturas permanentes de vehículos, accidentes viales, falta de señalización y deformaciones en la calzada”. En ese momento, el actual gobernador Alberto Weretilneck había señalado que “el estado de la ruta que conecta Bariloche, Villa Mascardi, Villegas, El Manso, El Foyel y El Bolsón pone en peligro la vida de las personas, atenta contra la prestación de servicios y contra el turismo, que genera aproximadamente el 30% del PBI de la región”.
Tras constatar las deficientes condiciones de la ruta, el juez federal de Bariloche le impuso a Vialidad que presente “un relevamiento pormenorizado de los puntos críticos de la ruta que deben ser reparados, implemente controles de carga y ejecute las obras de reparación necesarias dentro del ejercicio presupuestario 2024”.
En tanto, en la provincia de Chaco; el Juzgado Civil y Comercial de Resistencia a cargo de Julián Benito Flores hizo lugar al planteo de una medida cautelar y ordenó que no se apliquen los últimos aumentos en las tarifas de peaje que aprobaron las autoridades nacionales en las estaciones de peaje ubicadas en Makallé, en la Ruta Nacional 176, y en el ingreso al puente interprovincial General Belgrano.
Luego del aumento del 200% de abril que elevó el peaje en ambas estaciones de $ 300 a $ 900; la fundación Consumidores Unidos del Chaco, acompañada por la Defensoría del Pueblo de la provincia, realizó una presentación judicial para frenar la suba con el argumento de que el Gobierno Nacional había incumplido los pasos legales que son obligatorios para la aplicación de los aumentos.
Inicialmente, el Juzgado de Resistencia se expidió favorablemente y le ordenó a Vialidad Nacional y la concesionaria Corredores Viales que procedan a retrotraer los valores tarifarios. Tras la apelación presentada por los funcionarios nacionales, el magistrado rechazó el planteo de excepción de incompetencia y confirmó la decisión de frenar los aumentos.
Además de dejar sin efecto la resolución de Vialidad 66/24 que aumentaba las tarifas, el fallo determinó que debía implementarse “un procedimiento participativo de audiencia pública para asegurar la efectiva participación de todos los ciudadanos, garantizando la accesibilidad y la transparencia en la fijación de tarifas de peaje".
De acuerdo con el planteo de la entidad de consumidores, el Gobierno nacional no realizó las audiencias públicas correspondientes e incumplió con el pedido de la Defensoría del Pueblo del Chaco de que todo incremento debe ir acompañado por un plan de obras para las rutas concesionadas.
Como hasta ahora Vialidad y Corredores Viales no acataron el fallo; el Ombudsman de la provincia de Chaco, Bernardo Voloj, salió a advertir que promoverá una nueva demanda penal para que las autoridades nacionales de esos organismos para que sean sancionadas y multadas por el incumplimiento de las medidas dispuesta por la Justicia.
Fuente: BAE Negocios
