Por Antonio Rossi
La privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con la que la administración de Javier Milei quiere iniciar la salida el Estado de los servicios públicos, se topó con una medida judicial que promete condicionar su gestión comercial con los municipios del Gran Buenos Aires y reducir los ingresos que se podrían recaudar por su venta a nuevos dueños privados.
Ante una demanda promovida por el gobierno municipal de Avellaneda; el juez en lo Contencioso Administrativo Número 1 de Lanús, Maximiliano Ceballos le ordenó a AySA que se abstenga de cortar el suministro de agua potable a distintas dependencias oficiales y que dé por valido el pago de las facturas reclamadas con la compensación de las “tasas por servicios generales” que debe abonar al municipio.
Tras tomar conocimiento del fallo, varios intendentes del Conurbano donde presta servicios AySA comenzaron a evaluar la posibilidad de seguir el camino adoptado por las autoridades de Avellaneda para empezar a compensar las facturas de AySA con los gravámenes y tasas locales.
Desde la empresa y la Secretaría de Obras Públicas admitieron que, si esa modalidad se generaliza, tanto la gestión comercial, como la facturación de AySA a los municipios podrían verse comprometidas justo ahora que ha logrado estabilizar sus cuentas operativas.
La compañía estatal—que fue creada en 2006 para remplazar a la ex Aguas Argentinas—tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable y tratamiento de desagües cloacales en la Capital Federal y 26 partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Con ajustes internos y un aumento tarifario que acumula 255% en lo que va del año, la empresa logró alcanzar, después de varios años en rojo, un equilibrio operativo entre ingresos y gastos mensuales y se perfila para ser una de las primeras empresas estatales de servicios públicos que podría pasar a manos privadas.
AySA –junto con Intercargo, Correo Argentino, Enarsa, SOFSE, Belgrano Cargas y Corredores Viales--integra el lote de las seis empresas estatales que ya cuentan con la vía libre otorgada por la "Ley Bases" para pasar total o parcialmente a manos privadas cuando el Gobierno lo considere conveniente.
En la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP)-- que comanda desde fines de julio, Diego Chaher -- ya barajan dos posibles alternativas de privatización: una licitación internacional para seleccionar a un nuevo concesionario privado por un plazo de 20 años o la venta en la Bolsa local del paquete accionario mayoritario de AySA.
QUE ESTABLECE EL FALLO
El fallo, que se conoció a principios de agosto, tuvo su origen en los cortes del servicio de agua potable que AySA había realizado, argumentando la falta de pago, en las sedes de la Secretaría de Desarrollo Territorial y el Concejo de Economía Social y Popular de Avellaneda y en el Registro Civil de Wilde.
Ante la interrupción del servicio, el Municipio de Avellaneda—que encabeza Jorge Ferraresi-- acudió a la Justicia para plantear que el suministro de agua potable era “necesario y esencial” para garantizar la higiene y salubridad en los organismos locales donde concurren los vecinos y se brinda atención al público.
Según sostuvo el gobierno municipal, las facturas reclamadas por AySA habían sido compensados, pero la empresa no quería reconocer esa cancelación y se negaba a imputar los pagos de nuevos períodos hasta tanto se abonen los gastos de interrupción del suministro.
Tras analizar la presentación municipal, el juez Ceballos hizo lugar a la “medida cautelar autosatisfactiva” que había sido solicitada y le ordenó a AySA que restablezca el servicio de agua potable a las dependencias oficiales de Avellaneda y se abstenga de realizar nuevos cortes “en virtud de las compensaciones de deuda o las que en el futuro se efectúen, hasta tanto aquellas no sean suspendidas por la propia Administración o por decisión judicial”.
Según informó el sitio diariojudicial.com, más allá de esa medida adoptada “de manera excepcional”, el magistrado se declaró “incompetente” para seguir tratando el litigio de fondo planteado entre la municipalidad de Avellaneda y la empresa AySA. Por ese motivo y por tratarse de una cuestión de competencia federal, decidió remitir el expediente al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, una vez que se verifique el cumplimiento de la cautelar.
Al fundamentar la interrupción de los cortes de agua potable, el fallo destacó que “se encuentra involucrado un derecho social de los más importantes, porque sin él la vida misma y las actividades productivas o gubernamentales no serían posibles. Se trata del derecho de acceso al agua”.
La resolución judicial indicó que en este caso “se da la particularidad de que el acceso al agua lo está exigiendo una persona jurídica, como es la Municipalidad de Avellaneda donde trabajan o se desempeñan personas humanas que sí requieren del agua para el desarrollo de su día a día dentro de las oficinas administrativas”.
Agregó que “la falta de agua impediría la limpieza, arriesgaría la higiene del lugar y, finalmente, para evitar daños a la salud, se debería cesar en los trabajos que, dicho sea de paso, no pueden ser todos de manera remota. Incluso, no sería normal que todo un municipio funcione remoto, pues ello no sería propio de la gestión de un Estado frente a la ciudadanía”.
En cuanto a las deudas reclamas por la empresa, el magistrado consideró que “las obligaciones de ambas partes se encuentran -prima facie- extinguidas con la compensación de tasas, por lo que resulta ilegítima toda restricción o corte del suministro de agua potable”.
Fuente: iProfesional
