Por Antonio Rossi
Tras la salida-despido de Eduardo Rodríguez Chirillo y la llegada de la ejecutiva macrista María Tettamanti; el ministro de Economía, Toto Caputo definió una nueva política energética con ajustes tarifarios más acotados y atados al objetivo gubernamental de amortiguar el aumento de los precios y consolidar el sendero descendente de la inflación.
El titular del Palacio de Hacienda dio el primer paso en este sentido a mediados de octubre, cuando ordenó suspender la audiencia pública que el ex titular de Energía había convocado para aprobar los aumentos y nuevos cuadros tarifarios de las transportistas eléctricas que iban a regir entre 2025 y 2029.
Tal como viene contando Letra P, la administración mileísta justificó la decisión de dar marcha atrás con las Revisiones Quinquenales Tarifarias (RQT) de las operadoras de las redes de transporte eléctrico en la reacción "positiva" de las medidas económicas adoptadas por Caputo. También argumentó que ante “la notoria desaceleración inflacionaria verificada hasta el momento, resulta razonable y prudente postergar la realización de la audiencia pública hasta la fecha que oportunamente se determine”.
La segunda medida destinada a morigerar los ajustes tarifarios se registró la semana pasada con los aumentos definidos para los combustibles y los servicios de luz y gas, que estuvieron en línea con la inflación cercana al 3% que se prevé para la medición de octubre.
Acuerdo con las petroleras
Daniel González, el ex ceo de YPF a cargo de la Secretaría de Energía y Minería, cerró un acuerdo de palabra con las petroleras para que en noviembre haya una remarcación promedio del 2,75% en los precios de las naftas y el gasoil en los surtidores. Para llegar a este porcentaje, el Gobierno volvió a postergar el traslado de la totalidad de la carga impositiva que tienen pendientes los combustibles.
Por el lado del servicio eléctrico, el ajuste mensual autorizado tendrá una incidencia final del orden del 2,5% tanto en los componentes fijos como en los cargos variables por consumo de las boletas hogareñas.
Esta suba final contiene una mejora del 6% para los ingresos de las transportistas Transener, Transba, Transnoa, Transnea, Transcomahue, EPEN y Distrocuyo; y una actualización del 2,5% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) de Edenor y Edesur.
Cómo impacta en las tarifas residenciales
Con las nuevas tarifas, los usuarios residenciales de altos ingresos del segmento N1 pasaron a pagar el 93% del costo real de la energía, manteniendo un subsidio que alcanza sólo al 7% del precio de la generación. En cambio, los hogares de bajos recursos agrupados como N2 continúan recibiendo un subsidio equivalente al 74% de costo de generación que cubre un nivel de consumo de 350 kWh por mes.
Por encima de ese cupo bonificado, deben abonar la tarifa más cara de los N1. Para los sectores de clase media encuadrados en el segmento N3, el subsidio vigente hasta ahora cubre el 41% del precio real de la energía eléctrica, siempre y cuando no consuman más de 250 kWh mensuales.
Quienes superen este escalón bonificado, les llegará facturado con la tarifa más elevado que tienen los hogares N1.
En el caso del gas, el aumento final que recaerá sobre las facturas residenciales será del 2,7% promedio. Este aumento engloba una mejora del orden del 3,5% para las cajas de las transportadoras TGN y TGS y del bloque de distribuidoras que integran Metrogas, Naturgy, Gasnor, Gasnea, Gas Cuyana, Gas del Centro, Camuzzi Pampeana, Camuzzi Sur, Litoral Gas y Redengas.
Siguen los subsidios
Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-Conicet), la cobertura del precio real del gas por parte de los clientes residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llega, en promedio, al 56%; mientras que el 44% restante corresponde a subsidios. En este caso, los hogares N1 pagan el 88% del costo del gas; los N2, el 32% y los N3, el 40%.
Al igual que en el servicio eléctrico, los usuarios residenciales de gas N2 y N3 tienen un cupo bonificado que varía según los meses y la ubicación geográfica y por encima de los cuales deben pagar la tarifa más cara vigente para los hogares de altos ingresos.
De acuerdo con la normativa vigente, todos los meses tendrían que implementarse las actualizaciones tarifarias que la gestión libertaria aprobó a principios de año tanto para las empresas eléctricas como para las gasíferas.
Los mecanismos de ajustes para que no se vean afectados los ingresos de las operadoras de luz y gas deben tomar en cuenta la inflación minorista, el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) y las mejoras salariales concedidas a quienes trabajan en estos servicios.
Más allá de lo que está escrito, la prioridad de Caputo pasa ahora por profundizar la reducción inflacionaria manteniendo estos retoques tarifarios mensuales acotados y con posibilidad de ser suspendidos si los precios no bajan lo suficiente.
Nota Editada en LetraP
