Por Antonio Rossi
La disputa por los subsidios y las tarifas de los colectivos que tiene como protagonistas al gobierno de Javier Milei, las autoridades provinciales y las empresas del sector ingresa en una semana clave de definiciones.
La decisión de la administración libertaria de mantener a pleno la motosierra para eliminar los subsidios al interior y recortar los destinados al AMBA alimenta las chances de una paralización de los servicios que podrían disponer los dueños de los colectivos por falta de fondos y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los choferes, si no cobra las mejoras salariales acordadas.
El conflicto se sustenta en un combo de planteos y reclamos que, lejos de aminorar, podrían seguir escalando hasta transformarse en una tormenta perfecta.
Javier Milei contra los "traidores"
En represalia por la caída de la ley ómnibus, Milei anunció la semana pasada la desaparición del Fondo Compensador que transfiere los subsidios nacionales a las líneas de colectivos del interior. Lo hizo sin ningún argumento legal que respaldase la baja de ese instrumento, que está creado por ley.
Ante esa decisión, los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, solicitaron ante la Justicia las primeras medidas de amparo para que la Nación mantenga los subsidios y cumpla con las normas vigentes.
Por su parte, un grupo autoconvocado de diez intendentes de las principales ciudades del interior acordaron implementar una ofensiva que incluye la presentación de recursos administrativos y judiciales y un pedido al Congreso para que apruebe el redireccionamiento de una porción del impuesto a los combustibles para sostener el funcionamiento de los colectivos.
En medio de esa embestida y con el objetivo de evitar una paralización de los servicios; el intendente de Córdoba, Daniel Paserrini, autorizó un boletazo del 106% que elevó el valor del pasaje mínimo de $340 a $700.
Carta para Toto Caputo
A su vez, las cinco cámaras de la región metropolitana salieron a señalarle al ministro de Economía, Toto Caputo, que el Gobierno “no ha cumplido con el compromiso de actualizar las cuentas y la redeterminación de subsidios, luego del ajuste de tarifas y la paritaria firmada con la UTA, con lo cual las empresas no tienen forma ni medios materiales para poder pagar lo acordado con el gremio y garantizar la continuidad de los servicios en los próximos días”.
Según las cuentas de las empresas, el costo real de cada viaje en el AMBA ya se ubica en $1.000 frente a los $600 que reciben las líneas capitalinas y del conurbano entre lo que pagan los usuarios ($200 promedio) y el subsidio que aporta el Estado ($400). Exigen un urgente reconocimiento de los mayores costos operativos para poder cubrir la diferencia negativa de $400 que aseguran tener frente al valor real de cada boleto.
Tras la carta documento enviada a Caputo, las entidades fueron recibidas el viernes por el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Se fueron con las manos vacías y una renovada promesa oficial de que en los próximos días saldrá una nueva estructura de costos e ingresos del sector que contendría una actualización de los subsidios.
El martes, las empresas del AMBA tienen que liquidar una suma no remunerativa de $140.000 para cada trabajador, según pactaron con la UTA. En la mayoría de las líneas ya les avisaron a los delegados que, si no aparecen los fondos reclamados al Estado, no podrán cumplir con ese pago.
Al conflicto con los colectivos, que promete ir subiendo de tono, se agregaría a partir del miércoles otro similar por el lado de los trenes. La Fraternidad -el sindicato de maquinistas que lidera Omar Maturano- avisó que llevará adelante un paro de actividades por 24 horas ante la “falta de discusión paritaria y de una propuesta salarial adecuada a la inflación galopante que deteriora los haberes del personal”.
En el sector, no descartan que se sumen a la movida los otros gremios del riel, Unión Ferroviaria (UF), Señaleros y Jerárquicos de APDFA.
Nota Editada en LetraP
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