Por Antonio Rossi
En medio de la disputa con las empresas y las autoridades provinciales por subsidios y tarifas, el Gobierno de Javier Milei decidió frenar la renovación del parque de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y permitir la continuidad operativa de vehículos de hasta 13 años de antigüedad.
La medida -implementada por medio de la resolución 10 de la Secretaría de Transporte que conduce Franco Mogetta- apunta a bajar las inversiones que debían afrontar las líneas capitalinas y bonaerenses para cumplir con la normativa vigente que establece en 10 años el tiempo máximo de uso de los colectivos afectados a los servicios urbanos de la región metropolitana.
Según los datos oficiales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), del parque total de colectivos del AMBA de 18.294 unidades, hay 5.711 ya han cumplido una década o más en servicio.
Con el estiramiento del plazo previsto para remplazar las unidades, la administración mileísta busca achicar la estructura de gastos y costos de las empresas de transporte que se toma en cuenta para establecer el precio pleno de cada viaje, la tarifa regulada que pagan los usuarios y los subsidios compensatorios que desembolsa el Estado.
La contracara de esa modificación del alcance del artículo 53 de la Ley de Tránsito 24.449 es una nueva degradación de la calidad de los servicios que recaerá sobre los usuarios que tendrán que seguir viajando en colectivos más antiguos que tienen condiciones mínimas de confort y no están equipados con aire acondicionado.
Además de los colectivos urbanos del AMBA, la resolución de Mogetta también amplió en tres años más la vida útil de los vehículos de pasajeros de larga distancia y los utilizados en los servicios de oferta libre, tráfico libre, ejecutivos y viajes de turismo.
Podrán circular colectivos de hasta 13 años de antigüedad
En los fundamentos de la medida, los funcionarios de Transporte destacaron que la CNRT ha informado que "desde un punto de vista técnico, se pudo evaluar a lo largo de más de dos décadas que las unidades con una antigüedad de hasta 13 años -bajo un régimen de control estricto de revisiones técnicas obligatorias cada 4 meses- no presentan problemas de seguridad para el normal desenvolvimiento de los servicios".
En línea con ese argumento, la resolución estableció que, para poder continuar en servicio por un plazo adicional de tres años, todos los vehículos modelo 2014 "deberán aprobar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en forma cuatrimestral".
De acuerdo con un informe elaborado por los técnicos de la Asociación Argentina de Empresarios del Automotor (AAETA), entre 2019 y 2023 se triplicó la cantidad de colectivos con más de una década de uso y empeoró en 1,3 años la edad promedio de las unidades en actividad.
En 2019 -el año previo a la pandemia-, los servicios urbanos del AMBA eran prestados con un parque de 18.047 colectivos. De ese total, apenas 1.812 (10%) habían cumplido 10 años o más en las calles y la antigüedad promedio de la flota era de 5,83 años.
En tanto, los números del año pasado muestran que, frente a un parque total de 18.294 unidades, el 31% ya ha superado una década o más en servicio y que la edad promedio de la flota ha subido a 7,13 años.
De los casi 2.000 vehículos que debían ser remplazados por nuevos en 2023, solo se han renovado alrededor de 1.000 por las dificultades económicas que enfrentan las líneas urbanas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Sin fondos para salarios
El último viernes, las cinco cámaras empresarias de la región metropolitana (AAETA, CEAP, CETUBA, Ctpba y Ceutupba) remitieron una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo en la que denunciaron que "luego del ajuste de tarifas y la paritaria firmada con la UTA, el Gobierno no ha cumplido con el compromiso de actualizar las cuentas y la redeterminación de subsidios, con lo cual las empresas no tienen forma, ni medios materiales para poder pagar los aumentos acordados con el gremio y garantizar la continuidad de los servicios en los próximos días".
Según las cuentas que hacen los empresarios del sector, el precio real de cada viaje en el AMBA ya se ubica en $1.000 frente a los $600 que reciben las líneas capitalinas y del conurbano entre lo que pagan los usuarios ($200 promedio) y el subsidio que aporta el Estado ($400). Ante ese desbalance, las líneas del AMBA exigen un urgente reconocimiento de los mayores costos operativos para poder cubrir la diferencia negativa de $400 que aseguran tener frente al valor real de cada boleto.
Debido a la falta de respuestas de las autoridades de Economía y Transporte, ayer algunas empresas metropolitanas comenzaron a reducir la cantidad de colectivos en circulación, mientras que otras no pagaron la suma no remunerativa de $140.000 que habían acordado con la UTA.
Ante esta situación, no se descarta que sobrevenga una paralización total de los servicios que podrían disponer tanto los dueños de los colectivos por falta de fondos, como el sindicato de choferes por el incumplimiento de la paritaria salarial.
Conflicto con líneas del interior
En el caso de las líneas urbanas del interior del país, el conflicto entre la Nación y los gobiernos provinciales y municipales gira en torno a la decisión de Milei de eliminar el "Fondo Compensador" de donde salen los subsidios nacionales a las líneas que operan fuera del AMBA.
La medida anunciada por Caputo, pero que aún no se ha visto plasmada de manera legal, disparó tres reacciones salientes.
Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, acudieron a la Justicia con el fin de obtener medidas de amparo para que la Nación mantenga los subsidios y cumpla con las normas vigentes.
A su vez, un grupo de diez intendentes de las principales ciudades del interior acordaron implementar una ofensiva que incluye la presentación de recursos administrativos y judiciales y un pedido al Congreso para que reoriente una parte del impuesto a los combustibles para sostener el funcionamiento de los colectivos provinciales y locales.
Por su parte, tres intendentes decidieron cubrir el agujero provocado por el quite de los subsidios nacionales con nuevos aumentos en los boletos. En la capital cordobesa, pasaje mínimo subió de $340 a $700. En San Nicolás, el boleto trepará en marzo de $266 a $690. Y en la ciudad de Formosa, el ajuste llevó la tarifa mínima de $250 a $690.
Fuente: iProfesional
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