Por Antonio Rossi
Aun mes de haber sido anunciada como reacción inmediata al choque de trenes en Palermo que puso en evidencia el crítico estado del sector, el Gobierno de Javier Milei declaró la "emergencia pública en materia ferroviaria" para los servicios de pasajeros y cargas por un plazo inicial de dos años.
El nuevo marco legal de emergencia para las operadoras estatales y privadas de los trenes de pasajeros y cargueros -que fue aprobado por medio del DNU 525/24 y el decreto simple 526/24- contiene cinco puntos salientes vinculados con los recursos económicos, las inversiones prioritarias, la renegociación de contratos, la cantidad de servicios y empleados y la participación de nuevos actores públicos o privados.
Cómo es el nuevo marco que regirá en los trenes por dos años
En materia económica, el primer punto relevante de la emergencia implica un cambio de sentido en el rumbo de la política de transporte ferroviario que se venía implementando desde diciembre pasado.
Tras haber aplicado la motosierra al máximo para recortar los subsidios y las asistencias económicas a los trenes, la administración mileísta decidió ahora habilitar una partida presupuestaria específica de $1,293 billones para poder afrontar durante el período de emergencia las obras e inversiones prioritarias destinadas a garantizar la seguridad operativa de los trenes de pasajeros y cargas.
Para este año se prevé utilizar un monto de hasta $ 350.000 millones de la suma total para las obras y reparaciones más urgentes que ha sido asignada, a priori, hasta mediados de 2026.
A eso se agregó la decisión de transferir al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) los fondos acumulados hasta la fecha y los que en el futuro se devenguen en el SIMPAC (Sistema Integrado de Mejora y Profesionalización del Autotransporte de Cargas), el fondo fiduciario que beneficiaba a los afiliados al gremio de Camioneros de Hugo Moyano. De este modo, el sector ferroviario volverá a recibir el 17,5% de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que tenía hasta 2022. En ese año, la anterior gestión de Alberto Fernández le había podado un 6,5% de esos recursos para redireccionarlos al autotransporte de cargas.
El DNU que dictó la emergencia también instruye a la AFIP para que facilite "las importaciones de repuestos y materiales necesarios para la realización de tareas de mantenimiento y mejoras en la seguridad operativa ferroviaria". De igual manera, los organismos intervinientes en las operaciones de comercio exterior "deberán facilitar el acceso a las divisas necesarias para afrontar dichas contrataciones, tanto a las empresas públicas como a los operadores privados".
El segundo punto destacado que contempla la emergencia ferroviaria establece que las empresas estatales Ferrocarriles Argentinos, ADIF, SOFSE, Decahf y Belgrano Cargas tendrán que elevar en un plazo de 15 días un "Plan de Acción" con las medidas que consideren "indispensables y urgentes para resguardar la seguridad operativa junto con las solicitudes de readecuación presupuestaria que resulten pertinentes".
Las ferroviarias estatales deberán proponer a la Secretaría de Transporte "un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, los plazos de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento y condiciones de mantenimiento y seguridad".
En sintonía con esas medidas, las empresas estatales también tendrán que delinear y definir "las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores que se deberían acordar con las representaciones sindicales para poder revertir la situación de emergencia". Este punto abre la puerta para que el Gobierno pueda disponer un ajuste más acelerado y profundo en la operadora estatal SOFSE que cuenta con un plantel operativo que supera los 23.600 empleados.
Emergencia ferroviaria tras choque de trenes: obras paralizadas, deudas y revisión de normas
Con respecto a las obras paralizadas y las deudas que arrastran las empresas estatales, el nuevo paraguas legal les permite "dejar sin efecto los procedimientos de contratación que no se encuentren perfeccionados y los contratos que no tuvieran principio de ejecución". También quedan habilitadas para disponer "la readecuación o rescisión de los contratos de cualquier tipo y la renegociación de las deudas vencidas al 31 de diciembre de 2023, tanto de contrataciones vigentes como finalizadas".
Con las obras que se encuentran frenadas, solo se podrán renegociar "los casos en que sea posible la continuación o la ejecución del contrato, previo acuerdo que contemple el principio del sacrificio compartido por ambas partes".
De esta manera, las empresas estatales podrían dar por caídas no solo las compras de insumos y suministros que estaban pendientes, sino también las obras de infraestructura y los proyectos de electrificación que cuentan con financiación de organismos internacionales.
Por su parte, la SOFSE -la operadora estatal de los trenes de pasajeros del AMBA y de larga distancia- quedó facultada para llevar adelante una readecuación de los servicios mediante un nuevo diagrama operativo "acorde a los lineamientos de la emergencia ferroviaria". Por esta vía, la empresa podría suprimir los servicios regionales e interprovinciales, que son los más deficitarios y recortar las frecuencias de los trenes metropolitanos.
Esa reconfiguración de los servicios irá de la mano de una "revisión integral todas las normas y procesos vigentes en materia de mantenimiento y seguridad, a fin de adecuarlos a las condiciones que presenta el sistema ferroviario en la actualidad". En la práctica, esa revisión podría derivar en una reducción de las velocidades de circulación de los trenes hasta tanto se concreten las obras de renovación de vías y mejoras del sistema de señalamiento que requieren todas las líneas metropolitanas.
Además de instruir a Ferrocarriles Argentinos (FASE) para que defina una "reorganización empresarial del sector para mejorar la eficacia y eficiencia, tanto en la toma de decisiones, como en la implementación de las políticas públicas"; la declaración de emergencia insta a las ferroviarias estatales a "realizar las acciones conducentes para atraer inversiones y fomentar la participación de terceros, sean públicos o privados, tanto en la operación de los servicios, como en la gestión de la infraestructura".
Fuente: iProfesional
