01/02/24

Guillermo Ferraro no se fue y Nicolás Posse prepara un Plan B para sacarlo

El Gobierno comunicó su salida en las redes, pero el ministro de Infraestructura sigue en su puesto. La alternativa para removerlo y el reparto de secretarías.

Por Antonio Rossi


Guillermo Ferraro sigue aferrado a su silla.

Mientras todas las miradas están enfocadas en la Cámara de Diputados para ver qué sucede con la ley ómnibus, un nuevo conflicto interno genera cada vez más ruido en la administración de Javier Milei. A una semana de que la Casa Rosada difundiera en sus redes sociales el despido del Ministerio de Infraestructura, Guillermo Ferraro sigue en su puesto y sin haber presentado la renuncia al cargo como había anunciado el vocero presidencial Manuel Adorni.

Por medio de sus colaboradores más cercanos, Ferraro bajó el mensaje de que todavía no fue notificado en forma oficial de que debe abandonar su puesto y que ni el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni otra persona del gobierno le pidió que presente la renuncia.

Además de la Oficina del Presidente y del vocero Adorni, a Ferraro también lo dieron afuera de la administración libertaria la canciller Diana Mondino y el ministro de Economía, Toto Caputo. Pese a que la salida del funcionario todavía no se publicó en el Boletín Oficial, en el Registro de Audiencias Ferraro figura como "renunciado".

Nicolás Posse y un Plan B

Con el fin de darle un corte a la situación que salpica la credibilidad gubernamental, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnico, a cargo del macrista Javier Herrera Bravo, tienen un Plan B para sacar definitivamente a Ferraro y transferir las áreas de Infraestructura a otros ámbitos de la gestión mileísta.

Fuentes oficiales consultadas por Letra P aseguraron que los dos funcionarios trabajan en una alternativa que prevé la firma de dos decretos. Uno pondría fin a la existencia del Ministerio de Infraestructura, eliminando el cargo de ministro que tiene Ferraro. El segundo modificaría la estructura organizativa del Gabinete nacional con los traspasos de tres secretarías del organigrama actual de Infraestructura a la órbita de Caputo y otras dos secretarías a los dominios de Posse.

Un pase de tres y dos

Las fuentes precisaron que al Ministerio de Economía pasarían las secretarías de Transporte, coordinada por el ex funcionario del schiarettismo Franco Mogetta; de Obras Públicas, a cargo del ex titular de eléctrica estatal de Córdoba Luis Giovine; y de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, responsabilidad de Luis Lostri, ex interventor de Fabricaciones Militares y ex embajador en Paraguay durante la gestión de Cambiemos.

En principio, la idea de Caputo es mantener a esos funcionarios en sus puestos y completar las subsecretarías con nombres de su entorno.

En tanto, a la Jefatura de Gabinete se anexarán la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad, que ocupa Ignacio Cingolani, ex asesor del Parlamento bonaerense y ex funcionario del ministerio de Transporte de Axel Kicillof; y la Secretaría de Concesiones, que quedó en manos de Mariano Mirotti, ex director del grupo Roggio y asesor de empresas chinas.

A diferencia de Caputo, Posse no descartaría remover a los funcionarios heredados para ampliar su campo de acción con tropa propia.

Alto perfil

Ex funcionario de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner y ex directivo de la consultora KMPG Argentina, Ferraro fue uno de los primeros miembros del Gabinete que Milei confirmó antes de ganar el ballotage y llegar a la Casa Rosada.

Especializado en el diseño de esquemas financieros para grandes obras de infraestructura, Ferraro fue el encargado de darle letra a Milei para remplazar el actual esquema de contratación estatal de obras públicas por un modelo de iniciativa privada y de participación público-privada (PPP).

De entrada, Ferraro sufrió un recorte marcado en su campo de acción y en el manejo de las empresas y organismos estatales que estaban bajo su órbita. Por medio del decreto 22/24, Milei le dio atribuciones amplias a Posse para que intervenga en la designación de directores o interventores de todas las sociedades con participación estatal y entes descentralizados. Además, estableció que deben tener el visto bueno previo de la Jefatura de Gabinete todas “las aprobaciones o modificaciones de presupuestos de gastos, inversiones, planes estratégicos, compras, contrataciones, licitaciones y transferencias de recursos” gubernamentales destinados a esas empresas y organismos.

Nota Editada en LetraP