Por Antonio Rossi
En medio del ruido político y el reacomodamiento interno que generó el cambio de mandos en el Jefatura de Gabinete; el gobierno de Javier Milei decidió abrir un “período de transición” y posponer hasta fin de noviembre la implementación plena del nuevo régimen de subsidios para la luz y el gas que va a implicar un fuerte aumento tarifario para los hogares medios y bajos que actualmente pagan sólo entre un 4% y 20% del costo real de esos servicios.
El recorte de subsidios a través de la nueva Canasta Básica Energética (CBE), que la administración mileísta había anunciado inicialmente para marzo y luego postergó para mayo, ahora entrará íntegramente en vigencia recién a fin de año, una vez que las autoridades energéticas lleven adelante una serie de cambios y reformas al actual esquema de segmentación tarifaria que había puesto en marcha en la segunda mitad de 2022 el entonces ministro de Economía Sergio Massa.
La decisión de ralentizar la quita de los subsidios energéticos va en línea con la estrategia oficial desplegada a partir de mayo de congelar los aumentos de tarifas que estaban pautados con el fin de mantener a toda costa la tendencia descendente del índice inflacionario.
El nuevo régimen de subsidios
La aplicación del nuevo y más limitado “régimen libertario de subsidios” contempla el reempadronamiento de todos los clientes residenciales; la eliminación de los topes de aumentos para los hogares medios y de bajos recursos que están atados al coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior; la supresión de los niveles de consumo bonificados y un ayuda estatal destinada solo para las familias consideradas “vulnerables” cuyas facturas de luz y gas superen el 10% de sus ingresos totales.
La base legal de la CBE y las tareas que debe concretar en los próximos seis meses la Secretaría de Energía comandada por Eduardo Rodríguez Chirillo quedaron fijadas por medio del decreto 465/24 que Milei firmó antes de tomar el avión para su séptimo viaje al exterior con destino a EE.UU. y El Salvador.
Según los fundamentos del decreto, el objetivo que persigue el gobierno libertario es “la reestructuración de los regímenes de subsidios a fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible hacia un esquema que permita trasladar los costos reales de los servicios; promover la eficiencia energética y asegurar, a los usuarios residenciales vulnerables, el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”.
Para poder cambiar el actual esquema de segmentación heredado de la gestión massista, se establece un “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados” que se extenderá inicialmente desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2024 y que, en caso de ser necesario, podrá ser prorrogado por única vez por un plazo de seis meses más.
Sin mayores precisiones, el decreto señala que durante la transición se podrá “trasladar progresivamente a los usuarios los costos reales de la energía y promover la eficiencia energética”.
Agrega que “el período de transición permitirá disminuir el impacto del paso de un subsidio generalizado a un subsidio focalizado, a la vez que contribuirá a bajar el déficit fiscal, eliminando los topes a los aumentos según Coeficiente de Variación Salarial (CVS); autorizando el traslado gradual de precios mayoristas a las categorías N2 y N3; mejorando la focalización por revisión y actualización de los criterios de elegibilidad socio-económicos que aplican a cada segmento; disponiendo la efectiva realización de los cruces de información; y fijando límites a los volúmenes de energía subsidiados para todas las categorías de usuarios”.
Las tarifas de Javier Milei
El decreto determina que las autoridades energéticas “deberán desarrollar todas las acciones necesarias para una transición ordenada hacia precios de mercado y tarifas basadas en costos económicos mediante una gradual reducción de los subsidios actualmente vigentes”.
En ese sentido, la norma habilita “la revisión y modificación de los criterios de inclusión en cada uno de los niveles de segmentación, estableciendo criterios de exclusión a partir de indicadores de exteriorización patrimonial que indirectamente manifiesten nivel de ingresos. La verificación de alguno de estos criterios en relación con alguno de los integrantes del grupo conviviente habilitará a la Secretaría de Energía a rechazar la solicitud del beneficio o a excluir al hogar del padrón de beneficiarios”.
Además, el área de Rodríguez Chirillo quedó facultada para:
- -Establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados en todas las categorías y segmentos residenciales. En una primera etapa, podrá extender a los usuarios del Nivel 2 (bajos ingresos) los límites de consumo que ya rigen para los usuarios del Nivel 3 (sectores medios).
- -Fijar niveles variables de descuentos o bonificaciones que recibirán los beneficiarios durante el período de transición por los volúmenes consumidos.
- -Revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar, así como los montos o porcentajes de los descuentos, teniendo en cuenta la adquisición progresiva de hábitos de consumo eficiente por parte de los usuarios.
- -Convocar a un reempadronamiento de los usuarios residenciales en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)y realizar los cruces de información con otras bases de datos nacionales o provinciales, a fin de actualizar el padrón de beneficiarios y minimizar los errores de inclusión y exclusión.
- -Reemplazar o eliminar otros regímenes de beneficios tarifarios que se superpongan con la CBE y definir un nuevo esquema de subsidios para las entidades de bien público, clubes de barrios y otras categorías de usuarios sin fines de lucro.
Fuente: Nota Editada en LetraP
