Por Antonio Rossi
En medio de la creciente preocupación de los usuarios por los problemas de abastecimiento eléctrico que se esperan a partir de diciembre y la demora que arrastra la implementación del “Plan de Contingencia y Previsión” anunciado por el Gobierno de Javier Milei a principios de octubre; la Justicia le dio una mano a Edesur al rechazar las denuncias penales que la hacían responsable por los masivos y prolongados cortes de luz registrados durante el verano de 2023.
Tras las interrupciones de suministros que en febrero de 2023 habían dejado sin energía en el día de más intenso calor a un pico de 200.000 hogares y que afectaron por casi dos semanas a más de 40.000 usuarios residenciales; la administración de Alberto Fernández decidió llevar adelante una demanda penal contra los miembros del directorio de Edesur por los supuestos delitos de “malversación, fraude en perjuicio de la administración pública, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos”.
El encargado de impulsar la medida en marzo del año pasado fue el exinterventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el massista Walter Martello; quien siguiendo las instrucciones recibidas de la extitular de Energía, Flavia Royón, interpuso una denuncia contra el presidente y todos los integrantes de la cúpula directiva de Edesur “por haber frustrado dolosamente el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la concesión del servicio de distribución de energía eléctrica”.
En la causa –que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 11 a cargo del juez Julián Ercolini tras el fallecimiento de Claudio Bonadío—el extitular del organismo regulador adjuntó a la denuncia un informe oficial de fines de 2022 que le había ordenado a Edesur implementar una serie de medidas para evitar los cortes en la temporada estival que no fue atendido, ni cumplido por la empresa controlada por el grupo italiano ENEL.
Tal como había sucedido en 2014 y 2015 en el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner y durante la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa entre agosto de 2022 y diciembre de 2023; Edesur fue el blanco de numerosos cuestionamientos oficiales focalizados en la falta de inversiones y en las negligencias operativas a la hora de solucionar con rapidez los cortes de suministro registrados en los días de mayor demanda residencial por las elevadas temperaturas. Además, ante los reclamos de los intendentes del Conurbano, la empresa estuvo varias veces jaqueada por la amenaza oficial de una posible quita de la concesión.
Tras analizar las pruebas aportadas por la anterior intervención del ENRE; el juez Julián Ercolini resolvió en la última semana sobreseer a la totalidad del directorio de Edesur “en los términos de los artículos 334 y 336, inciso 3 del Código Penal” por entender que “el hecho investigado no encuadra en una figura legal”.
De esta manera, el alcance del sobreseimiento se extendió a las siguientes personas de la empresa que ocupan cargos directivos y gerenciales: Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, Víctor José Díaz Bobillo, Alejandro Martínez, Walter Moro, Jaime Barba, Giovanni Zanchetta y Mónica Diskin y María Alenjandra Martínez.
Más allá de beneficiar a los responsables de Edesur, el fallo sienta un precedente que tiende a cerrar la vía judicial para los reclamos y demandas de los usuarios que se vean seriamente perjudicados por los apagones y cortes de suministros que están pronosticados para el verano.
CON EL CALOR, LLEGAN LOS CORTES
A principios de agosto, un informe oficial remitido por la CAMMESA al extitular de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo advirtió que “con altas temperaturas generalizadas en el período estiva, existe una alta probabilidad –19%-- de que la oferta de generación de energía eléctrica resulte insuficiente para atender los requerimientos máximos de la demanda en primeras horas de la tarde y en el pico nocturno”.
Tras estimar que “se prevé alcanzar una demanda máxima de hasta 31.000 MW que superará el pico de 29.653 MW del verano pasado”, el informe destacó que “cualquier limitación en generación y transporte implicará menor oferta y una eventual necesidad de efectuar racionamientos de la demanda”.
Según los técnicos de la CAMMESA, la menor oferta de generación prevista para el verano se debe a tres motivos: la salida de servicio de Atucha I para los trabajos de extensión de su vida útil; una indisponibilidad elevada de las usinas térmicas más antiguas; y la decisión de Brasil de restringir los despachos al mercado argentino para preservar sus reservas hidráulicas.
Ante esa situación, la administración mileísta aprobó la instrumentación de un “Plan de Contingencia y Previsión” que apunta a “evitar, reducir o mitigar la crítica condición de abastecimiento de energía eléctrica para los días críticos del período 2024/2026”.
Inicialmente, ese plan solo iba a contemplar el período estival diciembre 2024/ marzo 2025. Pero, por medio de la resolución 294/24 del área energética, la gestión libertaria extendió el escenario crítico de abastecimiento y las medidas paliativas y emergencia hasta marzo de 2027, abarcando los próximos tres períodos estivales y los inviernos de 2025 y 2026.
En esa resolución, el Gobierno reconoció que el estado de situación del servicio eléctrico es mucho más complicado del que se había estimado a mediados de año.
Según el análisis oficial, en materia de generación “la cobertura de la potencia requerida durante las últimas dos décadas se ha deteriorado por la insuficiente inversión en equipamiento. La disponibilidad efectiva del parque de generación –que tiene casos extremos de máquinas térmicas con antigüedades que van de 30 a 50 años—resulta insuficiente para cubrir las demandas pico de potencia sin recurrir a la importación de los países vecinos”.
Por el lado del sistema de transporte eléctrico, la evaluación oficial advirtió que “el 40% de las instalaciones agotaron su vida útil por no haber realizado la reposición de la capacidad funcional perdida, planteando un alto riesgo operativo que afecta a los usuarios y a la escasa oferta de generación existente con un alto grado de vulnerabilidad ante contingencias simples”.
Además de “propiciar nuevos instrumentos regulatorios para fomentar las inversiones en ampliaciones de los sistemas de transporte”; el Plan de Contingencia prevé que el ENRE identifique las obras de alta tensión y distribución troncal que fueron paralizadas por el recorte de gastos con el fin de crear nuevos mecanismos que permitan su puesta en servicio comercial en el menor plazo posible”.
En lo que respecta al sector de distribución, el paquete de emergencia establece que Edesur y Edenor deben poner en marcha un “Programa de Atención de Contingencias” que consta de cuatro ejes centrales:
- Inversiones en mantenimiento preventivo para que la infraestructura existente opere a su máxima capacidad.
- Instalación de Unidades de Generación Móvil (UGEM) propias o contratadas en las zonas más críticas.
- Habilitación de un centro de atención telefónica que funcione de manera continua.
- Implementación de un “esquema de atención proactiva” hacia los usuarios con información suficiente sobre de las condiciones del servicio y la restitución del suministro en caso de cortes.
Fuente: iProfesional
